El pasado martes 10 de marzo, la Cámara de Diputados nombró a Aureliano Hernández Palacios Cardel como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un cargo cuya duración es de 8 años. El trabajo que realiza la ASF es crucial para verificar el ejercicio del presupuesto federal asignado a todas las dependencias públicas del país, así como también determinar el desempeño de los programas y, finalmente, para el combate a la corrupción. Por ello, las acciones de la ASF en materia educativa -partiendo de los distintos ejes que podrían auditar- son fundamentales para verificar la correcta implementación de diversos programas, como es el caso de “La Escuela es Nuestra”, entre otros; cuyo presupuesto asignado es de miles de millones de pesos anualmente.
El trabajo de la ASF parte de los criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LGCGRH), Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otras disposiciones legales; el objetivo central de esta dependencia es verificar el gasto de todas las dependencias denominadas “Entes Auditables”, enfocándose en aquellas que ejercen presupuesto federal (es decir, aunque sean entes estatales o municipales, si ejercen algún recurso federal deberán ser auditados por la ASF). Es importante recalcar que, en años anteriores, existían convenios de coordinación entre los Órganos Superiores de Fiscalización de los Estados (que cumplen la misma función, pero con los recursos estatales) y la ASF para revisar de manera conjunta la “Cuenta Pública”, sin embargo, actualmente la ASF se encarga exclusivamente de revisar los recursos federales, dejando a los OSF de los Estados revisar el resto.
¿Por qué es importante resaltarlo? Ignacio Labra Delgadillo apuntó, su artículo “Auditar más y observar menos: una paradoja de la ASF en México” publicado en Nexos que, siguiendo el Índice de Intensidad de Fiscalización, “[…] la fiscalización transitó hacia esquemas de alta cobertura relativa, particularmente en 2022. No obstante, este incremento en la intensidad de la revisión formal no garantiza, por sí mismo una fiscalización eficaz. Por el contrario, cuando la cobertura se aproxima a la exhaustividad sin un fortalecimiento equivalente de las capacidades técnicas, el control se vuelve más amplio, pero menos profundo”. En pocas palabras, lo que sugiere Labra Delgadillo es que la métrica que emplea actualmente la ASF está bajando considerablemente su exhaustividad en miras de abarcar o revisar más (con el mismo personal y presupuesto), esto evidentemente en detrimento de la rendición de cuentas.
¿Cuál es el margen de revisión de la ASF en materia educativa? En las entidades federativas, la mayoría de los pagos que se realizan a las y los docentes se efectúa mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); así como también, en cuanto a infraestructura escolar existe el programa de La Escuela es Nuestra (LEN) y también pueden derivarse otros recursos de mecanismos como el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS), el cual permite la creación de nuevas escuelas o mejoras a la infraestructura educativa en cada entidad. Esto último en cuanto a la operación del gasto ordinario y corriente, sin tomar en cuenta la revisión los programas de becas para el bienestar, entre otros. En síntesis, podría decirse que la mayoría del gasto general en educación va por cuenta de la federación y por ello, las observaciones de la ASF son la primer y más importante alerta para prevenir y sancionar la corrupción en materia educativa. Un ejemplo de lo anterior se puede apreciar en 2024, donde la ASF emitió observaciones sobre el programa de LEN, detectando que tan solo se instalaron poco más del 50% de las Contralorías Sociales encargadas de revisar y supervisar el ejercicio de los recursos entregados a las escuelas por parte de LEN, comprometiendo la rendición de cuentas de uno de los programas más emblemáticos de la política educativa nacional.
Finalmente, la llegada del nuevo Auditor Superior nos invita a refelxionar sobre cómo revisamos la cuenta pública nacional y las áreas de oportunidad. Evidentemente, el ejercicio de transacciones no condicionadas trae consigo alertas sobre el destino de los recursos públicos y, en el sector educativo, la desconfianza sobre la fiabilidad de las reglas de operación de los mismos. Por ello, además de las discusiones que habitualmente rodean la discusión pública sobre educación como son los planes y programas educativos, o los conflictos político-sindicales, etc; la rendición del gasto público en materia educativa también es un parteaguas clave para evaluar la política educativa nacional. Ya veremos si con la llegada de la nueva administración presenciaremos mejoras en este ámbito (o al igual que en el sistema educativo, más de lo mismo).