Por Jahaira Lara
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?El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Correa Sada, anunció que se iniciará un procedimiento jurídico ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Querétaro en contra del presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, al señalar la presunta omisión del legislador morenista en el cumplimiento del proceso legislativo requerido durante la reciente votación de la iniciativa sobre la Ley de Identidad de Género.
De acuerdo con la Constitución local, explicó, una vez que una iniciativa recibe observaciones por parte del Poder Ejecutivo, se requiere de una mayoría calificada de al menos 17 votos para su aprobación en una segunda vuelta.
De esta manera, aseguró que el presidente de la Mesa Directiva omitió este mandato legal al someter a votación y validar un proyecto de dictamen sin alcanzar el quórum necesario durante la sesión de Pleno, esto correspondiente a únicamente 15 votos a favor.
?Por ello, el representante de Acción Nacional calificó la actuación de la presidencia como una falta grave y una maniobra política orientada a imponer una agenda mediante la manipulación de las normas constitucionales.
?”El presidente de la Mesa Directiva con una responsabilidad jurídica omitió la Constitución y como diputado de esta legislatura anuncio que presentaré una denuncia contra el presidente de la Mesa Directiva por no cumplir la Constitución, es una falta grave, porque pretende de forma viciosa y mañosa doblar la Constitución para aprobar un proyecto de dictamen que no cumple con los requisitos de ley”.
?Correa Sada hizo énfasis en que estas acciones reflejan una constante de la bancada de Morena al considerar que la ley es un documento descartable, y advirtió que su partido obligará a que se respete la normatividad estatal.
Asimismo, recordó que previamente se había ingresado un recurso formal que no fue atendido en tiempo ni llevado al Pleno, por lo que el funcionario deberá asumir las consecuencias jurídicas de su actuar, las cuales podrían incluir la inhabilitación o suspensión de su cargo.
?En cuanto al contenido de la propuesta, Correa Sada reiteró que el dictamen sigue incompleto y carece de precisiones fundamentales en temas de fondo; entre estos destacó la falta de regulación sobre la participación de personas transgénero en el deporte, su ingreso en centros penitenciarios y las disposiciones relacionadas con el uso de baños en espacios públicos.
?De igual forma, advirtió que uno de los aspectos más graves es el ocultamiento de información en los registros públicos, tales como la nacionalidad, la fecha de nacimiento, los datos filiales y el lugar de origen, vulnerando derechos de publicidad e identidad a los que terceras personas tienen acceso legítimo.
Finalmente, el diputado refirió que su postura no busca coartar derechos individuales, sino asegurar que cualquier modificación legal garantice la certeza jurídica y el respeto a la Constitución para toda la ciudadanía.
Destaca Sinuhé Piedragil que al tratarse de un dictamen alternativo no requería de la mayoría calificada
Ante los señalamientos de la oposición, el diputado por Morena, Sinuhé Piedragil Ortiz, destacó que, al tratarse de un dictamen alternativo, la propuesta no requirió de la mayoría calificada de 17 votos prevista para el proyecto original, sino que procedió y fue aprobada con la mayoría simple de 15 votos.
Por ello, Piedragil Ortiz reiteró que este cambio en el requisito de votación responde a la naturaleza jurídica del documento presentado y turnado al Pleno.
“Al ser un proyecto y una iniciativa alternativa, un proyecto alternativo, solamente se requiere la mayoría simple (…) ?Digamos que en el momento en que el titular del ejecutivo regresa la iniciativa o ley votada tuve las atribuciones de llevar estas observaciones a la Comisión de Seguimiento 2030; esta primero observa, trabaja las observaciones, y ellos en la Ley Orgánica lo facultan en poder generar otro dictamen que se le denomina alternativo”, señaló el diputado.
De acuerdo con la explicación del diputado, el titular del Ejecutivo cuenta con un plazo de quince días para formular observaciones al dictamen aprobado y, en caso de no presentar observaciones, dispone de un mes para realizar su publicación oficial en el periódico del estado.
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