Durante años, Venezuela ha vivido atrapada entre la devastación de su industria petrolera, la crisis política y la confrontación con Estados Unidos. Ahora, el tablero parece haber cambiado por completo. Washington ya no se limita a presionar a Caracas desde fuera: negocia directamente cómo entrar en uno de los mayores tesoros energéticos del planeta.
Según las informaciones publicadas por Bloomberg o Axios, Estados Unidos estudia fórmulas para que compañías estadounidenses desarrollen y exploten numerosos campos petroleros venezolanos. La negociación podría afectar a más de una docena de yacimientos y a reservas que rondarían los 90.000 millones de barriles. Algunas de estas áreas han estado vinculadas anteriormente a intereses chinos o a figuras próximas al antiguo régimen.
La cuestión, por tanto, va mucho más allá de un simple acuerdo empresarial. Lo que se está negociando es quién tendrá capacidad para decidir sobre una parte importante del futuro energético de Venezuela.
Durante décadas, el chavismo utilizó el petróleo como instrumento de poder político, mientras la estatal PDVSA se convertía en uno de los pilares del modelo de control económico del régimen. El resultado terminó siendo una industria deteriorada, con una capacidad productiva muy inferior a su potencial y unas infraestructuras necesitadas de inversiones enormes. Ahora, después del colapso de aquel modelo, Washington aparece dispuesto a aportar precisamente el capital y la tecnología que Venezuela necesita para recuperar su producción.
El problema es que quien pone el dinero, la tecnología y el acceso al mercado también gana capacidad de influencia.
El petróleo como llave de la nueva Venezuela
La Administración Trump parece haber entendido algo que durante años fue evidente pero políticamente incómodo: Venezuela no puede reconstruir su economía sin recuperar su sector energético.
El país posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero disponer de petróleo bajo tierra no equivale a disponer de una industria petrolera eficiente. Hace falta inversión, tecnología, seguridad jurídica, infraestructuras y mercados capaces de absorber la producción.
Washington quiere ocupar ese espacio. Las conversaciones contemplan fórmulas de participación, empresas conjuntas o contratos de explotación a largo plazo. Algunas alternativas estudiadas permitirían incluso arrendamientos de los campos durante décadas.
Sobre el papel, el acuerdo podría beneficiar también a Venezuela: más producción significa más ingresos, empleo, inversión y capacidad para financiar la reconstrucción de un país devastado. Pero existe una pregunta que no puede quedar relegada: ¿en qué condiciones se hará esa reconstrucción y quién controlará realmente los beneficios?
Washington no está haciendo caridad
Sería ingenuo interpretar la estrategia estadounidense como un simple gesto de solidaridad hacia Venezuela. Estados Unidos tiene intereses propios y muy concretos. Necesita reforzar su seguridad energética en un momento de enorme inestabilidad internacional y busca reducir su exposición a determinados proveedores y rutas estratégicas. La crisis del petróleo provocada por la guerra de Irán y la tensión en torno al estrecho de Ormuz han hecho todavía más valiosos los recursos energéticos del hemisferio occidental.
Venezuela, en ese contexto, deja de ser únicamente un problema político latinoamericano. Se convierte en un activo estratégico.
La posible salida venezolana de la OPEP encajaría además en esta nueva orientación. Caracas estaría estudiando abandonar una organización de la que fue miembro fundador, una decisión que supondría otro alejamiento de la arquitectura petrolera tradicional y facilitaría una relación energética mucho más estrecha con Washington.
Aquí está la parte más delicada de la operación. Venezuela necesita inversiones extranjeras, pero no debería sustituir la dependencia de unos actores por la dependencia de otros. El objetivo de cualquier reconstrucción energética debería ser crear una industria capaz de generar riqueza para los venezolanos y someterse a reglas transparentes, controles institucionales y seguridad jurídica.
Después de décadas en las que el petróleo fue utilizado para financiar una estructura política y económica profundamente cuestionada, cualquier nuevo reparto de los recursos venezolanos debería estar sometido a controles mucho más estrictos. De lo contrario, el país podría pasar de un modelo dominado por el chavismo a otro excesivamente condicionado por Washington y las grandes compañías energéticas.
Y esa no sería una verdadera transición económica. Sería simplemente un cambio de administrador del petróleo venezolano.
La gran oportunidad y la gran amenaza
La negociación también puede convertirse en una oportunidad histórica si se utiliza para reconstruir una industria que vuelva a generar riqueza dentro de Venezuela. Las empresas estadounidenses tienen capacidad tecnológica y financiera para acelerar una recuperación que el país no podría afrontar fácilmente por sí solo.
Pero el éxito no debería medirse por cuántos barriles consigue Estados Unidos ni por cuántos contratos firman las petroleras.
Debería medirse por cuánto cambia la vida de los venezolanos. Si la recuperación petrolera permite reconstruir hospitales, carreteras, electricidad, salarios, servicios públicos y empleo, el acuerdo podría convertirse en uno de los pilares de la recuperación nacional. Si, por el contrario, la prioridad termina siendo garantizar el acceso de Washington al crudo venezolano, mientras la población continúa sin beneficiarse de esa riqueza, el nuevo modelo nacería con el mismo pecado que el anterior: utilizar el petróleo para fines de poder.
Venezuela está ante una oportunidad excepcional, pero también ante una nueva prueba. El chavismo demostró durante años que tener petróleo no garantiza prosperidad. Ahora Estados Unidos tendrá que demostrar que entrar en Venezuela para recuperar su petróleo tampoco significa quedarse con el futuro del país. @mundiario