Que alguien me explique qué pasó. Parece poco creíble que en cualquier país, pero con mayor razón en uno hiperpresidencialista como el nuestro, una iniciativa turnada desde el Poder Ejecutivo corra la suerte como la que tuvo la propuesta de reforma electoral presentada por la doctora Claudia Sheinbaum.
Para entender el momento actual es necesario mirar hacia atrás. El antecedente inmediato se encuentra en el intento de reforma político-electoral promovido por Andrés Manuel López Obrador en 2022.
Aquella propuesta no prosperó al carecer de mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el llamado “Plan B”, diseñado como una reforma legal para sortear el obstáculo constitucional, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a irregularidades en el procedimiento legislativo.
Lejos de cerrar el capítulo, el entonces presidente dejó sembrada la ruta de un “Plan C”, retomado ahora por Claudia Sheinbaum.
El eje de la propuesta ha sido claro: rediseñar la representación política —con una reducción de la representación proporcional en primera instancia o al menos definir nuevas rutas para ocupar esas posiciones—, disminuir el financiamiento público a los partidos y ajustar las capacidades operativas de las autoridades electorales.
En sus versiones más radicales, incluso se planteó la desaparición de los organismos públicos locales electorales.
No sorprende el contenido de la pretendida reforma; se trataba de garantizar la continuidad de la 4T, disminuir a la oposición alterando las reglas de equidad en la competencia política y consolidar el proceso de cooptación de las autoridades electorales.
Lo que sorprende es la insistencia en impulsarla aun sin contar con los votos necesarios.
Ni el Partido Verde Ecologista de México ni el Partido del Trabajo estuvieron dispuestos a acompañar una iniciativa que afectaba directamente su supervivencia política y financiera.
Aun así, la presidenta envió la propuesta al Congreso, la misma que fue rechazada. La ajustó parcialmente y volvió a presentarla ahora al Senado, con un destino igualmente previsible, de manera tal que la intención estructural que culminaba el rediseño del Estado mexicano revirtiendo la democratización quedó solo en un atropello al federalismo.
¿Cómo explicar esto en un sistema donde las iniciativas presidenciales se negocian y aseguran antes de ser enviadas, con mayor razón si se trata de “arreglarlo” con los aliados? No suelo especular; sin embargo, en esta ocasión aventuraré algunas hipótesis.
Una primera hipótesis es de carácter político-comunicacional. La presidenta puede estar buscando cumplir con “compromisos de campaña”, como ella lo ha sostenido, aun a sabiendas de que no se concretarán legislativamente.
Bajo esta lógica, el mensaje es claro: la Ejecutiva cumple; si la reforma no avanza, la responsabilidad recae en los aliados o en la oposición.
Una segunda lectura apunta a la construcción de agenda. En momentos en que México enfrenta presiones externas —particularmente en la relación con Estados Unidos en materia de seguridad y de cara a la revisión del tratado comercial regional—, colocar la reforma electoral en el centro del debate podría funcionar como una cortina de humo que desplace la atención pública de temas más sensibles para la gobernabilidad.
Pero existe una tercera hipótesis, más inquietante, que remite a la disputa real por el poder. La insistencia en adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 no es un detalle menor.
De concretarse, permitiría a la presidenta aprovechar su capital político para influir decisivamente en las elecciones intermedias —gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos— y consolidar un liderazgo propio, restándole peso al ahora vital respaldo de quien la postuló.
Desde esta perspectiva, la resistencia de algunos aliados podría no explicarse solo por cálculos partidistas, sino por dinámicas más profundas dentro del propio bloque gobernante.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién ejerce hoy el poder político en México? ¿La titular del Ejecutivo o su antecesor, que mantiene influencia en estructuras partidistas y de gobierno?
No hay respuestas definitivas, pero sí indicios de una transición aún inconclusa. La reiteración de iniciativas condenadas al fracaso legislativo no parece un error de cálculo; más bien, revela tensiones internas, estrategias de posicionamiento y, posiblemente, una pugna por el control del proyecto político.
En un sistema que durante décadas giró en torno a la figura presidencial, el hecho de que el Congreso rechace, una y otra vez, propuestas del Ejecutivo no solo ofrece la lectura de la ruptura de inercias históricas, sino que también abre una ventana para observar, con mayor nitidez, las fisuras del poder en México.