Gira orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán. / Cuartoscuro
Nueve años después de la represión contra habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua, un juez de control del fuero local en Michoacán emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de la entidad, Silvano Aureoles, su secretario de Seguridad Pública, Juan Corona, así como contra 14 policías estatales.
Los exservidores públicos son señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por hechos ocurridos durante un operativo en abril de 2017.
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De acuerdo con el organismo, las acciones habrían sido ordenadas desde niveles superiores del Poder Ejecutivo estatal, lo que derivó en la solicitud de las órdenes de captura contra los exfuncionarios. Hasta el momento, Silvano Aureoles no ha sido localizado por las autoridades.
¿Qué sucedió en Arantepacua cuando Silvano Aureoles era gobernador de Michoacán?
El origen del conflicto en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán se remonta a una disputa agraria entre dicha comunidad y Capácuaro, misma que ocasionó bloqueos en carreteras.
La Secretaría de Gobierno de la entidad organizó mesas de trabajo para negociar con los involucrados. No obstante, el 4 de abril de 2017, 38 representantes de Arantepacua fueron detenidos con violencia por una patrulla estatal al asistir a una de las reuniones.
Un día después, el 5 de abril, elementos de seguridad irrumpieron en dicha comunidad del municipio de Nahuatzen, Michoacán, donde se produjo un enfrentamiento armado entre las autoridades y comuneros de la región.
Al conflicto, que se prolongó por más de una hora, inicialmente arribaron alrededor de 200 policías estatales y ministeriales para recuperar camionetas, camiones y tractocamiones. Posteriormente solicitaron refuerzos, llegando a sumar 400 efectivos, junto con dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el saldo fue de cuatro presuntas ejecuciones extrajudiciales, al menos 10 casos de tortura y 38 detenciones arbitrarias.
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