Entró jorobado, todavía con algunas dificultades en el tobillo derecho que le impiden caminar sin cojear. Son los estragos de su captura el 3 de enero, en Caracas y a mano de los cuerpos élite de Estados Unidos. Después de 80 días preso, Nicolás Maduro ha perdido un buen número de kilos. No menos de 10, calculo. Ya no tiene cachetes ni papada. Solo le queda la piel aguada, entre la barbilla y el cuello. Ya no más de aquel abdomen abultado que movía mientras bailaba al ritmo de Yes Peace Not War, la canción que inventó para tratar de contener la furia de Donald Trump en su contra, pero que solo sirvió para incrementarla, según han recogido los diarios estadounidenses. Los brazos también han perdido tono. Se ven todavía más delgados debajo de la amplia camisola color caqui que porta, junto con un pantalón del mismo tono. Me pareció verle más canas, tanto en el copete, como en el bigote que algún día inspiró la figura de superhéroe de la que todo mundo se burló.
En cuanto a la actitud, llegó sonriente. Esta vez, a diferencia de la primera audiencia, ya no quiso hacerse el chistoso al intentar saludar de mano a los marshals que lo esperaban en la sala. Reservó ese gesto para sus abogados encabezados, por Barry J. Pollack, un tipo famoso por haber defendido a Julián Assange, el fundador de Wikileaks, quien alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos y evitó un tortuoso juicio. Con la experiencia de más de 30 años en la espalda, Pollack arrinconó esta vez al fiscal principal del caso, Jay Clayton, en el punto que abarcó casi toda la hora y 10 minutos de acción: quién debe pagar por la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La defensa sostiene que Nicolás Maduro tiene el derecho, como cualquier otra persona, establecido en la sexta enmienda de Estados Unidos, para contar con un equipo que lo represente dignamente. También argumenta que el gobierno venezolano es quien debe pagar por ello y Estados Unidos permitirlo. La fiscalía contradice el punto bajo la idea de que la dictadura y sus recursos están bloqueados por el Departamento del Tesoro y que la expareja presidencial representa un riesgo para la seguridad nacional.
El juez del caso, Alvin Hellerstein, cuestionó con agudeza a ambas partes, a pesar de las dificultades que tiene para hablar, producto de sus 92 años. El hombre, calvo, solo con pelo en la coronilla, de ojos pequeños y que sufría una tos con flemas, le preguntó al abogado qué proponía para resolver el problema de los recursos. Él le respondió que desechara el caso, lo que provocó una carcajada generalizada en la sala y el rechazo del juez. Luego, Hellerstein le preguntó a la fiscalía cuál era el riesgo de seguridad nacional si Nicolás Maduro ya estaba detenido y, además, la administración Trump hace negocios con el régimen sudamericano. La respuesta quedó a deber y el juez les dijo que analizaría sus opciones. Mi percepción, en la cobertura para Latinus, es que se inclinará por permitir que Venezuela pague por la defensa.
En la sala, demasiada tensión. Venezolanos que escaparon de la dictadura querían ser testigos en primera fila de la caída del responsable. El marshal principal, Nick Tizzuti, tomó la palabra antes de que aparecieran los protagonistas y pidió respeto a la Corte. Advirtió que, aunque sabía que era un tema sensible, no toleraría gritos ni que alguien se levantara de su lugar. Contravenir la orden implicaría la expulsión y un posible arresto. Horas antes, había quedado clara la política de cero tolerancia. Mientras periodistas y ciudadanos hacíamos la fila en la calle, el equipo de seguridad salió para encararse con Pedro Rojas, expreso político, que le gritó a Maduro en la primera audiencia. Esta vez le dijeron que no tenía permitido el paso a la sala principal, como consecuencia.
Stent
Entre los asistentes, un niño estadounidense de 10 años. Quiere ser abogado y su papá dice que esa es la mejor escuela.