WASHINGTON (EFE).— A un año del llamado “día de la liberación”, la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra efectos que van más allá de lo comercial: ha debilitado la confianza en su proyecto económico, generado incertidumbre jurídica y tensado las relaciones con sus principales socios.
El balance de estos doce meses apunta a un desgaste sostenido tanto en el ámbito interno como externo, en medio de litigios, dudas fiscales y cuestionamientos a la viabilidad de su estrategia proteccionista.
El episodio más reciente —la anulación de los aranceles por parte del Tribunal Supremo— no solo representó un revés legal, sino que evidenció las limitaciones estructurales de una política basada en medidas extraordinarias.
A partir de ese fallo, se abrió un proceso complejo de devoluciones que pone a prueba la capacidad administrativa del gobierno y anticipa un prolongado frente judicial impulsado por miles de importadores.
Especialistas coinciden en que el sistema aduanero estadounidense no fue diseñado para gestionar reembolsos de esta magnitud, lo que augura retrasos y disputas legales sobre los montos a restituir.
Las cifras en juego —estimadas entre 130,000 y 175,000 millones de dólares— añaden presión a unas finanzas públicas ya exigidas, con una deuda cercana a los 40 billones de dólares.
Este escenario fiscal se produce en paralelo a un contexto económico que aún resiente los efectos de la política arancelaria, particularmente en los precios.
Aunque el presidente Trump sostiene que la inflación está controlada, indicadores como la inflación subyacente —ubicada en 2.5% interanual en febrero— reflejan una desaceleración gradual en la absorción de estos impactos.
A ello se suma el encarecimiento reciente del petróleo, vinculado al conflicto con Irán, que ha elevado de forma significativa el precio de la gasolina en un país altamente dependiente del transporte terrestre.
En el frente político, este entorno económico complica las perspectivas del mandatario rumbo a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.
El aumento en el costo de vida y la incertidumbre económica podrían traducirse en un desgaste electoral que ponga en riesgo el control del Congreso.
Insistencia de EE.UU.
En paralelo, la respuesta del gobierno ha sido insistir en su estrategia, con el anuncio de un nuevo arancel general del 10% que podría ampliarse en los próximos meses.
Sin embargo, lejos de disipar dudas, esta medida ha incrementado la percepción de incertidumbre entre socios comerciales y actores económicos.
Países como la Unión Europea e India han optado por pausar o ralentizar acuerdos previamente negociados, ante el riesgo de nuevas imposiciones unilaterales por parte de Washington.
Finalmente, el tono confrontativo de la política exterior, acompañado de presiones y amenazas, ha erosionado la red de alianzas tradicionales de Estados Unidos, generando mayor cautela incluso en temas de seguridad internacional.
Estrategia desgastada
Un año después, aranceles generan dudas económicas, presión y tensión con aliados.
Golpe interno
La política arancelaria ha generado efectos en precios, finanzas públicas y percepción económica. El proceso de devoluciones y el aumento del costo energético agravan la incertidumbre, mientras indicadores muestran que los efectos inflacionarios aún no se disipan completamente.
Presión fiscal
Las devoluciones derivadas de los aranceles anulados representan un desafío para las finanzas públicas. En un contexto de alta deuda, estos compromisos podrían incrementar el déficit y limitar al gobierno federal.