La crisis migratoria de finales de julio llevó a Ceuta a afrontar una situación extraordinaria. Decenas de miles de personas accedieron a la ciudad autónoma durante los días 30 y 31, provocando una presión inédita sobre los servicios disponibles y obligando a reforzar la respuesta institucional.
Elma Saiz acudió al Congreso después de desplazarse nuevamente a Ceuta para explicar cómo actuó su departamento. Su intervención se centró especialmente en la atención de quienes llegaron, desde el suministro de alimentos y agua hasta la habilitación de nuevos espacios de acogida.
Uno de los principales impactos se produjo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya ocupación aumentó un 116 % en muy poco tiempo. Ante esta situación, el Ministerio movilizó inicialmente más de seis millones de euros y posteriormente elevó el respaldo económico por encima de los 40 millones, con financiación europea destinada a responder ante episodios de presión migratoria.
Más recursos para evitar que la llegada masiva colapsara la ciudad
La respuesta también pasó por habilitar instalaciones adicionales para atender a las personas que no podían ser alojadas en los recursos habituales. Según explicó Saiz, se trabajó para disponer de espacios con unas condiciones básicas de salubridad y con capacidad para alrededor de 1.500 personas.
La ministra insistió en que la emergencia no podía resolverse únicamente con cifras. Reivindicó el papel de las administraciones, pero también el de organizaciones como Cruz Roja y de los ciudadanos de Ceuta que colaboraron durante los momentos de mayor presión.
Su mensaje tuvo además una dimensión política: pidió evitar que el sufrimiento de las personas migrantes se convierta en un elemento de confrontación partidista. A su juicio, una situación de estas características exige coordinación y responsabilidad institucional.
El Gobierno defiende una doble obligación
La comparecencia dejó una de las ideas centrales de la posición de Saiz: proteger las fronteras y garantizar los derechos de las personas que llegan no son objetivos contradictorios.
La ministra sostuvo que España debe actuar dentro de la legalidad y cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos, con especial atención a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad.
“Defender nuestras fronteras es una obligación y defender la dignidad humana, también”, afirmó Saiz, que situó esta combinación como uno de los principales retos de la gestión migratoria.
Su comparecencia forma parte de la ronda de explicaciones del Gobierno sobre la crisis de Ceuta. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, comparecerá el próximo lunes y el presidente Pedro Sánchez cerrará el 3 de septiembre las intervenciones del Ejecutivo en el Congreso. @mundiario