Trabajadores denuncian ataques, falta de respuesta empresarial y omisiones institucionales, mientras sostienen un paro para exigir el cumplimiento del contrato-ley
Texto y fotos: Camilo Ocampo
CIUDAD DE MÉXICO. – El 23 de febrero, cerca de las 15:00 horas, las máquinas de la fábrica de llantas Tornel se apagaron. Los trabajadores colgaron sus herramientas, colocaron banderas rojinegras y comenzó la huelga. Sus demandas son claras: recuperar los derechos que les fueron arrebatados desde 2017.
Tornel es una empresa de origen mexicano fundada en 1933 por los hermanos Jaime, Armando e Isauro Tornel. Durante décadas operó bajo control familiar, hasta que en 2008 fue adquirida por la firma india JK Tyre & Industries por 67 millones de dólares. Hoy, señalan los trabajadores, es este consorcio el que se niega a sentarse a negociar.
Los derechos que reclaman no son nuevos. Están establecidos en el contrato-ley de la Industria de Transformación del Hule, un convenio colectivo de carácter obligatorio en México que regula condiciones laborales, salarios, jornadas y prestaciones. Este contrato fija estándares superiores a la ley: jornadas de 40 horas, hasta 44 días de aguinaldo y primas vacacionales más amplias.
Un conflicto antaño
Su origen se remonta a 1938, cuando distintas organizaciones obreras del sector se articularon en la Coalición de Sindicatos de la Industria Hulera. Fue una conquista histórica impulsada, en parte, por sindicatos como el de la hulera Euzkadi, donde la participación de mujeres trabajadoras resultó clave para consolidar derechos laborales que marcarían a toda la industria y a los trabajadores en el país.
Sin embargo, los obreros de Tornel sostienen que esa historia también ha estado atravesada por intentos de debilitamiento sindical: falta de respuesta a sus demandas, presión interna y, más recientemente, ataques a balazos por parte de matones que buscan reventar su movimiento. La huelga actual, dicen, no surge de la nada, sino de un desgaste acumulado.
Para entender el conflicto, Félix García Díaz, secretario del Exterior de la empresa Tornel, lo resume en entrevista:
«Esta lucha empieza desde 2017, cuando el sindicato en turno nos mutiló prestaciones como las 40 horas, el aguinaldo, la prima vacacional y la cuota del IMSS. Ahorita lo que queremos es recuperar todo lo que se perdió en ese año».
Y añade que, «antes de estallar la huelga, los trabajadores intentaron otras vías. El 11 de enero activaron el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC. “No tuvimos mucho éxito. Poco a poco ese mecanismo se ha ido diluyendo y no vemos respuesta”.
A la huelga
Ante la falta de avances, el 23 de febrero presentaron el emplazamiento a huelga. Ese mismo día, al caer la tarde, la producción se detuvo.
El respaldo interno no tardó en confirmarse. El 22 de marzo, en un recuento para definir la continuidad del paro, 883 trabajadores votaron a favor y 113 en contra. Pero entre esos dos momentos ocurrió uno de los episodios más graves del conflicto.
“El 18 de marzo llegaron golpeadores a querer romper la huelga. Atacaron nuestras carpas y cuatro compañeros resultaron heridos por impactos de bala. Afortunadamente ya están fuera de peligro”, relata García Díaz. Dos de los agresores fueron detenidos: uno fue trasladado a un hospital y otro al Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli.
Días después, el 24 de marzo, se llevó a cabo una audiencia de conciliación. La empresa no asistió.
“La patronal no quiere negociar. Parece que no le interesa”, dice.
Mientras tanto, los trabajadores han buscado respaldo institucional. Han enviado solicitudes al gobierno federal y estatal, dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Delfina Gómez y a la jefa de Gobierno Clara Brugada, así como a distintas dependencias federales.
El fondo del conflicto, sin embargo, sigue anclado en el pasado. El contrato-ley que hoy defienden —explica García Díaz— no es reciente: “Viene desde hace varios años atrás. Ya contemplaba las 40 horas, 44 días de aguinaldo y primas vacacionales más altas. Todo eso lo heredamos”.
La ruptura, insiste, ocurrió en 2017, cuando el entonces secretario general, Gabriel Castañeda Rojas, aceptó modificaciones que redujeron esas prestaciones.
Desde entonces, la relación laboral cambió. “Antes, cuando los dueños eran mexicanos, se respetaba el contrato. Éramos alrededor de mil 700 trabajadores. Pero desde que llegó la transnacional en 2008 comenzaron los intentos por recortarlo, hasta que lo lograron”.
Por eso, subraya, la demanda no es extraordinaria: “No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Solo que se respete el contrato-ley”.
Falta de pagos, otra de las demandas
A esa exigencia se suma otra: el incumplimiento en los aumentos salariales. “No nos han pagado el aumento de 2025 y el de 2026 tampoco se ve reflejado. Eso también motivó el emplazamiento”, señala.
Afuera de la planta, la vida se reorganiza. Los turnos se reparten entre guardias, la comida llega por solidaridad y el tiempo se mide de otra forma. La huelga se sostiene en la convicción de no retroceder.
“La gente está firme. No nos vamos a levantar hasta que se respeten nuestros derechos”, afirma.
El apoyo externo ha sido constante. Otros sindicatos del sector hulero han acudido, así como vecinos, estudiantes y organizaciones sociales. Sobre la vía José López Portillo, los automovilistas reducen la velocidad, algunos donan, otros simplemente observan.
“Queremos agradecer a toda la sociedad. De verdad, esta lucha también se sostiene por ese apoyo”, dice García Díaz.
Y mientras la fábrica permanece detenida, con sus puertas cerradas y las banderas ondeando al frente, la exigencia se mantiene intacta: no avanzar, dicen, hasta recuperar lo que alguna vez fue parte de su vida cotidiana.
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