
Un juez vinculó a proceso a Fausto Corrales Rodríguez por su probable intervención en encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, de quien era su chofer, ocurrido en julio de 2024 en Culiacán, así como por falsedad de declaraciones.
Además, se le ha señalado de haber acudido a la reunión del 25 de julio de 2024 en Culiacán, donde ocurrieron los hechos, y donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.
La Fiscalía General de la República señaló que ratificó la prisión preventiva y se otorgaron tres meses para la investigación complementaria del caso, por lo que permanecerá recluido en el Penal de El Altiplano, en el Estado de México.
La FGR presume que el detenido incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y omitió proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, lo que obstaculizó el esclarecimiento de los hechos. Ambos delitos se desprenden de la versión que rindió ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Fausto Corrales fue aprehendido el 19 de agosto en la Ciudad de México por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.
La Fiscalía General de la República informó que aportó los datos de prueba contundentes que permitieron esta vinculación a proceso.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, formuló la imputación contra Fausto Corrales.
Esta acción se dio luego de la duplicidad del término constitucional que la defensa solicitó.
La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Fausto Corrales.
Este permanecerá bajo esta condición mientras se realiza la investigación.
Se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la FGR deberá reunir más pruebas.
A la persona mencionada en este comunicado, precisó la FGR, se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.