Escuchando el efusivo reconocimiento del administrador de la DEA, Terry Cole, reconociendo públicamente, al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tuve una sensación de déjà vu. En un foro internacional organizado por la DEA, Terry Cole destacó el liderazgo y contribuciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Además, felicitó a García Harfuch por su “compromiso inquebrantable y resultados excepcionales”.
Palabras y sentimientos muy similares expresados en 1997, por otro funcionario estadounidense, General Barry McCaffrey, entonces director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, zar antidrogas, hacia su contraparte el general mexicano José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, básicamente el zar antidrogas mexicano. Los que estuvimos en esta conferencia de prensa recordamos perfectamente los comentarios del General McCaffrey, quien afirmó que “pondría las manos en el fuego” por la integridad de Gutiérrez Rebollo, expresando gran confianza en su capacidad para combatir el narcotráfico en México.
Semanas después, Gutiérrez Rebollo fue arrestado por el propio gobierno mexicano. Se le acusó de estar coludido con el Cártel de Juárez, liderado en ese entonces por Amado Carrillo Fuentes (conocido como “El Señor de los Cielos”). Las investigaciones revelaron que el general había estado protegiendo las operaciones del cártel, recibiendo sobornos, viviendo en un departamento propiedad de Carrillo Fuentes, y usando su posición para perseguir a cárteles rivales mientras favorecía al de Juárez. Fue condenado y moriría en 2014, a los 67 años, en Almoloya, cumpliendo 40 años de condena.
Apoyo de un funcionario del gobierno de los Estados Unidos no es garantía de protección.
Otro caso más emblemático es el de otro secretario, Genaro García Luna, quien fue por más de un sexenio, uno de los “darlings” de los estadounidenses, especialmente de la DEA. Durante la visita en 2009 de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, junto con otros funcionarios de la DEA, públicamente reconocieron en una conferencia de prensa a García Luna como aliados clave en la “guerra contra el narcotráfico”.
Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, por agentes federales estadounidenses, acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y de facilitar sus operaciones de narcotráfico, mientras ocupaba cargos de seguridad en México. Un jurado lo declaró culpable en 2023 y sentenciado un año más tarde a 38 años de prisión.
En este caso, fueron los estadounidenses, aliados “cercanos” de la DEA, y no el gobierno de México, los que aseguraron que, en este caso, este García, fuera condenado.
Pero fue el arresto por la DEA del ex secretario de la Defensa de México, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles junto con su familia, que marcó un antes y un después en la cooperación bilateral. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el entonces Secretario de Defensa, el General Cienfuegos mantuvo una relación de cooperación bilateral con Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico, participando en foros conjuntos, ejercicios militares binacionales y reuniones de alto nivel con funcionarios del Pentágono y del Departamento de Defensa estadounidense, quienes en diversas ocasiones reconocieron públicamente la cooperación militar entre ambos países durante ese periodo.
En octubre del 2020, el General Cienfuegos fue acusado por el Departamento de Justicia e investigado por la DEA y acusado de narcotráfico y lavado de dinero por presuntos vínculos con el cártel H-2, un brazo del Cártel de Sinaloa/Beltrán Leyva que operaba en Nayarit.
Ante la presión del gobierno mexicano —encabezado entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador— y para preservar la relación bilateral, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió retirar los cargos y repatriar a Cienfuegos a México en noviembre de 2020, con el compromiso de que las autoridades mexicanas continuarían la investigación en su territorio. En enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) de México exoneró a Cienfuegos, determinando que no existían pruebas suficientes para procesarlo, decisión que generó controversia. Pero el impacto reputacional para el gobierno de México, sus fuerzas armadas y para el mismo general fue palpable. La acusación generó fuerte tensión diplomática entre México y Estados Unidos y obviamente una enorme desconfianza, hacia la DEA.
De aliados a detenidos. Estos casos, explican en parte, las dificultades de fomentar una relación de confianza y de efectividad para combatir organizaciones que afectan la seguridad en ambos países.