La crisis migratoria de Ceuta ha entrado en una nueva fase. A la presión provocada por la llegada masiva de migrantes se suman ahora los enfrentamientos registrados en las calles y el creciente choque entre el Gobierno y la oposición sobre cómo responder a una situación que todavía dista de estar normalizada.
Fernando Grande-Marlaska defendió este viernes en el Congreso la necesidad de rebajar la tensión después de los altercados del jueves, que incluyeron enfrentamientos con militares y ataques contra asentamientos de migrantes levantados en algunas playas. Varias de estas construcciones fueron incendiadas durante los disturbios.
Ante el riesgo de que se repitan episodios similares, Interior ha anunciado la llegada de 40 agentes adicionales de la Unidad de Intervención Policial. El despliegue podría mantenerse durante meses: el propio ministro ha admitido que el refuerzo actualmente establecido podría prolongarse hasta finales de año si las circunstancias lo requieren.
Marlaska también ha planteado mejoras en la infraestructura fronteriza de El Tarajal y Benzú, junto con nuevos medios de vigilancia, entre ellos drones y embarcaciones.
El choque político se traslada al Congreso
La comparecencia estuvo marcada por las acusaciones cruzadas entre los principales grupos. El ministro responsabilizó a PP y Vox de contribuir a un clima de hostilidad hacia los migrantes mediante determinados discursos, mientras los representantes de ambos partidos rechazaron esa interpretación.
Desde la oposición se vinculó la violencia con la frustración acumulada en Ceuta y con la gestión del Gobierno. Vox, por su parte, volvió a calificar la llegada masiva de migrantes como una “invasión”.
El enfrentamiento político dificulta además que el debate se concentre exclusivamente en las medidas necesarias para evitar nuevos episodios de violencia. La discusión sobre seguridad, migración y convivencia se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo y sus adversarios.
Marruecos, otro frente abierto para el Gobierno
La relación con Rabat fue otro de los asuntos que generó mayor controversia. Marlaska defendió la cooperación policial con Marruecos y atribuyó a esa coordinación parte de los retornos efectuados tras la entrada masiva.
Sin embargo, esa lectura no fue compartida por varios grupos parlamentarios, incluidos algunos aliados del Ejecutivo. Sumar reclamó una posición más firme frente a Rabat y cuestionó que pueda hablarse de una colaboración plenamente satisfactoria.
Mientras tanto, siguen existiendo dudas sobre el alcance real de la crisis. Las cifras de personas que entraron en Ceuta y de quienes permanecen allí sin regularizar varían según las fuentes, mientras la situación de los menores no acompañados continúa siendo otro de los problemas pendientes.
Para Interior, lo ocurrido representa uno de los mayores desafíos recientes para la gestión migratoria española. La prioridad ahora será evitar una nueva escalada, reforzar la frontera y afrontar las consecuencias sociales y políticas de una crisis que todavía no ha terminado. @mundiario