VERACRUZ, Ver., 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz giró oficios para la comparecencia de los poblanos Ariel Viñas Zenteno y Sotero Mendoza Martínez, quienes se hacían pasar como gestores y altos funcionarios del Programa Nacional de Vivienda México, a quienes acusan de los presuntos delitos de Fraude en la construcción de 50 viviendas en agravio de la Asociación Civil “Juntos Logrando un México Nuevo”

La denuncia fue presentada en la Unidad de Atención Temprana en la ciudad de Xalapa donde se inició el expediente 818/2025.

El representante de los agraviados Jorge Neri Díaz Morales, explicó que en el 2018, conocieron el Programa Nacional Emergente de Vivienda 2017- 2018, a través de Sotero Mendoza Martínez, quien se ostentó como Comisionado Nacional de ese programa, dónde daban oportunidad de ingresar a personas vulnerables con necesidades de una vivienda, por lo que dicha organización ingreso a personas de diferentes municipios del estado de Veracruz y a 245 personas del municipio de Acajete, Puebla. Además el acusado Sotero Mendoza les pidió empresas o constructores que quisieran tener contrato de la Secretaria de Hacienda para construir 50 casas.

Se detalló que en varias ocasiones el “Comisionado Nacional”, Sotero Mendoza en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 pidió el pago de la certificación de terrenos con cantidades de seis a siete mil pesos para que se depositara a una cuenta a nombre de Isela Lozada Trejo, administradora del programa, para poder iniciar las obras y hasta la fecha ya no contestan llamadas.

En el caso de Ariel Centeno, fue quien contactó a líderes de varias agrupaciones de la ciudad de Xalapa, promoviendo el mismo programa de Pronavim pidiendo diversas cantidades que van desde los 6 mil hasta los 10 mil pesos a miles de familias, quienes por querer una vivienda fueron víctimas de fraude.

Finalmente se establecio que en el estado de Veracruz hay 13 mil familias defraudadas por esas personas, dónde se calcula un daño patrimonial por varios millones de pesos, pero a nivel nacional se habla de 90 mil familias afectadas, así como varias constructoras medianas y pequeñas a las que les pedían de 35 mil pesos hasta 150 mil para entrar en el proyecto de construcción de esas supuestas viviendas.

Por ello, los agraviados pidieron el apoyo de la Presidenta Claudia Sheimbaum, de la Gobernadora Rocío Nahle y de la Fiscal General del Estado, para encarcelar a esos defraudadores de varias familias veracruzanas.

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