Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la metodología del Gobierno para reducir el número de personas desaparecidas en México y acusaron que es un nuevo intento por minimizar y desentenderse del problema.
En la conferencia de prensa en Palacio Nacional de este viernes, se presentaron cifras desglosadas del Registro Nacional para Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1952 a 2026, de las que se reportaron 46 mil 742 casos con datos insuficientes, 40 mil 308 con actividades y registros después de la fecha de desaparición y 43 mil 128 sin actividad a la fecha.
El Centro Prodh señaló que es necesario mejorar registros y transparentar las metodologías de revisión.
"Sin embargo, la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.
"Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.
"Preocupa que, respecto de los más de 46 mil registros de 'datos insuficientes', no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias", destacó la organización de derechos humanos.
Destacó que las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades que, desde su creación, tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda.
Consideró que reconocer que únicamente 3 mil 869 carpetas de investigación están abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
"Frente a una desaparición siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales", remarcó el Centro Prodh.
Sobre la afirmación de que del total de personas registradas desaparecidas ha habido más de 90 por ciento de localizaciones, la organización señaló que se debe aclarar que no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado.
"En muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas", subrayó.
Recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU reportó una impunidad de más del 99 por ciento en su visita a México.
El Centro Prodh advirtió que las detenciones anunciadas no son un indicador confiable de combate a la impunidad, mientras no se traduzcan en procesos judiciales sostenidos que deriven en sentencias.
Finalmente, señaló que en diversas administraciones, las acciones alrededor de las desapariciones se han centrado en revisar registros y corregir cifras, sin que se presente una Política Nacional de Prevención y Erradicación Integral, como la recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que permita abordar la dimensión de una crisis tan dolorosa.
En tanto, un colectivo de organizaciones que acompañan a familias buscadoras de desaparecidos también acusó al Gobierno de minimizar la dimensión de las desapariciones en México.
"Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas", señaló el colectivo.
Las organizaciones Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Elementa, Justicia pro Persona, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Global Exchange, Voces Mesoamericanas y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana consideraron una "trampa" que se hable de la obligatoriedad de las carpetas de investigación por desaparecidos.
"La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las fiscalías estarán 'obligadas', a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva, existe desde la entrada en vigor de la Ley General de 2017.
"Al afirmar que esto es una novedad, ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar.
"Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional", reprocharon las organizaciones.
Manifestaron que también preocupan las afirmaciones de que 96 por ciento de las personas no localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustente dicha conclusión.
"Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias", expresaron.
En un posicionamiento sobre las cifras dadas a conocer, el colectivo reprochó la insistencia del Gobierno en negar que haya desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales.
Alertaron que dicha visión elude la responsabilidad del Estado en sus múltiples formas, como es la participación directa y la aquiescencia, que son los casos de desaparición forzada y fosas cometidos directamente o vinculados a autoridades que siguen sin justicia.
También apuntaron que se evade reconocer la omisión y corrupción, porque el Estado es responsable cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos, indicaron.
Alertaron que la impunidad es "combustible", pues hay permisividad ante los casos mínimos que son investigados.
Las organizaciones destacaron que es una "distorsión de la realidad" utilizar exclusivamente las carpetas de investigación sobre desaparecidos, especialmente en un país donde la cifra negra, delitos no denunciados, alcanza el 93 por ciento.
"Sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsquedas merma el derecho de todas las personas a ser buscadas", reclamaron.
El colectivo remarcó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta hoy más de 132 mil desapariciones, cifra que, consideraron, es resultado de la lucha histórica de las familias.
"Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda", advirtieron.
Reprocharon que haya una simulación de diálogo y persista la exclusión sistemática de las familias de la víctimas y las organizaciones.
"Lamentamos que la presentación de estos instrumentos se realice sin una convocatoria amplia, transparente y abierta.
"Los procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de quienes han impulsado estas herramientas: las familias, sus colectivos, personas expertas y también organizaciones acompañantes.
"Escuchar visiones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación", denunciaron.
También expresaron que la búsqueda de los desaparecidos es una obligación del Estado, por lo tanto debe ser una política que reconozca nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero se desconoce.
La organización Amnistía internacional capítulo México remarcó que la cifra de desaparecidos sigue siendo de 132 mil personas y que hay miles de familias buscándolas, por lo que llamó al Gobierno mexicano a atender la crisis.
"Amnistía Internacional hace un llamado a continuar haciendo esfuerzos por erradicar la crisis de desapariciones que vive el país, particularmente llama la atención sobre la revisión integral que se hará al Registro Nacional con metodologías científicas y análisis de datos.
"Amnistía Internacional llama al Gobierno de México a garantizar la inclusión de familias, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en el tema en la implementación de la estrategia y que esta metodología sea pública. Sin las familias no", sostuvo la agrupación internacional de derechos humanos.