La negociación del nuevo decreto de vivienda ha entrado en sus horas decisivas. A menos de un día de que el Consejo de Ministros estudie el paquete de medidas, las formaciones situadas a la izquierda del PSOE han decidido coordinar sus demandas y elevar la presión sobre el principal partido del Gobierno.
La imagen escogida para escenificar ese frente común ha sido especialmente significativa: representantes de Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns, Compromís, ERC, EH Bildu y BNG se han concentrado este lunes frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresada Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha convertido la vivienda en uno de los grandes focos del debate político.
El mensaje compartido es claro: las fuerzas de izquierdas quieren que el decreto incorpore medidas de mayor alcance y no se limite a un acuerdo de mínimos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las conversaciones con los socialistas todavía están lejos de cerrarse, mientras Ernest Urtasun ha defendido la posibilidad de alcanzar un acuerdo que responda a la presión social.
Uno de los asuntos que más está complicando las conversaciones es la duración de los contratos de alquiler. Sumar reclama una prórroga reforzada de dos años para los contratos que venzan antes de 2028. Según fuentes del espacio minoritario del Gobierno, este era uno de los puntos acordados inicialmente durante las negociaciones del pasado julio, pero ahora existiría una discrepancia sobre su duración.
La cuestión tiene una importancia especial porque afecta directamente a los inquilinos que se encuentran con contratos próximos a finalizar en un mercado donde los nuevos alquileres pueden implicar un incremento considerable del gasto mensual.
Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE también reclaman mecanismos de renovación automática y una mayor protección para las familias vulnerables. El PSOE, por su parte, intenta cerrar un texto que pueda contar con apoyos parlamentarios suficientes. Esa necesidad introduce una dificultad adicional: las exigencias de Sumar y de otros grupos de izquierdas deben convivir con las posiciones de formaciones como Junts y PNV, cuyos votos pueden resultar necesarios para que el decreto salga adelante posteriormente en el Congreso.
Regular los alquileres de temporada y por habitaciones
Otro de los grandes objetivos de las fuerzas de izquierda es modificar el tratamiento de los alquileres de temporada y de habitaciones. Sumar considera prioritario regular estas modalidades para evitar que puedan utilizarse para sortear las condiciones aplicables al alquiler de vivienda habitual. La regulación del alquiler por habitaciones quedó fuera de la Ley de Vivienda aprobada en 2023 y se ha convertido desde entonces en una de las reivindicaciones de los movimientos de inquilinos.
La propuesta busca diferenciar mejor entre los alquileres que responden realmente a una necesidad temporal y aquellos que, pese a formalizarse bajo esa modalidad, cumplen en la práctica una función residencial estable. Las formaciones que han unido sus fuerzas consideran que esta cuestión debe formar parte del decreto que llegue al Consejo de Ministros y no quedar aplazada para una futura reforma.
El segundo gran bloque de reivindicaciones tiene que ver con los procedimientos de desahucio. Las fuerzas de izquierda reclaman mayores garantías para las personas vulnerables y un marco que permita evitar que determinadas familias pierdan su vivienda sin disponer de una alternativa habitacional.
El caso de Maricarmen ha funcionado como catalizador de estas demandas. Su desahucio, producido la semana pasada en Madrid, provocó movilizaciones y volvió a situar el problema de la vivienda en el centro de la conversación pública. El bautizado por algunas de estas organizaciones como “Decreto Maricarmen” pretende precisamente convertir ese caso en el punto de partida de nuevas medidas de protección. La presión no procede únicamente de los partidos. El Sindicato de Inquilinas también ha reclamado que el decreto incluya las medidas que considera necesarias para reforzar la posición de los arrendatarios.
Los pisos turísticos también entran en la negociación
El decreto incluye además medidas relacionadas con los pisos turísticos. El Gobierno ha planteado modificaciones fiscales y otras fórmulas para actuar sobre un fenómeno que genera especial preocupación en las ciudades y zonas con mayor presión residencial. Las fuerzas de izquierda reclaman que también se aborde el posible fraude asociado a la utilización de determinadas fórmulas de alquiler turístico o temporal.
El objetivo declarado es evitar que viviendas que podrían destinarse al mercado residencial queden fuera de él mediante fórmulas que permitan obtener una rentabilidad superior.
El desahucio de Maricarmen ha añadido una presión social que no estaba presente con la misma intensidad en las anteriores negociaciones. Las protestas en Madrid y otras ciudades han convertido el caso en un símbolo de la dificultad para acceder y conservar una vivienda, y las formaciones de izquierda han aprovechado esa movilización para reclamar al PSOE un cambio en el contenido del decreto.
La propia elección del Hospital Gregorio Marañón para la comparecencia conjunta buscó conectar directamente la negociación política con la situación de la mujer que ha desencadenado las últimas movilizaciones. El PSOE se encuentra así ante una negociación en la que no solo debe cuadrar las posiciones de sus socios de Gobierno, sino también intentar construir una mayoría parlamentaria capaz de respaldar el texto.
Las próximas horas serán decisivas
El Gobierno pretende llevar el decreto al Consejo de Ministros de este martes, pero las conversaciones continúan abiertas. Las últimas horas están centradas en determinar qué medidas se incorporan definitivamente y cuáles quedan fuera o se trasladan a futuras negociaciones.
Para Sumar y el resto de la izquierda parlamentaria, algunos puntos son especialmente difíciles de abandonar: la prórroga de los alquileres, la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y medidas contra determinadas operaciones especulativas.
Para el PSOE, el desafío pasa por cerrar un texto que combine esas demandas con la posibilidad de obtener los apoyos parlamentarios necesarios.
La negociación entra así en su tramo final con posiciones todavía alejadas en algunos aspectos. La vivienda se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre los socios del Gobierno y, al mismo tiempo, en una cuestión capaz de unir a distintas fuerzas de la izquierda parlamentaria frente al PSOE.
El Consejo de Ministros de este martes será el primer momento decisivo: allí se conocerá hasta dónde han llegado finalmente las concesiones y qué medidas quedan dentro del decreto que pretende responder a una crisis de vivienda que ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política. @mundiario
