“Me dijeron que tenía que enseñarle el mundo a mi hijo, no que tenía que enseñarle al mundo de él”.
Cada año, puntual como el calendario y vacía como promesa de ciertas campañas, llega la primera semana de abril con sus fachadas iluminadas de azul. El Palacio de Gobierno destella. Los ayuntamientos publican comunicados. Las instituciones educativas arman sus mesas informativas. Las redes sociales se inundan de lazos celestes y frases edificantes. Y después, el día 3, todo vuelve a ser exactamente igual.
Ciudad Juárez, que se jacta de su capacidad de reinventarse, de sobrevivir a sus propias crisis, de levantarse entre las cenizas de su historia más dolorosa, de su resiliencia —que se ve opacada por personas que secuestran instituciones e implementan agendas propias—, genera que nuestra ciudad siga siendo un territorio hostil para las familias que conviven diariamente con el Trastorno del Espectro Autista (TEA). No por maldad, sino por algo peor: por indiferencia institucionalizada.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud correspondientes a 2021, aproximadamente una de cada 127 personas en el mundo vive con esta condición. Hablamos, en el contexto de una ciudad con más de un millón 500 mil habitantes, de miles de familias que navegan sin brújula, sin red de contención suficiente y, en muchos casos, sin diagnóstico oportuno. Las listas de espera en los servicios de salud pública para una evaluación especializada en neurodesarrollo pueden extenderse meses, y esto ya ocurre incluso en el sector privado. Las familias de escasos recursos, que son la mayoría, no tienen la posibilidad de costear una evaluación privada que puede superar los cinco mil pesos. El diagnóstico tardío no es un dato estadístico frío: es un niño que llega a los ocho o nueve años sin intervención temprana, con una ventana terapéutica que ya no se recupera.
El marco jurídico existe y es sólido. México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La legislación federal de 2015 establece obligaciones concretas. El estado de Chihuahua tiene su propio andamiaje normativo en materia de inclusión. El problema no está en las leyes, sino en la profunda distancia que existe entre el texto de la norma y la vida cotidiana de quien la necesita. Es una brecha que cualquier abogado reconoce con amargura: el derecho sobre el papel y el derecho en la práctica son realidades asimétricas.
El sistema educativo en Juárez, desbordado y mal financiado, sigue sin estar preparado para garantizar una inclusión real. Los grupos de Unidades de Educación Especial (USAER) operan con plantillas insuficientes. Los maestros de aula regular, sin culpa alguna, enfrentan a diario condiciones para las que nadie los capacitó. La capacitación docente en materia de neurodiversidad no es una práctica sistemática ni obligatoria, sino la excepción de quien, por vocación propia, decide ir más allá. La ciudad tampoco acompaña: calles sin accesibilidad, transporte público que no considera la sobrecarga sensorial, espacios de recreación diseñados desde una sola idea de lo que significa ser niño.
La exclusión, conviene decirlo con claridad, no siempre usa letreros. No hay una señal en la entrada de la escuela que diga: “Aquí no caben todos”. Pero los muros están ahí, invisibles y sólidos. Están en el aula donde un maestro no sabe cómo manejar una crisis sensorial. Están en la oficina de recursos humanos que descarta sin leer el currículo de un joven con TEA. Están en el vecino que mira con desconfianza al adolescente que camina diferente por la calle. La neurodivergencia no pide permiso para existir, pero el sistema sigue exigiéndole que se adapte a reglas que no fueron pensadas para ella.
Hace algunos años escribíamos sobre este mismo tema, en un momento en que el ambiente electoral comenzaba a calentar motores. Se les recordaba entonces a los aspirantes que la agenda de la discapacidad y la neurodiversidad no podía seguir siendo ornamento de campaña. Hoy, en 2026, con la contienda electoral nuevamente en el horizonte y la grilla política local resonando en cada café y cada reunión de trabajo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién de los que aspiran a gobernar esta ciudad y este estado tiene algo concreto que decir sobre esto? No frases. No compromisos etéreos. Propuestas. Presupuesto. Indicadores.
Porque la retórica de la inclusión sin condiciones materiales no es inclusión: es simulación bien vestida. Y Juárez ya tiene demasiada experiencia en distinguir entre las dos.
Lo que se necesita no es extraordinario ni utópico. Se necesitan centros de diagnóstico con tiempos de espera razonables y acceso gratuito. Se necesita capacitación docente obligatoria, continua y evaluada. Se necesitan programas reales de inserción laboral que vayan más allá de la foto de la empresa responsable. Se necesita una ciudad que, cuando diga que es incluyente, lo pueda demostrar con evidencia y no solo con iluminación de fachadas.
Retomando la frase usada al inicio, hay una diferencia profunda entre enseñarle el mundo a un hijo y tener que enseñarle al mundo sobre él. Las familias que conviven con el TEA llevan años haciendo lo segundo, cargando una pedagogía que no les corresponde y una lucha que debería ser, en primera instancia, responsabilidad del Estado.
Este 2 de abril no debe ser otra fecha simbólica que se disuelve en el olvido. Debe ser un recordatorio de lo que sigue sin resolverse. La deuda con estas familias en Ciudad Juárez no se paga con edificios azules. Se paga con política pública real, con presupuesto etiquetado, con voluntad política que no desaparezca al siguiente día. ¡No es un favor, es un derecho!