Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, resaltó que la elección del Poder Judicial debe posponerse al 2028 con la finalidad de no empatarla con los comicios intermedios de 2027.
Con el objetivo de preservar su carácter imparcial, técnico y ajeno a intereses partidistas.
Asimismo, señaló que la experiencia del proceso electoral judicial de 2025 evidenció la necesidad de mejorar tanto los tiempos como la logística de la elección.
Ramírez Cuéllar subrayó que diferir la elección permitiría la operación de un proceso electoral propio, con información focalizada únicamente en lo judicial y condiciones que favorezcan una participación informada, evitando la saturación del electorado y fortaleciendo la legitimidad del nuevo modelo de elección judicial.
Advirtió que la coincidencia con el proceso electoral más grande en la historia reciente del país, en el que se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y un gran número de ayuntamientos, podría generar un entorno de alta presión política que pondría en riesgo la independencia judicial.
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En ese sentido, destacó que la naturaleza de ambas elecciones es distinta: “mientras que en las elecciones judiciales se trata de elegir a personas que ejercerán una función jurisdiccional, en el resto de los cargos a elegir se trata de una competencia entre un conjunto de fuerzas partidistas presentando su oferta política ante el electorado. Por eso no pueden operarse bajo una misma lógica electoral”.
Cuéllar plantea ruta integral para el perfeccionamiento de la elección del Poder Judicial
En este contexto, el legislador planteó una ruta integral para el perfeccionamiento del proceso de democratización del Poder Judicial, iniciado en 2024.
Esta ruta está basada en cinco grandes reformas. En primer lugar está justamente el tema de recorrer la fecha de la elección.
En segundo término, subrayó la necesidad de establecer reglas claras en materia de propaganda y promoción del voto, a fin de garantizar la equidad y preservar el carácter no partidista de este ejercicio.
Como tercer eje, planteó reducir el número de candidaturas, con el propósito de facilitar una evaluación más objetiva, centrada en la trayectoria, el mérito y el conocimiento técnico de las personas aspirantes.
En el mismo sentido, su propuesta también incluye el establecimiento de mecanismos de certificación de competencias de las personas candidatas, que garanticen la idoneidad profesional de quienes participen en el proceso.
En cuarto lugar, planteó reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones: una de asuntos administrativos y laborales y otra de asuntos penales y civiles.
Lo anterior, con el objetivo de agilizar y hacer más eficiente la resolución de los asuntos.
“Es evidente que la Suprema Corte tiene una enorme carga de trabajo; es necesario desahogar los asuntos con mayor agilidad y, probablemente, una forma de lograrlo sea mediante el establecimiento de dos secciones para dividirse la atención a los temas”, señaló.
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Como un quinto componente, el legislador subrayó la necesidad de fortalecer la arquitectura institucional del sistema judicial, mediante una mejor coordinación entre el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Suprema Corte.
Finalmente, Ramírez Cuéllar enfatizó que el objetivo de estas propuestas es consolidar un Poder Judicial más profesional, eficiente e independiente, en el que la ciudadanía pueda confiar plenamente. Lo cual dijo, “es el espíritu de la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024”.
“Se trata de garantizar que la democratización del Poder Judicial se realice con bases sólidas, privilegiando el mérito, la imparcialidad y la calidad técnica por encima de cualquier interés político”, concluyó.