La polémica compra del ático de Chamberí que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acaba de dar un giro que complica aún más la gestión política del caso. Astrid Gil-Casares, escritora, empresaria y antigua propietaria del inmueble vendido por 6,3 millones de euros, ha autorizado por escrito a la Comunidad de Madrid para que haga públicos los detalles de la operación. Su decisión, según han confirmado dos fuentes a El País, elimina uno de los argumentos que había acompañado los retrasos en la entrega del expediente y desplaza el foco hacia una pregunta todavía sin respuesta: por qué sigue sin conocerse toda la documentación de una adquisición sufragada con fondos públicos.
La autorización tiene un valor que trasciende el mero trámite administrativo. Aunque el nombre de la vendedora ya había sido divulgado por el diario antes mencionado, su consentimiento desmonta la idea de que la confidencialidad fuera un obstáculo insalvable para informar sobre la operación. Ahora la presión recae directamente sobre Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la compra, que continúa aplazando la entrega del expediente completo mientras la oposición y la justicia mantienen abiertas sus pesquisas.
El caso se ha convertido en uno de los mayores frentes políticos para la presidenta madrileña en las últimas semanas. Lo que inicialmente se presentó como la adquisición de un despacho temporal para Ayuso ha derivado en una controversia sobre transparencia, gestión del dinero público y toma de decisiones dentro del Ejecutivo regional.
La cuestión ya no gira únicamente alrededor del precio del inmueble o de su utilidad futura. El verdadero debate está en torno al proceso: quién impulsó la compra, qué informes la respaldaron y por qué una empresa pública terminó adquiriendo un ático que, según se ha conocido, no puede utilizarse ni como residencia presidencial ni como oficina permanente.
El consentimiento elimina una de las principales incógnitas
Astrid Gil-Casares recibió la solicitud de autorización después de que Planifica Madrid la considerara tercera afectada en las numerosas peticiones de información formuladas al amparo de la Ley de Transparencia.
La empresaria respondió favorablemente apenas unos días después de recibir el requerimiento. De hecho, según fuentes conocedoras del proceso, nunca puso objeciones a que su identidad o los detalles de la operación fueran conocidos públicamente.
Además, el origen del acuerdo de confidencialidad desmonta otro elemento que había alimentado el debate. Según la inmobiliaria Promora, la cláusula no fue una exigencia de la vendedora, sino un modelo estándar utilizado habitualmente en operaciones de alto valor. Ese documento tampoco contemplaba sanciones económicas automáticas por revelar información, aunque sí dejaba abierta la posibilidad de responsabilidades jurídicas.
La transparencia sigue siendo el gran problema para el Gobierno madrileño
Con el consentimiento ya concedido, el principal obstáculo parece haber desaparecido. Sin embargo, la documentación continúa sin publicarse.
Planifica Madrid ha ampliado otros 20 días hábiles el plazo para responder a las solicitudes de información, argumentando el elevado volumen de peticiones relacionadas con el inmueble. Esa prórroga mantiene abierto un conflicto que ha ido creciendo conforme pasan las semanas.
Los documentos reclamados resultan especialmente sensibles porque permitirían reconstruir toda la cadena de decisiones: el análisis de viabilidad, la tasación del ático, la escritura de compraventa, las actas del consejo de administración y los informes que justificaron la adquisición.
La legislación de transparencia obliga a las empresas públicas a facilitar la información salvo que exista una causa concreta para limitarla. Incluso cuando determinados datos deben protegerse, la normativa prevé entregar versiones parcialmente anonimizadas en lugar de ocultar íntegramente los documentos.
La presión política y judicial continúa aumentando
Mientras la documentación sigue pendiente, el caso avanza por varios frentes simultáneos. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, tendrá que dar explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre una operación que incluso ha generado inquietud dentro del propio Partido Popular.
Paralelamente, varias denuncias ya han llegado a los tribunales y un juzgado de Madrid investiga las circunstancias que rodearon la compra. La coincidencia entre la investigación judicial, las solicitudes de transparencia y el desgaste político convierte este asunto en una de las pruebas más incómodas para el Ejecutivo regional.
La autorización firmada por Astrid Gil-Casares no cierra la polémica. Al contrario: elimina una de las últimas justificaciones formales para retrasar la difusión del expediente y coloca el foco sobre la administración madrileña, que deberá explicar con documentación qué motivó una compra de millones de euros cuya utilidad sigue siendo objeto de controversia pública. @mundiario