El abogado Epigmenio Mendieta, defensor del excontralmirante Fernando Farías Laguna, declaró ayer que la fiscalía “verbalizó’’ en la audiencia en la que su defendido fue vinculado a proceso los nombres de Andy López Beltrán y el de un compadre “de un político muy influyente de Tabasco’’.
¿Por qué es importante esta “verbalización’’?
Resulta que a lo largo de varios meses, el nombre del hijo del expresidente ha sido vinculado a la trama multimillonaria del fraude fiscal con el contrabando de combustible.
Diversos testigos han señalado que una llamada de Andy bastaba para destrabar la entrada o salida de un buque con combustible en el puerto de Guaymas.
No es que el ministerio público los esté acusando (por ahora), ni al “influyente político de Tabasco’’, que todos dan por sentado se trata de Adán Augusto López, el “hermano’’ de López Obrador, pero sí es relevante que la propia fiscalía considera que ambos personajes son importantes en la trama.
Ya se verá si como actores secundarios, circunstanciales, extras o principales, pero eso corresponderá documentarlo a las propias autoridades a partir del testimonio de los implicados que ya están detenidos, los testigos protegidos y del mismo Fernando Farías, cuya versión no se conoce.
Ayer el exmarino fue vinculado a proceso; su esposa, Mónica Gámez Grijalva, mantiene un road show por estaciones de radio acusando que Farías Laguna no tenía la autoridad para ordenar el desembarque del combustible huachicoleado y pidió investigar a “funcionarios más altos’’ implicados en estos hechos.
Gámez denunció que ha sido vigilada y seguida en sus trayectos, además de haber recibido una amenaza, a través del abogado Mendieta, para que pare de dar entrevistas “o serían investigados’’ ella y el defensor de su esposo.
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No se sabe el motivo, razón o circunstancia por la que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió enviar una iniciativa para prohibir que los mexicanos con doble nacionalidad puedan competir por la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la jefatura de gobierno de la CDMX.
El tema ni siquiera ha estado en la agenda pública; hasta los legisladores morenistas se mostraron sorprendidos por el anuncio.
¿De qué se trata?
La explicación que dieron la mandataria y su directora jurídica, Luisa María Alcalde, es que se busca que quienes detentan esos cargos no tengan ningún otro interés que defender la soberanía nacional, es decir, evitar futuras injerencias.
Es decir, evitar el riesgo de que, un eventual gobernador o presidente con doble nacionalidad, priorice a su otra patria sobre la mexicana.
Así que, una vez que el documento se envíe al Congreso y se apruebe (si se aprueba), todos los mexicanos que quieran ser gobernadores o presidente deberán renunciar a su segunda nacionalidad.
El tema es mucho más complejo de lo que parece, porque implica una violación al derecho humano de optar por dos nacionalidades; la Constitución lo permite y la idea de condicionar un derecho pleno como “votar y ser votado’’ en la Carta Magna se contrapone a la intención presidencial.
El mismo Ricardo Monreal declaró que “habría que irse con cuidado’’ en el análisis de la futura iniciativa.
Por su parte, los diputados y senadores del PRI consideraron que cancelar los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, “sería un enorme retroceso en los derechos humanos de millones de ciudadanos’’.
La dirigencia tricolor anunció que sus legisladores votarán en contra de esa iniciativa pues, consideró, “de aprobarse esta barbaridad’’, la doble nacionalidad será motivo para la discriminación de quienes hacen uso de un derecho constitucional.
@adriantrejo