El jueves 26 de marzo de 2026 una noticia procedente de España dio la vuelta al mundo: Noelia Castillo, una joven de 25 años que sufría paraplejía había fallecido en el centro de Sant Pere de Ribes, tras recibir la eutanasia que solicitó por años.
En sus últimas declaraciones a la prensa afirmó que ya quería descansar, “porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta".
Noelia quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.
De acuerdo con las autoridades españolas, la razón por la que intentó acabar con su vida, fue después de ser víctima de violación tumultuaria.
El caso de Noelia generó un gran impacto en España, país de profunda herencia católica, después de que su padre iniciara una batalla legal para detener la asistencia para morir que los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la región de Cataluña habían autorizado para su hija.
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Noelia Castillo, joven parapléjica española, recibe la eutanasia tras larga batalla legal con su papá
Poco antes de la primera fecha fijada, en agosto de 2024, el progenitor interpuso un recurso que logró detener temporalmente el proceso.
Pero año y medio después, todas las decisiones judiciales posteriores rechazaron paralizar el proceso, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La eutanasia en México
En México, la eutanasia está prohibida por la Ley General de Salud, la cual establece que se sanciona penalmente, prohibiéndose desde el suicidio asistido hasta el homicidio por piedad pero también han dado como resultado la regulación de la voluntad anticipada, que es la figura mediante la cual se regula la ortotanasia.
No obstante, ha habido inquietud por parte de los legisladores en despenalizar la eutanasia y regularla. Hablamos de la iniciativa ciudadana denominada “Ley Trasciende”, redactada por la Samara Alejandra Martínez Montaño y respaldada por senadoras y senadores de diferentes grupos políticos.
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Esta propone incorporar el Título Octavo Ter “Eutanasia” a la Ley General de Salud, justo después del Título Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”, con el fin de regular el derecho a la eutanasia en México y derogar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud en lo relativo a la prohibición de la eutanasia.
Esta propuesta se inspira en la lucha de miles de personas que, a través de su valentía y testimonio público, ha visibilizado la realidad de quienes enfrentan condiciones de salud que limitan su calidad de vida de manera irreversible.
En este mismo tenor, la abogada, activista y también redactora de la Ley Trasciende, Paola Zavala, explicó los fundamentos jurídicos de la propuesta.
Durante un conversatorio organizado por la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD) la activista dejó en claro que el principal objetivo de la Ley Trasciende es abrir una discusión seria y profunda sobre la regulación de la muerte asistida, centrada en el reconocimiento de la dignidad humana y en el derecho que tienen las personas a tomar decisiones informadas sobre el final de su vida. Esto aplica especialmente cuando enfrentan enfermedades terminales, crónico-degenerativas o incapacitantes que generan sufrimiento prolongado e irreversible.
En entrevista con la periodista Maribel Ramírez Coronel, Zavala subrayó que la iniciativa busca construir un marco legal claro y preciso que otorgue certeza jurídica tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Actualmente, existe un vacío legal en México que genera incertidumbre e inseguridad, por lo que resulta fundamental avanzar hacia una regulación que establezca criterios claros, protocolos y salvaguardas bien definidos.
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El impacto de las enfermedades terminales y padecimientos irreversibles en México
El impacto de las enfermedades terminales y padecimientos irreversibles en México subraya la urgencia de esta reforma. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se registraron 89,574 defunciones por tumores malignos relacionados con el cáncer, con una tasa de mortalidad que ha aumentado y está en aumento ya que, en 2012 se registraban 62.04 defunciones por tumores malignos por cada 100,000 personas aumentando a 68.92 en 20221.
Esto significa que, en una década debido al aumento de estos casos, un millón de personas morirán por tumores malignos.
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La mayoría de estas personas enfrentan dolores físicos y psicológicos intensos, antes de morir. De aprobarse esta iniciativa muchas de estas personas podrían - si es su voluntad – evitar prolongar el sufrimiento de su última etapa de vida.
Cabe recordar que existen muchas enfermedades en etapa terminal o crónico degenerativas discapacitantes y amenazantes que evidencian la necesidad de ofrecer opciones legales para quienes, en estas condiciones, buscan una muerte sin prolongar el sufrimiento.
Respaldo social a la muerte digna
De acuerdo con la iniciativa, la sociedad mexicana ha mostrado un creciente apoyo a la legalización de la eutanasia, reflejando un cambio cultural hacia el reconocimiento de la muerte digna como un derecho.
La Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, siete de cada diez personas mexicanas respaldan la legalización de la eutanasia6 , evidenciando un consenso significativo en favor de garantizar a las personas la libertad de decidir sobre su muerte en casos de enfermedades y crónico degenerativas.
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Este respaldo social, también se ve impulsado con miles de firmas a favor de la “Ley trasciende” que acompañan esta iniciativa y que constan en la plataforma Change.org, lo que demuestra que la sociedad mexicana está lista para entender de manera madura y empática este tema.
Este apoyo legitima la necesidad de esta reforma, y subraya la responsabilidad del Estado de responder a las demandas ciudadanas. La incorporación del Título Octavo Ter a la Ley General de Salud responde a esta voluntad popular, ofreciendo un marco legal que protege la autonomía de las personas mientras establece salvaguardas estrictas para evitar abusos.