Guanajuato, Gto.- Elementos de la Guardia Nacional reconocieron que no había razón para que sus compañeros Jesús “N” e Iván “N” dispararan a la camioneta en la que viajaba Ángel Yael, estudiante de Agronomía que murió hace casi cuatro años en Irapuato. El convoy estaba por terminar un recorrido por tomas clandestinas de huachicol cuando se desató la tragedia.
En el juicio contra Jesús “N” e Iván “N”, el capitán Becerra relató que el 27 de abril de 2022 salieron a recorrer las tomas clandestinas de huachicol del poliducto Salamanca-León de Pemex para evitar el robo de hidrocarburos. Esto, bajo el mando del coronel Nieto, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El convoy estaba compuesto por dos patrullas de la Guardia Nacional y dos de la Sedena. Como prueba, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una hoja en la que se detalla las armas y municiones que llevaba cada elemento. Iván “N” portaba un arma tipo fusil FX calibre 5.56 y Jesús “N” también una tipo fusil modelo LR 308 Panther calibre .308.
El estudiante Ángel Yael fue asesinado en Irapuato en el 2022 cuando iba en una camioneta blanca. Foto: Archivo AM
Desde la 1 de la tarde comenzaron el recorrido desde el kilómetro 36, en Silao, hacia el poliducto 8, tramo Salamanca-León, ubicado a 500 metros de donde los estudiantes convivían en Ex Hacienda El Copal, que justamente era el último punto a revisar.
En su testimonio, tanto el capitán Becerra como otros tres elementos a su cargo coincidieron en que, cuando el convoy estaba a unos 300 metros de los estudiantes, estos “habrían huido”.
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Al ser una zona de robo de hidrocarburos, los castrenses se acercaron. Sin embargo, todos aseguraron que, de acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, tienen prohibido iniciar una persecución, por lo que se quedaron en el lugar.
El cabo César confirmó que, cuando se detuvieron, Jesús “N” e Iván “N” se bajaron de la caja de la camioneta y “cortaron cartucho”; luego se habrían posicionado. Después se escuchó un disparo.
Becerra, quien iba en la parte delantera del vehículo, escuchó la primera detonación y, al tiempo en que se baja de la camioneta, escucha el segundo disparo y pide que dejen de disparar.
Pablo González Sierra, abogado de las víctimas, presentó el oficio en el que se le ordenaba a Becerra el servicio de vigilancia de los ductos.
El 27 de abril de 2022 fue asesinado Ángel Yael Ignacio Rangel tras una persecución con la Guardia Nacional en una comunidad de Irapuato. Foto: Archivo AM y María José Soto
En este documento se estipuló que todas las acciones debían ser documentadas para verificar el comportamiento del personal, que se comportara de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de la Guardia Nacional y en apego a los derechos humanos.
Además, todas las acciones debían quedar fotografiadas y videograbadas, en especial durante algún aseguramiento o para evitar alguna queja. Sin embargo, el propio capitán reconoció que para ese servicio no había suficiente equipo para todos los elementos, por lo que no hubo ninguna grabación.
Los compañeros de los imputados trataron de justificar que la zona es un punto peligroso debido al robo de hidrocarburos, aunque las tomas clandestinas estaban inactivas. Pero antes de la tragedia, el recorrido de vigilancia lo hicieron diariamente entre una y tres veces; en total habrían sido más de 30 ocasiones desde que se los asignaron.
Becerra aceptó que en todas esas ocasiones nunca detuvieron a nadie, mientras que sus subordinados reconocieron que no había ningún motivo para que los elementos accionaran sus armas, pues no había ninguna situación de peligro.
Además, nunca les marcaron el alto a los estudiantes de ninguna manera, es decir, ni con el pato, ni con la torreta ni con algún comando de voz. Tampoco les encontraron ninguna sustancia ilícita ni algún objeto ilegal a los estudiantes después de la revisión.
Por lo anterior, a finales de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de Ángel Yael y a la integridad personal de las otras tres víctimas.
Ya que se advirtió que los elementos de la Guardia Nacional no actuaron de acuerdo con los principios contenidos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, ni conforme a lo establecido en los principios que rigen el uso legítimo de las armas de fuego.
“Para qué se van”, dijeron militares
Previamente en el juicio, las víctimas sobrevivientes del ataque dijeron que apenas avanzaron unos metros cuando escucharon un disparo y, por miedo, el conductor aceleró al punto de rebasar otros dos automóviles.
En el sitio se encontró un casquillo percutido calibre .308 Winchester, el cual habría atravesado el medallón de la camioneta, la cabecera del copiloto e impactado a Ángel.
Metros más adelante se encontraron con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes iniciaron la persecución detrás de la camioneta EcoSport y luego dispararon sobre el vehículo para detenerlo.
El Guardia Nacional que mató al estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, está detenido en Irapuato bajo investigación. Foto: Archivo AM
Una de las víctimas relató que notó que Ángel Yael estaba herido, así como otra de sus compañeras.
Al detenerse y bajarse del vehículo, preguntó a uno de los oficiales la razón por la que les dispararon, a lo que este habría contestado: “pues para qué se van”. Sin embargo, los tres sobrevivientes relataron que antes de eso en ningún momento les marcaron el alto con un comando de voz.
Desde ahí supuestamente habría salido el disparo que impactó en el medallón y le causó la muerte a Ángel, así como una fractura de húmero, omóplato y clavícula a otra de las víctimas. La todavía estudiante relató que fue necesaria la reconstrucción del hombro y, aunque a casi cuatro años el dolor es menor, su movilidad es limitada.
Itzel, Dania y Julieta, parte de los más de 29 testigos en el juicio por la muerte del estudiante y las lesiones a otra joven en la Ex Hacienda El Copal, habrían sido interceptadas por una camioneta de la Guardia Nacional antes de escuchar dos disparos.
Dania relató que el 27 de abril de 2022 salieron de presentar exámenes en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato, y fueron a buscar a Paco, un compañero que les daría un aventón.
Se reunieron con él y otros 20 estudiantes aproximadamente cerca de las 2 de la tarde en la “Barda de Parra”, un terreno baldío en el que comúnmente se juntaban a convivir. Ahí estuvieron cerca de dos horas. Después comenzaron a retirarse en diferentes vehículos.
Las tres estudiantes abordaron una camioneta Hilux y, cuando estaban arrancando, vieron que se acercaban cuatro patrullas de la Guardia Nacional y de la Sedena. Justamente, la unidad de la GN que abría la caravana les dio alcance y les cerró el paso.
Dania dijo que vio cómo los elementos Jesús “N” e Iván “N” se habrían bajado para ponerse frente a la camioneta, hincarse y empuñar sus armas. Después se escucharon dos disparos. Las tres estudiantes coincidieron en que otro oficial, quien parecía ser un superior, gritó: “¡por qué disparan! Son unos pendejos (sic)”.
Preguntamos por qué dispararon, dijo (el superior) que era al aire, dijimos no, dispararon directamente. Él volteó y dijo: por qué dispararon, son unos pendejos, la cagaron, eran estudiantes (sic)”, exclamó Julieta quien detalló que otros elementos de la GN les revisaron sus mochilas e identificaciones.
Las tres jóvenes coincidieron en que, luego de los disparos, se enteraron de que una bala impactó en la camioneta EcoSport blanca en la que viajaban sus compañeros y que Ángel murió por un disparo en la cabeza, mientras que otra estudiante terminó con el hombro destrozado.
Caso Ángel Yael moviliza
El suceso conmocionó a la comunidad universitaria desde hace cuatro años con la exigencia de justicia y seguridad. Foto: Archivo AM
La Universidad de Guanajuato mantiene el acompañamiento a los familiares de Ángel Yael, alumno asesinado en el año 2022. La institución educativa otorga soporte de carácter psicológico mientras se desarrollan las etapas correspondientes en los juzgados.
La rectora de la institución Claudia Susana Gómez López indicó que permanecen atentos al desarrollo legal. El aplazamiento de las sesiones generó reacciones por parte de la asesoría jurídica de las víctimas en los tribunales de la región.
Por su parte, el secretario Jorge Daniel Jiménez Lona declaró que la reactivación de las diligencias representa una señal positiva para los involucrados. El funcionario estatal recalcó que las acciones registradas no poseen argumentos válidos.
En las comparecencias se presentaron relatos sobre las circunstancias que rodearon el suceso en Irapuato. Testigos presenciales describieron las acciones de los cuerpos de seguridad durante el despliegue operativo en el área señalada.
La diligencia judicial programada inicialmente se postergó debido a la ausencia de los representantes legales pertenecientes a los acusados. Ante esto, la autoridad judicial determinó establecer una nueva fecha para la reanudación de actividades.
Las investigaciones recaen sobre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las dependencias gubernamentales mantienen la coordinación para dar seguimiento a las peticiones planteadas por los afectados.
Los testimonios vertidos por excompañeros de aula detallaron la dinámica de los disparos efectuados en las inmediaciones del campus. Las versiones describieron la trayectoria del proyectil y la movilización de las unidades oficiales.
JB