Durante décadas, México ha convivido con agentes estadounidenses bajo el argumento de la cooperación contra el narcotráfico. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que personal de la CIA permanece en territorio nacional y sostiene que sus actividades cumplen con la Ley de Seguridad Nacional. La legalidad, sin embargo, no termina el debate sobre hasta dónde debe permitirse la presencia de una agencia de inteligencia extranjera.
La CIA no es una institución mexicana. Responde al Gobierno de Estados Unidos, protege sus intereses y realiza labores de inteligencia para Washington. Por eso su presencia, aunque esté acreditada, plantea una cuestión de soberanía que México debería discutir con mayor profundidad.
El ejemplo puede invertirse. ¿Aceptaría Estados Unidos que una unidad especializada de la Sedena permaneciera en su territorio realizando tareas relacionadas con organizaciones criminales estadounidenses? Resulta difícil imaginarlo. Entonces, ¿por qué México debe considerar normal algo semejante?
La cooperación bilateral es necesaria frente al tráfico de drogas, armas y dinero. Puede realizarse mediante intercambio de inteligencia, investigaciones coordinadas y mecanismos institucionales sin conceder espacios que permitan actuaciones autónomas de agencias extranjeras.
Soberanía significa que un Estado conserva el control efectivo de lo que sucede dentro de sus fronteras y que sus instituciones ejercen las funciones de seguridad y justicia. La propia legislación mexicana limita las facultades de agentes extranjeros y les impide detener, catear o aplicar leyes de otro país.
El episodio de Chihuahua, donde dos presuntos agentes de la CIA murieron después de un operativo contra un narcolaboratorio, refuerza las preguntas. ¿Qué hacían exactamente allí? ¿Quién conocía su participación? Cooperar con Estados Unidos es indispensable; permitir zonas grises para sus agencias de inteligencia debería quedar fuera de cualquier acuerdo bilateral.