MORELIA, Mich., 30 de marzo de 2026.- En Morelia, jóvenes y padres de familia respaldaron la llamada Ley Cazzu, iniciativa que se analiza en el Congreso de Michoacán para retirar facultades legales a progenitores ausentes que, sin cumplir con sus obligaciones, mantienen poder para decidir sobre trámites de sus hijos.
En un sondeo realizado este lunes por Quadratín en calles de la capital michoacana, la constante fue clara: los derechos parentales deben estar condicionados al cumplimiento de responsabilidades.
“Pues no estoy de acuerdo, yo creo que debería de haber al menos como responsabilidad para poder decidir sobre el menor”, señaló Alondra, al cuestionar que padres que no aportan ni económica ni emocionalmente puedan intervenir en decisiones clave.
Alondra (Foto: Nicolás Juárez/Quadratín Michoacán)En el mismo sentido, sostuvo que la paternidad no puede limitarse a un vínculo biológico. “Yo creo que se debe hacer mucho más que solamente ser padre biológico, sino asumir responsabilidades, gastos y estar siempre al pendiente del menor para poder decidir”.
Laird coincidió en que el ejercicio de derechos debe estar vinculado a la presencia activa en la vida de los hijos.
Laird (Foto Nicolás Juárez/Quadratín Michoacán)“Un padre para poder tener derecho sobre la vida de un hijo tiene que estar presente de muchas maneras, tanto emocional, a lo mejor económicamente, psicológicamente, más que solamente ser el padre”.
No obstante, introdujo un matiz sobre posibles excepciones. “A lo mejor sería una situación muy en específico, a lo mejor sí sería un trabajo que te exigiera completamente estar fuera de la vida de un hijo, pero eso no inhibe que puedas involucrarte de otras maneras, no hay excusa”.
Sobre la iniciativa, consideró que “está perfecto”, aunque advirtió que su aplicación debe ser cuidadosa: “sería muy necesario que se aplicara de manera muy correcta, tendría que estudiarse muy bien para aplicarse a las situaciones distintas que pudiera haber”.
Alfredo (Foto: Nicolás Juárez/Quadratín Michoacán)Desde otra perspectiva, Alfredo fue más directo al respaldar la propuesta.
“Sí estaría bien que le quitaran el derecho a opinar si no se hace cargo, y no solo a eso, a muchas otras cosas, pero obligarlos a que les den de comer cuando menos”.
El planteamiento legislativo también fue avalado por Marco Antonio Torres, quien subrayó la relación entre derechos y obligaciones. “Si no cumples con tus obligaciones, no tienes por qué tener derechos, derechos y obligaciones van de la mano”.
Marco Antonio Torres (Foto: Nicolás Juárez/Quadratín Michoacán)Agregó que la reforma responde a una necesidad estructural. “Sí se necesita, porque si queremos ser un país primermundista tenemos que tener esas leyes”.
Sin desconocer la complejidad de los casos familiares, los entrevistados se inclinaron por limitar el poder jurídico de padres ausentes, en un contexto donde el debate legislativo apunta a colocar en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
En el caso de Michoacán la llamada Ley Cazzu, fue promovida por la diputada del partido Verde Sandra Arreola Ruiz, quién plantea una reforma constitucional que todavía está en análisis de las comisiones legislativas.
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