CUERNAVACA, Mor., 31 de marzo de 2026.- El Poder Judicial de Morelos atraviesa la transformación interna más profunda de su historia contemporánea. Con la entrada en vigor de la reciente reforma judicial, las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han dejado de ser los actores centrales en la toma de decisiones, quedando sujetos a un nuevo esquema de control que prioriza la gestión administrativa sobre la voluntad del Pleno.
Este giro de fondo se materializó con la emisión del Acuerdo AG/03/2026-SO, el primero en su tipo emitido por el Órgano de Administración Judicial. A través de este documento, se ordenó la nueva adscripción de los integrantes del tribunal en las sedes de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, una facultad que históricamente era exclusiva del Pleno de los 22 magistrados.
El fin de la era del Pleno
Hasta antes de febrero de 2026, el Pleno del TSJ era considerado la máxima autoridad interna, donde las decisiones de adscripción y organización se tomaban de manera colegiada. Sin embargo, el nuevo diseño institucional aprobado por el Congreso del Estado ha trasladado estas facultades estratégicas a una instancia administrativa que ahora ostenta un papel preponderante.
Este cambio no solo reconfigura el organigrama, sino que coloca al Órgano de Administración Judicial como el verdadero centro de control operativo y presupuestal, situándolo, en la práctica, por encima de la autonomía que anteriormente gozaban los juzgadores de segunda instancia.
Debate sobre la autonomía judicial
Especialistas en derecho constitucional advierten que este modelo marca un “parteaguas” que podría vulnerar la independencia interna. Al quedar las adscripciones —es decir, el lugar y la materia donde cada magistrado imparte justicia— en manos de un ente administrativo, se reduce el margen de acción de los magistrados, quienes ahora deben acatar disposiciones verticales en lugar de participar en acuerdos horizontales.
El nuevo esquema redefine el rol del magistrado en Morelos: de ser un integrante de la cúpula de decisión, pasa a ser un funcionario sujeto a las directrices de un órgano de control con amplias facultades. Este reequilibrio de fuerzas es visto por algunos sectores como una necesaria modernización administrativa, mientras que otros lo señalan como una estrategia de control político sobre el Poder Judicial del Estado.
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