Por Josefina Herrera
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Al menos cuatro establecimientos comerciales han sido clausurados durante agosto en San Juan del Río, como resultado de los operativos de inspección implementados para detectar negocios que funcionan sin cumplir con la normatividad vigente, informó Rodrigo Ruiz Díaz, titular de la Dirección de Gobierno Municipal.
El funcionario explicó que las acciones de vigilancia forman parte de una estrategia permanente que se desarrolla en distintos horarios, incluidos fines de semana y madrugada, y que puede realizarse de manera independiente por la Dirección de Gobierno o mediante operativos interinstitucionales.
Cuando una revisión evidencia situaciones que involucran diferentes ámbitos, participan dependencias como Protección Civil, Ecología y Desarrollo Urbano, con el propósito de que cada una determine las medidas correspondientes conforme a sus facultades.
“En este caso te podría decir que a lo mejor vamos a revisar un establecimiento donde pues vamos como comercio, en la parte del funcionamiento, protección civil por el lado del riesgo, ecología por posibles temas de contaminación y desarrollo urbano, porque a lo mejor hay una invasión del inmueble, alguna causal respecto del inmueble, ¿no? De raíz que no va a permitir la regularización del giro y en consecuencia entonces están funcionando de manera irregular”, explicó.
Ruiz Díaz señaló que la supervisión municipal abarca establecimientos comerciales y actividades que requieren autorización del Ayuntamiento, entre ellas la venta de bebidas alcohólicas, así como hoteles, moteles, farmacias, clínicas, industrias y estaciones de servicio.
Indicó que una irregularidad no necesariamente se limita a la ausencia de una licencia, pues detrás de esta situación pueden existir otros incumplimientos, como no contar con factibilidad de giro, dictamen de uso de suelo, visto bueno de Protección Civil, anuencia de vecinos o registros fiscales.
Por ello, consideró necesario que los propietarios realicen los procedimientos correspondientes antes de iniciar operaciones, aun cuando algunos trámites puedan representar varios meses de espera.
Precisó que un procedimiento ordinario puede tardar entre uno y tres meses, mientras que los trámites relacionados con establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas pueden extenderse hasta seis meses.
El titular de la Dirección de Gobierno aclaró que una clausura no significa necesariamente que un negocio tendrá que cerrar de manera permanente, ya que los propietarios pueden atender las observaciones realizadas por la autoridad y solventar las irregularidades detectadas, “la clausura no es para siempre en el sentido de que hay que ver la dificultad del tema”, señaló.
Explicó que, dependiendo de la gravedad de la falta, algunos establecimientos pueden ser sujetos únicamente a un acta de verificación y posteriormente recibir orientación para regularizar su actividad; sin embargo, cuando se detectan condiciones que representan riesgos o incumplimientos importantes, se aplican medidas más estrictas.
Entre las situaciones que pueden derivar en una clausura mencionó problemas con instalaciones eléctricas, deficiencias en el manejo de gas o irregularidades relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas.
En cuanto a los resultados de agosto, detalló que las cuatro clausuras contabilizadas corresponden a establecimientos comerciales que no están relacionados con la venta de bebidas alcohólicas.
A esta cifra se suman alrededor de ocho clausuras vinculadas con negocios que requieren autorización para comercializar bebidas alcohólicas, aunque aclaró que el número puede modificarse conforme continúen los operativos de inspección.
Entre los casos atendidos recientemente se encuentra un establecimiento dedicado al lavado de vehículos, cuyo responsable presentó documentación correspondiente a un domicilio diferente al lugar donde efectivamente se desarrollaba la actividad.
También fue intervenido un taller de soldadura localizado en Banthí, donde previamente había actuado Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Posteriormente, la Dirección de Gobierno complementó la medida desde el ámbito de sus atribuciones, mientras que las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano dieron seguimiento al caso.
Subrayó que las inspecciones no tienen como única finalidad aplicar sanciones, sino también promover que los comerciantes regularicen sus establecimientos, particularmente cuando se trata de negocios que representan una fuente de ingresos y empleo para las familias.
En este sentido, indicó que se busca mantener apertura para orientar a los propietarios que tengan disposición de cumplir con los requisitos, siempre dentro de lo establecido por la legislación.
El funcionario aseguró que los operativos continuarán de manera permanente y que se reforzará la coordinación entre dependencias cuando las condiciones de un establecimiento requieran una revisión integral.
El propósito, puntualizó, es que los comercios funcionen con la documentación correspondiente y bajo condiciones que garanticen seguridad tanto para propietarios y trabajadores como para los usuarios.
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