La crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo frente político y judicial para el Gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. Al mismo tiempo, ha elevado la presión sobre el Ejecutivo al reclamar la comparecencia en el Senado de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para que explique qué información manejaban los servicios de inteligencia antes de los acontecimientos.
El movimiento del PP traslada la discusión desde el terreno de la gestión política al ámbito judicial. Feijóo considera que todavía quedan demasiadas preguntas sin responder sobre la preparación del Estado ante una entrada de estas dimensiones y quiere que esas incógnitas queden incorporadas a la investigación abierta en la Audiencia Nacional. Su objetivo declarado es determinar si existieron fallos de previsión y, sobre todo, quién conocía la situación y qué decisiones se adoptaron.
La ofensiva llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendiera en el Congreso que los informes disponibles antes de la llegada de miles de migrantes no permitían anticipar una entrada masiva en Ceuta. Una afirmación que el PP cuestiona abiertamente y que convierte la información previa de los servicios de seguridad en uno de los principales puntos de fricción política.
Para Feijóo, la dimensión del episodio trasciende una crisis puntual de frontera. El líder popular ha definido lo ocurrido como una situación de una magnitud extraordinaria que afecta a la seguridad y a la integridad territorial. Desde esa perspectiva, el debate ya no se limita a cuántas personas llegaron a Ceuta o a cómo se gestionó posteriormente su acogida, sino a si el Estado estaba preparado para responder y si las instituciones actuaron con la rapidez necesaria.
El PP quiere saber qué sabía el Gobierno
La comparecencia de Esperanza Casteleiro se convierte así en una de las principales reclamaciones de Feijóo. El líder del PP pretende que la responsable del CNI acuda al Senado y ofrezca explicaciones sobre la información disponible antes de la crisis, además de precisar qué conocimiento tenía el Gobierno sobre el posible riesgo de una llegada masiva.
La cuestión es especialmente relevante porque la existencia o ausencia de información previa puede determinar la lectura política de lo sucedido. Si no existían indicios suficientes, la tesis del Ejecutivo sobre la imposibilidad de prever el episodio ganaría fuerza. Si, por el contrario, aparecieron señales que no fueron adecuadamente valoradas, el debate se desplazaría hacia la responsabilidad de quienes tenían que interpretar esa información y convertirla en medidas preventivas.
Feijóo ha anunciado además que el PP exigirá responsabilidades a quienes, a su juicio, estuvieron al frente de una respuesta insuficiente. "Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha afirmado durante la inauguración del curso político en Cercedo Cotobade, en Pontevedra.
El líder popular también ha cargado contra los socios parlamentarios del Gobierno. Considera que quienes respaldan al Ejecutivo no pueden desvincularse ahora de las decisiones adoptadas durante la crisis. En su opinión, la responsabilidad política alcanza al conjunto de quienes han sostenido al Gobierno y no únicamente a los departamentos directamente implicados en la gestión migratoria.
El Ejército y las fuerzas de seguridad, otro frente de la polémica
Otro de los elementos que Feijóo ha colocado en el centro de su discurso es la situación de los militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta. El presidente del PP ha defendido que estos efectivos han cumplido con su cometido pese a encontrarse, según su diagnóstico, sin medios suficientes y en una situación de desbordamiento.
El episodio de los ataques con piedras contra efectivos desplegados en la ciudad autónoma ha servido para intensificar esa crítica. Feijóo sostiene que los militares fueron enviados a afrontar una situación extremadamente compleja sin disponer de suficientes herramientas para protegerse y actuar ante determinadas situaciones.
Más allá de la disputa partidista, este punto abre un debate sobre los recursos con los que cuenta España para responder ante crisis fronterizas de gran intensidad. Ceuta representa un escenario especialmente sensible por su posición geográfica y por la presión migratoria que puede concentrarse en periodos muy concretos. Lo ocurrido durante esos dos días ha puesto de manifiesto, precisamente, las dificultades de coordinar en tiempo real a las distintas administraciones y cuerpos implicados.
El Gobierno ha ido adoptando medidas posteriores para reforzar la respuesta, entre ellas la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, la creación de un mando único y el refuerzo de las plantillas de Extranjería. Para el PP, sin embargo, esas decisiones llegan demasiado tarde y evidencian que la reacción institucional se produjo después de que la crisis ya hubiera adquirido grandes dimensiones.
La batalla política se traslada ahora a los tribunales y al Senado. La personación del PP en la causa de la Audiencia Nacional permitirá al partido seguir de cerca la investigación judicial, mientras que la petición de comparecencia de Casteleiro sitúa al CNI en el centro de una discusión que hasta ahora se había concentrado principalmente en Interior. @mundiario