México presume una reducción histórica de la pobreza. Según el INEGI, en 2024 había 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional (29.6%), 8.3 millones menos que en 2022. La pobreza extrema bajó a 7 millones (5.3%). El gobierno celebra que más de 42 millones de mexicanos recibirán en 2026 apoyos de los Programas para el Bienestar con una inversión cercana al billón de pesos. La Pensión para Adultos Mayores sola absorbe 526 mil millones. Parece un triunfo. No lo es.
Lo que se presenta como “bienestar” es, en realidad, un sofisticado mecanismo de despojo: de recursos públicos, de instituciones autónomas y de la posibilidad real de construir un país con oportunidades productivas. Las transferencias directas han funcionado como analgésico electoral, no como medicina estructural. Mientras se reparten cheques, 44.5 millones de mexicanos siguen sin acceso efectivo a servicios de salud (34.2%) y 62.7 millones carecen de seguridad social (48.2%). La pobreza laboral aún afecta al 30.7 % de la población; en Chiapas supera el 60%.
Los números del despilfarro son elocuentes. La Megafarmacia del Bienestar ha costado entre 15 y 17 mil millones de pesos y opera como un elefante blanco casi vacío. El IMSS-Bienestar gastó casi 27 mil millones por encima de lo aprobado en 2025. Alimentación para el Bienestar registró pérdidas de 973 millones ese mismo año. La Auditoría Superior de la Federación documenta pagos sin expediente, apoyos duplicados y faltantes de documentación. Y no es menor el uso de Financiera para el Bienestar para dispersar cientos de miles de pagos etiquetados como “apoyos sociales” hacia estructuras partidistas.
Se extinguió el Coneval, el organismo autónomo que medía y evaluaba con rigor. Ahora la medición la hace el propio gobierno. Se prioriza la universalidad de las pensiones “incluso para quienes no las necesitan” sobre la focalización en los más pobres. El resultado es un gasto regresivo que desplaza inversión en educación, infraestructura productiva y salud primaria. Se construye clientela, no ciudadanía.
La solución no es cancelar la protección social. Es rediseñarla con honestidad. Recuperar una evaluación independiente y pública. Focalizar las transferencias en quienes realmente viven en pobreza, con mecanismos de corresponsabilidad. Destinar el grueso del presupuesto social a educación de calidad, atención primaria funcional y formalización laboral. Transparencia total de padrones y contrataciones, con sanciones ejemplares. Y dejar de usar el aparato de bienestar como maquinaria electoral.
El verdadero despojo no es el que se denuncia en los discursos. Es el que se ejerce desde el poder cuando se confunde alivio temporal con justicia social. Mientras se reparte dinero sin generar capacidades, se despoja a las próximas generaciones de un país viable. El bienestar no se compra con cheques. Se construye con instituciones, productividad y honestidad. Todo lo demás es propaganda con cargo al erario.