Pedro Sánchez ha comprendido que ya no le basta con decir que no existen pruebas contra Marruecos. Después de más de un mes de crisis, decenas de miles de personas entrando en Ceuta, contradicciones entre organismos del Estado y un informe policial que señala la actuación de gendarmes marroquíes, el presidente empezó a modificar este jueves su posición sin abandonar la prudencia que ha mantenido frente a Rabat. Admitió que la gendarmería marroquí permitió el 30 de julio el paso de migrantes, se preguntó públicamente si aquello respondió a una incapacidad o a una inacción deliberada y prometió actuar con contundencia si finalmente se demuestra que las autoridades del país vecino estuvieron detrás de lo sucedido. Es un movimiento pequeño en las palabras, pero importante políticamente: Sánchez ya no descarta la hipótesis marroquí, sino que reclama pruebas antes de convertirla en una acusación de Estado. Todo el Congreso cree que fue Marruecos, menos Sánchez, resume un titular de MUNDIARIO.
El giro tiene mucho que ver con una realidad que en La Moncloa parecen haber asumido: el Gobierno está perdiendo, si no ha perdido ya, la batalla de la opinión pública sobre Ceuta. La percepción de que algo extraordinario ocurrió al otro lado de la frontera se ha instalado con mucha más fuerza que las cautelas oficiales, mientras la sucesión de informaciones ha ido erosionando el relato inicial del Ejecutivo. Sánchez insiste en que ninguna institución española, europea o internacional le ha proporcionado evidencias sólidas de que Marruecos diseñase o ejecutase la entrada masiva, pero ya reconoce expresamente la permisividad de sus fuerzas de seguridad. Y esa diferencia entre lo que puede afirmarse políticamente y lo que puede probarse es precisamente el territorio en el que se juega ahora la crisis.
El problema para el Gobierno es que la prudencia diplomática, razonable cuando se administra una relación tan compleja como la que España mantiene con Marruecos, ha terminado siendo interpretada por una parte considerable de la sociedad como debilidad. Ceuta lleva más de un mes sometida a una excepcionalidad que ningún territorio español debería soportar durante tanto tiempo, con miles de migrantes todavía en una situación precaria, una población que ha expresado masivamente su sensación de abandono y un vecino cuyos propios ministros han vuelto a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Sánchez reveló en el Congreso que el Gobierno convocó el 21 de agosto a la embajadora marroquí después de considerar “inaceptables” esas declaraciones, una decisión que demuestra que las relaciones con Rabat han sido bastante más tensas de lo que inicialmente quiso transmitir el Ejecutivo.
La permisividad marroquí parece acreditada; falta demostrar quién la ordenó y con qué finalidad. Sánchez intenta recuperar la iniciativa mientras la crisis de Ceuta entra de lleno en la precampaña electoral
La posición de Sánchez tiene, pese a todo, una lógica que conviene reconocer. Un presidente del Gobierno no puede acusar oficialmente a otro Estado de haber organizado una operación destinada a desbordar una frontera española y europea apoyándose únicamente en sospechas, testimonios o incluso actuaciones individuales de sus agentes. Una acusación semejante abriría una crisis diplomática de consecuencias difícilmente controlables, afectaría a la cooperación migratoria, policial, antiterrorista y económica con Marruecos e inevitablemente trasladaría el problema a Bruselas. La responsabilidad institucional obliga, por tanto, a exigir un nivel de prueba superior al que necesita un dirigente de la oposición, un tertuliano o cualquier ciudadano para formarse una opinión.
¿Significa todo eso que la explicación gubernamental pueda darse por buena sin más? Las evidencias acumuladas son suficientemente inquietantes como para exigir una investigación hasta el final. Los testimonios recogidos entre migrantes que cruzaron aquellos días presentan una sorprendente coincidencia: muchos llevaban años intentando alcanzar Ceuta y normalmente encontraban un dispositivo marroquí que se lo impedía, pero durante las jornadas críticas los controles desaparecieron o dejaron de actuar. Algunos aseguran incluso que los agentes les indicaban que avanzasen por el agua. Una decena de entrevistados por elDiario.es sostiene que Marruecos no los envió, pero que nadie los frenó, y atribuyen la movilización fundamentalmente al boca a boca y a las redes sociales. Esa versión respalda la tesis de la permisividad y, al mismo tiempo, introduce una cautela fundamental frente a la hipótesis de una operación organizada íntegramente por Rabat.
Ahí puede encontrarse una de las claves del episodio. Para utilizar la migración como instrumento de presión no resulta necesariamente imprescindible organizar desde un despacho el desplazamiento de decenas de miles de personas. Puede bastar con retirar durante unas horas los controles que normalmente impiden el paso y dejar que las redes sociales hagan el resto. Los propios testimonios describen cómo se extendió el mensaje de que “la frontera estaba abierta”, provocando un efecto llamada extraordinario entre personas que ya deseaban entrar en España. Si esa relajación de la vigilancia fue deliberada, quién la ordenó y con qué propósito son las preguntas que deben responder ahora los servicios de inteligencia y la investigación judicial.
Precisamente por eso la fórmula elegida por Sánchez –“incapacidad o inacción”– supone una apertura respecto a la posición anterior. El Gobierno ya no niega el comportamiento anómalo de la gendarmería, sino que concentra el interrogante en su intencionalidad y en la cadena de mando. Entre afirmar que Marruecos no tuvo nada que ver y acusar al palacio real de Mohamed VI de organizar una operación contra España existe un amplio territorio que todavía debe investigarse. El error político de La Moncloa fue dar durante demasiado tiempo la impresión de que la cautela necesaria para transitar por ese terreno equivalía a una defensa preventiva de Rabat.
Una crisis que ha revelado demasiados fallos
Ceuta ha dejado además al descubierto disfunciones preocupantes dentro del Estado. Defensa e Interior ofrecieron versiones diferentes sobre las alertas previas; el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras elaboró un informe sobre la actuación de agentes marroquíes que llegó a la Audiencia Nacional sin conocimiento del ministro del Interior; y las limitaciones impuestas en la investigación judicial contribuyeron a producir la insólita situación de que responsables policiales no pudieran informar normalmente a sus superiores sobre un documento de enorme trascendencia para la seguridad nacional. Sánchez ha anunciado una investigación para aclarar cómo funcionó esa cadena de información y ha prometido publicar los informes recibidos durante los días anteriores a la crisis.
Esa publicación es ahora imprescindible. Si los documentos demuestran, como sostiene Sánchez, que ninguna alerta anticipaba la magnitud de lo ocurrido, el Gobierno dispondrá de un argumento importante frente a quienes le acusan de haber permanecido conscientemente inactivo. Si, por el contrario, aparecen advertencias suficientemente precisas que no fueron atendidas, deberán asumirse responsabilidades. La transparencia es la única manera de reconstruir una confianza dañada después de semanas de versiones incompatibles.
También sería conveniente que el Gobierno reconociese algo que resulta bastante evidente: su reacción fue insuficiente durante las primeras fases de la crisis. La entrada de cerca de 80.000 personas no constituye solo un problema migratorio, sino una emergencia de seguridad, humanitaria, económica y política que afecta a una frontera exterior de la Unión Europea. La creación tardía de estructuras extraordinarias de coordinación y la sensación de improvisación transmitida durante varios días contribuyeron a que muchos ceutíes se sintieran abandonados. La manifestación multitudinaria de esta semana, más allá de su utilización partidista y de algunos excesos, constituye una expresión de ese malestar que ningún Gobierno responsable debería despreciar.
Marruecos, socio imprescindible y vecino incómodo
La crisis obliga igualmente a reconsiderar la relación con Marruecos. España ha realizado durante los últimos años una importante apuesta estratégica por la estabilidad bilateral, cuyo episodio más controvertido fue el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental. A cambio esperaba una cooperación sólida en materia migratoria, seguridad y control fronterizo. Los acontecimientos de julio demuestran que esa arquitectura resulta insuficiente si la estabilidad de Ceuta puede depender de que los gendarmes marroquíes decidan una determinada mañana ejercer o no los controles habituales.
Marruecos es un socio imprescindible, pero precisamente por ello debe ser también un socio previsible. España no puede mantener una relación estratégica basada en la posibilidad periódica de que una discrepancia política se traslade a la frontera. Tampoco puede ignorar las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla expresadas por miembros del Gobierno marroquí. La convocatoria de la embajadora fue una respuesta necesaria, aunque debería haber sido conocida antes por la opinión pública española.
La Unión Europea tiene igualmente una responsabilidad que no puede eludir. Ceuta no es un asunto periférico español que Bruselas pueda observar desde la distancia, sino una parte del territorio de un Estado miembro y uno de los puntos más sensibles de la frontera sur europea. Si se demostrase que la presión migratoria fue utilizada deliberadamente como herramienta política, España debería plantear el problema como una cuestión europea y no limitarlo a una negociación bilateral con Rabat.
La oposición tampoco puede sustituir las pruebas por amenazas
El desgaste del Gobierno ha abierto una enorme oportunidad política para PP y Vox, pero ambos corren el riesgo de excederse. Alberto Núñez Feijóo ha advertido a Sánchez de que “la va a pagar ante la justicia”, mientras el PP estudia posibles responsabilidades penales y Vox pretende llevar todavía más lejos la acusación mediante la figura de la traición. La ofensiva judicial se suma así a la política cuando todavía están investigándose los hechos y no se han acreditado delitos imputables al presidente.
La oposición tiene argumentos suficientes para exigir explicaciones sin necesidad de anticipar condenas. Puede cuestionar la lentitud de la respuesta, las contradicciones entre ministerios, la gestión de la información, la política hacia Marruecos o la ausencia inicial del presidente. Convertir esos reproches en amenazas de cárcel sin una base penal acreditada debilita, más que fortalece, la fiscalización política. La responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales; la política se resolverá, llegado el momento, en el Parlamento y en las urnas.
Y las urnas empiezan a aparecer en el horizonte. Sánchez afronta esta crisis en un momento especialmente delicado, con especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones generales para hacerlas coincidir o situarlas antes de las municipales y autonómicas. Ceuta amenaza con convertirse así en uno de los grandes asuntos de la próxima campaña. Para un presidente cuya principal fortaleza política ha sido durante años su capacidad para resistir situaciones aparentemente imposibles, la imagen transmitida durante esta crisis ha sido distinta: desconcierto inicial, dificultades para controlar el relato y una relación con Marruecos que una parte de la opinión pública percibe como excesivamente condicionada por Rabat. El desgaste de su liderazgo es ya objeto de análisis incluso entre voces poco sospechosas de simpatizar con la estrategia de PP y Vox.
Ceuta necesita Estado, no solamente política
Por encima de los cálculos electorales permanece la obligación inmediata de recuperar la normalidad en Ceuta. La ciudad necesita más medios de seguridad, atención humanitaria suficiente, recursos económicos y la garantía de que una situación semejante no podrá repetirse simplemente porque al otro lado de la frontera desaparezcan los controles. También necesita solidaridad territorial para atender a los menores y a las personas vulnerables, porque resulta difícil proclamar el apoyo a Ceuta y rechazar de manera simultánea cualquier participación en el esfuerzo que exige la emergencia.
Una visita del rey Felipe VI, cuando las circunstancias permitan organizarla con normalidad, tendría además un indudable valor institucional. No como gesto contra Marruecos, sino como expresión de algo mucho más elemental: los ciudadanos de Ceuta deben sentir la presencia del Estado con la misma intensidad que quienes viven en Madrid, Barcelona, Sevilla o A Coruña. La excepcionalidad fronteriza no puede convertirse en excepcionalidad de ciudadanía.
Sánchez está intentando ahora recuperar el terreno perdido mediante una posición más matizada: admite la permisividad marroquí, no descarta que pudiera haber sido deliberada, promete hacer públicos los informes y asegura que España reaccionará si aparecen pruebas. Es probablemente la posición institucionalmente correcta, pero llega después de demasiadas semanas en las que el Gobierno permitió que la prudencia fuese interpretada como pasividad y la falta de pruebas como una absolución anticipada de Marruecos.
La clave está precisamente ahí. No hay que acusar a Marruecos sin pruebas, pero tampoco protegerlo de las preguntas que las evidencias plantean. Sabemos que durante unas horas ocurrió algo extraordinario en una frontera habitualmente vigilada con enorme intensidad; sabemos que miles de personas comprendieron casi simultáneamente que podían atravesarla; sabemos que numerosos testimonios describen pasividad e incluso indicaciones de agentes marroquíes, y sabemos que el propio Sánchez reconoce ya que la gendarmería permitió el paso. Lo que todavía no sabemos es quién tomó esa decisión y por qué. Si fue incapacidad, España tendrá que exigir garantías para que no vuelva a ocurrir. Si fue una decisión deliberada de determinados mandos, habrá que conocer hasta dónde ascendía la cadena de responsabilidades. Y si finalmente se demuestra que existió una estrategia del Estado marroquí para utilizar a decenas de miles de personas como instrumento de presión contra España, la respuesta tendrá que ser firme, europea y proporcional a la gravedad de los hechos.
Sánchez parece haberse abierto finalmente a esa posibilidad. No porque disponga todavía de la prueba que le permita acusar a Rabat, sino porque políticamente ya no puede comportarse como si esa hipótesis no existiese. El Gobierno ha perdido buena parte de la batalla del relato y ahora solo tiene una manera de recuperarla: sustituir las versiones por documentos, la opacidad por transparencia y la prudencia mal explicada por una investigación que llegue hasta donde conduzcan las pruebas, aunque conduzcan a Marruecos. @J_L_Gomez en @mundiario