Hay una escena que se repite en miles de hogares: un niño de once años en la periferia, sentado en el piso de su casa, entretenido y engañando al hambre, porque ese mes el dinero alcanzó para comer, pero para nada más, sosteniendo el celular de su madre con la pantalla al máximo de brillo. Lleva tres horas en TikTok. El algoritmo le ha ofertado, en ese tiempo, lo que ningún adulto en su sano juicio elegiría deliberadamente para un niño de su edad: violencia normalizada, cuerpos hipersexualizados, influencers que venden la certeza de que el esfuerzo es para tontos y la atención inmediata es la única moneda que vale. La máquina aprendió lo que lo engancha y lo alimenta sin pausa, con la precisión clínica de un sistema diseñado para su dependencia y completamente ajeno a su desarrollo.
Mientras ese niño estaba en Uruapan frente a su pantalla, en la Ciudad de México el secretario de Educación Pública le explicaba a la agencia AFP que México está considerando limitar el acceso de menores a las redes sociales, que se han abierto consultas con distintos actores, y que las propuestas de regulación llegarán en junio. También informó que se firmó un acuerdo con Meta y TikTok para combatir el ciberacoso. Y dijo, con una frase que suena democrática pero que en el fondo es una transferencia de responsabilidad, que quiere que los límites “vengan de abajo”.
Ese niño no puede esperar hasta junio.
México sabe desde hace años lo que el secretario Delgado reconoció esta semana ante la prensa internacional. Lo saben los maestros de las secundarias de Morelia que reciben alumnos somnolientos porque estuvieron hasta las dos de la mañana con el celular. Lo saben los orientadores de las preparatorias de Zamora que atienden casos de ansiedad severa, baja autoestima crónica y ciberacoso. Lo saben los pediatras del Hospital Infantil de Morelia que documentan incrementos en trastornos del sueño, del ánimo y de la conducta alimentaria en adolescentes con uso intensivo de redes sociales.
Lo que cambia esta semana es que el Estado lo reconoce públicamente. Ese reconocimiento importa. Pero un diagnóstico sin tratamiento urgente no salva a nadie.
Australia legisló y desde diciembre de 2025 ningún menor de 16 años puede acceder legalmente a redes sociales. Francia avanza en la misma dirección para menores de 15. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones equivalentes. México, mientras tanto, abre un periodo de consultas.
La participación ciudadana es deseable en una sociedad democrática, pero, cuando se trata de proteger derechos fundamentales de la infancia, el Estado tiene la obligación de actuar con urgencia. Subordinar esa obligación a la velocidad del consenso social es transferir la responsabilidad institucional. Eso tiene un nombre preciso en el lenguaje de los derechos humanos: omisión del Estado en su deber de garantía.
Para entender la gravedad de este momento en Michoacán, hay que entender primero el suelo sobre el que estamos parados. Y ese suelo está fracturado desde antes.
Llevamos años documentando el rezago educativo y el déficit acumulado de aprendizajes fundamentales que la pandemia del COVID-19 profundizó. Los niños michoacanos de entre 6 y 14 años perdieron entre uno y dos años de aprendizaje efectivo durante el confinamiento. Esa pérdida no se recuperó automáticamente con el regreso presencial.
Los maestros manifiestan que sus alumnos tienen comprensión lectora deteriorada, razonamiento matemático debilitado, capacidad de atención reducida y regulación emocional empobrecida. Y ahora aparece la deuda cognitiva vinculada al uso de inteligencia artificial, concepto ideado por el MIT consistente en la pérdida de desarrollo cognitivo cuando se usa la IA.
A esa base se suman entre tres y cinco horas diarias de exposición a plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla, interrumpir el pensamiento profundo y sustituir la concentración por el estímulo instantáneo.
Los estudios del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, del Instituto Max Planck, de la Universidad de California en San Francisco y de la Organización Mundial de la Salud son inequívocos: el uso intensivo de redes sociales en menores de 16 años está correlacionado con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ideación suicida y deterioro del rendimiento escolar.
La evidencia existe. El Estado mexicano la conoce. Y aun así la respuesta es un periodo de consultas.
En ese contexto, el algoritmo de TikTok opera con impunidad total. Nadie lo vigila ni lo regula. Y nadie del aparato institucional está presente para mediar entre ese niño y la pantalla que lo forma.
Eso convierte esta situación en algo más que un problema de salud mental. En Michoacán, el acceso desregulado a redes sociales es también un vector de reclutamiento criminal.
Los grupos criminales utilizan TikTok, Instagram y WhatsApp para acercarse a jóvenes de entre 12 y 17 años en municipios con alta marginación. Los algoritmos que sirven narcocorridos, ostentación de armas y dinero fácil trabajan en un ecosistema de vulnerabilidad donde el Estado se ausenta y TikTok llena el espacio.
Esta semana se firmó un acuerdo entre la Presidencia de la República, la Secretaría de las Mujeres y las plataformas Meta y TikTok para combatir el ciberacoso y el doxing en entornos escolares. La reacción fue rápida y visible, pero revela una política reactiva.
Ambas empresas tienen décadas de experiencia en gestionar crisis regulatorias. Saben cómo firmar acuerdos que mejoran su imagen sin modificar sustancialmente sus modelos de negocio.
Un acuerdo voluntario sin auditoría independiente, sanciones económicas y métricas públicas protege más la imagen de las plataformas que la integridad de los niños.
La contradicción del secretario Delgado merece señalarse: criticó públicamente a Meta y TikTok por carecer de filtros sobre contenidos dañinos y al mismo tiempo firmó con ellas un acuerdo de colaboración.
Aquí entra el terreno jurídico. México es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990. Esta convención establece que el interés superior del menor debe ser la consideración primordial.
El Estado también está obligado a proteger al niño contra material perjudicial, abuso mental y explotación sexual.
Cuando una plataforma sirve contenido perjudicial a menores y el Estado carece de regulación para impedirlo, las obligaciones internacionales están siendo incumplidas.
La Constitución mexicana en su artículo 4 establece el principio del interés superior de la niñez. Y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a prevenir y sancionar la violencia digital contra menores.
El marco normativo existe. Lo que falta es su aplicación, presupuesto y voluntad política.
En Michoacán no existe un protocolo estatal de protección digital de la infancia, ni un observatorio de salud mental escolar, ni una iniciativa legislativa que regule el acceso de menores a plataformas digitales de alto riesgo.
El marco legal para actuar existe a nivel internacional, federal y estatal.
Lo que falta es decisión política.
Deliberar también es una forma de abandonar.
¿Del lado de quién está el Estado mexicano cuando los intereses de las corporaciones tecnológicas colisionan con el derecho al desarrollo integral de la infancia?
La entrada México: intentar aprender entre algoritmos. se publicó primero en Noticias de San Luis Potosí.
