La doble nacionalidad se ha convertido en un nuevo frente de debate político a ambos lados de la frontera. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso decisivo al remitir al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura estatal o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten de forma exclusiva con la nacionalidad mexicana.
El texto legislativo fija condiciones estrictas: aquellos aspirantes que posean una segunda ciudadanía deberán renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos ante la autoridad electoral. Asimismo, en caso de alcanzar el cargo, los mandatarios electos tendrán vetado adquirir o tramitar otra nacionalidad, portar o emplear documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra soberanía o acogerse al auxilio diplomático de un tercer Estado.
Sheinbaum justificó la medida como un mecanismo indispensable para garantizar que quienes conduzcan las riendas del país respondan con absoluta prioridad al interés nacional, blindando las instituciones ante eventuales escenarios de injerencia extranjera. La mandataria reconoció abiertamente que hoy existen millones de mexicanos con doble o incluso triple ciudadanía y admitió que la Constitución Política actual no delimita con la suficiente claridad la obligación de renunciar a otros pasaportes antes de competir por el mando de un estado.
El antecedente de 2025: la pregunta de Publimetro
El debate, no obstante, cuenta con un antecedente directo. En marzo de 2025, durante el turno de preguntas en una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, el periodista José Lebeña, de Publimetro, puso el tema sobre la mesa al cuestionar a la mandataria sobre las trabas y restricciones que enfrentan las personas con doble nacionalidad interesadas en incorporarse al Servicio Exterior Mexicano.
La respuesta de Sheinbaum fue tajante al recordar el marco normativo de la diplomacia: “No puedes ser cónsul si tienes doble nacionalidad”, zanjó entonces. Si bien en aquel momento la jefa del Ejecutivo no abrió la puerta a trasladar esa exigencia a las urnas, poco más de un año después el Gobierno federal ha materializado esa misma premisa de exclusividad en la cúspide del poder político.
La sombra electoral de Cabeza de Vaca
La iniciativa aterriza en un escenario de alta tensión política y con nombres propios en el radar. Uno de los perfiles que ha emergido de inmediato en la discusión pública es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien recientemente anunció su intención de buscar la candidatura presidencial y quien cuenta con doble nacionalidad.
Al ser interrogada sobre si la reforma busca cerrarle el paso al exmandatario opositor, Sheinbaum sostuvo que resulta inviable articular una aspiración política de ese calibre desde el extranjero. Aunque desde Palacio Nacional se reitera que la reforma no lleva una dedicatoria personal y persigue una norma de carácter general, el calendario electoral ha provocado que el caso de Cabeza de Vaca monopolice las primeras interpretaciones de la propuesta.
La ofensiva en Washington contra la “lealtad dividida”
La discusión mexicana corre en paralelo a un movimiento de tintes similares en el Capitolio estadounidense. En junio de 2026, la congresista republicana Nancy Mace (Carolina del Sur) registró una propuesta de enmienda constitucional dirigida a impedir que cualquier ciudadano con doble nacionalidad o vínculos de lealtad hacia otro país pueda ocupar cargos federales como congresista, juez, vicepresidente o presidente de los Estados Unidos, a menos que corte de raíz y de manera permanente dichos lazos.
Mace ha argumentado que los depositarios del poder federal deben rendir cuentas únicamente ante la bandera estadounidense, y ha colocado como estandarte de su causa el caso de Sparkle Leah Sooknanan, jueza federal nacida en Trinidad y Tobago. Durante su audiencia de confirmación en el Senado en 2024, Sooknanan confirmó que mantenía ambas ciudadanías, si bien precisó que al naturalizarse juró renunciar a lealtades foráneas y se comprometió a formalizar la renuncia trinitense si su labor judicial lo requería. La polémica se reavivó tras su fallo contra el uso ampliado de un registro federal para fiscalizar la ciudadanía de los votantes, detonante que Mace aprovechó para denunciar el riesgo de las “lealtades divididas”.
El tablero latinoamericano: de Colombia a la Argentina de Milei
La controversia trasciende el eje México-Washington y encuentra ecos en varios puntos del continente:
- Colombia: El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha estado en el centro de la diana tras revelarse que posee tres nacionalidades (colombiana, italiana y estadounidense). El aspirante ha desestimado cualquier conflicto de intereses, amparándose en que la legislación de su país faculta plenamente a los colombianos por nacimiento para mantener otros pasaportes sin perder sus derechos políticos.
- Argentina: El presidente Javier Milei sumó en diciembre de 2024 la ciudadanía italiana a su nacionalidad argentina durante una visita oficial a Roma, un estatus binacional plenamente admitido por el marco jurídico de su país.
Los artículos en juego
La enmienda impulsada en México no afecta a los ciudadanos comunes ni a la diáspora —particularmente a los millones de hijos de connacionales nacidos en territorio estadounidense, cuyos derechos permanecen intactos—. El cerco se ciñe a la alta función de Estado.
El proyecto de decreto contempla reformas a los artículos 82 (requisitos para la Presidencia), 116 (gubernaturas) y 122 (Jefatura de Gobierno de la CDMX) de la Constitución federal. En una segunda fase, el Ejecutivo prevé adecuar la Ley de Nacionalidad para diseñar el cauce administrativo exacto mediante el cual los aspirantes deberán tramitar la renuncia formal a su segunda ciudadanía antes de pisar el terreno electoral.