“Cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente” Adelardo López de Ayala

Durante años, catorce millones de mexicanas y mexicanos han hecho un esfuerzo enorme para asegurarse un futuro más tranquilo ante la enfermedad; hoy sienten que ese esfuerzo se les está desmoronando entre recortes, la inflación médica y decisiones fiscales alejadas de la realidad de las familias. 

En el papel, México reconoce el derecho a la protección de la salud y la cobertura universal. En la vida diaria, lo que encontramos son consultorios públicos cerrados, hospitales sin especialistas ni material para operar y recetas que se convierten en listas de compras imposibles de pagar.

Cuando falta el medicamento o el estudio en el hospital público, la cuenta se traslada, sin anestesia, al bolsillo familiar. Entre 2018 y 2024, los hogares con gastos catastróficos en salud aumentaron 64.5 %, alcanzando alrededor de 1.11 millones; el gasto de bolsillo ya representa 45.4 % del gasto total en salud. Cada peso que el Estado deja de invertir eficazmente en salud se multiplica con angustia en la mesa de quienes deben decidir entre pagar una consulta o la colegiatura, una quimioterapia o la renta.

Mientras la inflación general se ha moderado, la inflación médica corre casi al doble de velocidad, impulsada por nuevos medicamentos de alto costo, tecnología, hospitalizaciones más complejas y el envejecimiento de la población. Para 2026, estudios internacionales estiman la tendencia médica en México en rangos de 13.5 a 14.8 %, por encima del promedio global y de América Latina.

Los salarios, en cambio, avanzan muy por debajo de ese ritmo. El resultado es una brecha creciente: cada año, la salud cuesta más y la capacidad de pago de las familias disminuye. La clase media, que sostiene al país con su trabajo y sus impuestos, ha quedado atrapada en medio: no tiene acceso efectivo a un sistema público eficaz y, al mismo tiempo, ve cómo la medicina privada se vuelve un lujo.

Unos 14 millones de personas cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, muchos de ellos adultos mayores que pagaron disciplinadamente su póliza durante décadas. Este año, miles han recibido renovaciones con incrementos del 20 al 40 % en pólizas individuales y familiares, y del 60 al 75 % para adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. No son simples porcentajes: son jubilados que cancelan la póliza en la que habían puesto su esperanza, parejas que se sientan a rehacer su presupuesto y concluyen que ya no les alcanza, hijos que ven cómo sus padres regresan, forzados, a un sistema público que llega tarde, mal y cada vez más caro.

La industria aseguradora, dicen, muestra márgenes técnicos estrechos en gastos médicos: en 2024, el ramo tuvo una siniestralidad de 74.2 %, un índice combinado cercano a 101 y una pérdida operativa; la utilidad provino sobre todo de inversiones financieras. Es decir, las primas apenas alcanzan para pagar siniestros y gastos. En ese contexto, la decisión contenida en la Ley de Ingresos 2026 de prohibir a las aseguradoras acreditar el IVA de los servicios médicos que pagan en los siniestros convirtió el IVA en un costo definitivo que se trasladó a las primas.

Las personas sienten, con razón, que están pagando las consecuencias de una reforma fiscal diseñada sin escuchar su realidad. El impacto es profundamente regresivo: quienes hicieron lo correcto al asegurarse son castigados, se desalienta la cultura del seguro y se presiona aún más a un sistema público debilitado.

Frente a este panorama, la respuesta no puede ser la resignación. Desde la Cámara de Diputados hemos presentado una iniciativa que busca corregir tres puntos clave para aliviar la carga sobre las familias, en especial sobre los más vulnerables. 1) Restituir la neutralidad del IVA en salud. 2) Hacer realmente deducibles los seguros de gastos médicos mayores hasta por 240 mil pesos anuales. 3) Transparencia y límites a los aumentos injustificados, obligando a emitir criterios y metodologías de cálculo y ajuste de primas en el ramo de gastos médicos por un lado, y a que los hospitales hagan públicos sus servicios.

Con esto, las aseguradoras y los prestadores de servicios, deberán explicar con claridad a la autoridad y a sus asegurados por qué suben las primas, desglosando siniestralidad, costos médicos, gastos operativos y efectos fiscales. Y la autoridad podrá ordenar correcciones cuando detecte incrementos no justificados o prácticas discriminatorias injustificadas contra personas adultas mayores o con discapacidad.

No se trata de proteger a las aseguradoras ni de castigar al fisco; se trata de proteger a las personas. La salud no puede seguir siendo una ruleta en la que perder la póliza a los 70 años signifique perder también la tranquilidad, la autonomía y, muchas veces, la esperanza.

Nuestra iniciativa es una respuesta ética al clamor de quienes ya no pueden pagar. El Estado debe asumir esta responsabilidad.