La crisis migratoria de Ceuta entra en una nueva fase: la que puede convertir una avalancha de personas en la frontera en un asunto de seguridad nacional y tensión diplomática con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, después de conocer la existencia de un informe que atribuye a agentes marroquíes un papel activo en la organización de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
La cuestión que ahora inquieta al Gobierno no es únicamente qué ocurrió durante aquellos días, sino qué sabía cada organismo del Estado, cuándo lo sabía y por qué información de esa naturaleza no habría llegado antes al ministro. Marlaska ha reclamado a Pardo que confirme la veracidad de las informaciones publicadas y, si son ciertas, que detalle desde cuándo disponía la Policía Nacional de ese análisis.
Según ha adelantado el diario El Español, el documento, elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF), habría sido entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en el marco de las diligencias abiertas para determinar si detrás de la gestión de la frontera pudo existir algo más que una crisis migratoria.
Según el contenido atribuido al informe, la llegada masiva no habría respondido exclusivamente a un movimiento espontáneo de personas que pretendían acceder a territorio español. La hipótesis policial apunta a una actuación organizada desde Marruecos cuyo objetivo habría sido saturar el sistema de control fronterizo español y dificultar la capacidad de respuesta de las autoridades.
El alcance de esa conclusión explica la reacción de Marlaska. Si la información estuviera acreditada, el episodio dejaría de ser únicamente una emergencia migratoria para adquirir una dimensión relacionada con la seguridad del Estado y con las relaciones entre España y Marruecos.
La pregunta que Marlaska quiere responder
En su carta enviada la madrugada de este miércoles a Francisco Pardo, el ministro pone el foco en una cuestión especialmente delicada: desde cuándo estaba la Policía Nacional en posesión de esa información. Marlaska considera que, si el contenido del informe es correcto, se trataría de datos relevantes para la gestión de una situación declarada de interés para la Seguridad Nacional.
El titular de Interior sostiene que una información de esa naturaleza debía estar a disposición de los órganos responsables de la seguridad del Estado, con independencia de que la investigación judicial continúe su propio recorrido. También recuerda que corresponde al ministro ejercer el mando superior en materia de seguridad interior.
La reclamación tiene, por tanto, una doble lectura. Por un lado, pretende aclarar qué ocurrió en la frontera. Por otro, abre un interrogante dentro del propio aparato del Estado: si existía una alerta de semejante gravedad, ¿quién tuvo acceso a ella y cuándo llegó a los responsables políticos?
Un informe que eleva la tensión con Rabat
El elemento más sensible del documento es la presunta participación de agentes marroquíes. Según la información difundida, los investigadores sostienen que gendarmes uniformados habrían dirigido parte del flujo migratorio hacia determinados puntos de acceso, mientras personas de paisano, identificadas como presuntos miembros de los servicios de inteligencia marroquíes, habrían dado instrucciones sobre el terreno.
El informe incluiría fotografías, nombres y otros elementos destinados a respaldar esa hipótesis. También recogería la posible entrada en Ceuta de 14 presuntos yihadistas durante los días de mayor presión fronteriza, un extremo cuya relevancia aumenta todavía más la dimensión de seguridad del caso.
La interpretación policial iría incluso más lejos al considerar que la operación pudo formar parte de una estrategia de contrainteligencia destinada a poner a prueba las capacidades españolas y dejar en evidencia al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
De confirmarse estas conclusiones, las consecuencias serían difíciles de limitar al ámbito migratorio. Marruecos es un socio fundamental para España en materia de inmigración, seguridad y cooperación policial. Una acusación de este calibre obligaría al Gobierno a equilibrar dos necesidades aparentemente contradictorias: defender los intereses españoles y evitar una escalada con un país estratégico.
El Gobierno reclama prudencia
Mientras se intenta determinar la autenticidad y el alcance del informe, el Ejecutivo ha optado por rebajar el tono. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido "máxima cautela" hasta conocer el contenido del documento con detalle.
Bolaños ha defendido que el Gobierno quiere saber qué ocurrió en Ceuta y ha rechazado que el Ejecutivo haya ocultado o manipulado información sobre una posible participación marroquí. Su argumento es que las decisiones y declaraciones realizadas hasta ahora se han basado en los datos disponibles en cada momento.
Esa explicación adquiere especial importancia porque el Gobierno había señalado previamente otras posibles vías de desinformación e injerencia relacionadas con la crisis. La ministra portavoz, Elma Saiz, había descartado que existieran evidencias de una participación de Marruecos y había apuntado hacia Rusia, Israel y sectores de la internacional ultra como posibles instigadores de campañas de desinformación.
Ahora, la aparición de un documento policial con conclusiones diferentes introduce una pieza incómoda en ese relato.
Torres deja abierta la puerta a pedir explicaciones
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, también ha reclamado prudencia. A su juicio, antes de extraer conclusiones es imprescindible disponer del informe y conocer exactamente su origen, quién lo solicitó y qué grado de certeza tienen sus conclusiones.
Sin embargo, Torres ha dejado una puerta abierta que puede resultar decisiva: si el contenido del documento confirma una actuación marroquí organizada, España tendría que pedir explicaciones.
Esa posibilidad marca un escenario especialmente delicado. Una cosa es que Marruecos haya perdido el control de una frontera durante una crisis y otra muy distinta que agentes de su aparato de seguridad hubieran contribuido deliberadamente a dirigir una entrada masiva con objetivos ajenos a la migración.
Sumar ve responsabilidad de Marruecos
Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mantenido una posición más contundente. Este considera que Marruecos tiene algún grado de responsabilidad en lo ocurrido, aunque también ha evitado dar por probado el contenido del informe antes de conocerlo íntegramente.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ido en una dirección similar al señalar que, si finalmente se demostrara una participación directa de Marruecos, España debería reclamar explicaciones y responsabilidades.
En paralelo, Urtasun ha definido la situación como posiblemente vinculada a un ataque híbrido, en el que personas vulnerables podrían haber sido utilizadas para generar inestabilidad política. La afirmación introduce otro elemento en un episodio que ya combina migración, seguridad, inteligencia, política exterior y enfrentamiento partidista.
La clave estará ahora en determinar si el informe policial constituye una evaluación preliminar, una hipótesis de inteligencia o una conclusión respaldada por evidencias suficientes para sostener una acusación de semejante gravedad. También habrá que esclarecer qué información llegó realmente a Marlaska el 29 de julio, qué advertencias contenía y cómo encaja con las versiones mantenidas públicamente por el Gobierno.
Mientras la Audiencia Nacional continúa sus diligencias, la presión aumenta sobre Interior. Marlaska quiere saber qué sabía la Policía y desde cuándo; la Justicia trata de determinar si hubo indicios de un delito contra la independencia del Estado; y el Gobierno debe decidir qué hacer si las sospechas sobre Marruecos terminan confirmándose.
Porque la verdadera dimensión de la crisis de Ceuta podría no estar únicamente en el número de personas que cruzaron la frontera, sino en quién pudo haber estado detrás de aquel movimiento, con qué propósito y hasta qué punto las instituciones españolas estaban preparadas para detectarlo. @mundiario
