Ciudad de México.- Organizaciones civiles acusaron al Gobierno de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional ante la crisis de desapariciones en el país y pidieron no rechazar la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con un 99 % de impunidad y más de 83 mil restos sin identificar en México, asociaciones como Fundar, Data Cívica, Cepad e instituciones como la Universidad Iberoamericana señalaron que la administración no puede escudarse bajo la soberanía para evitar el apoyo.
“La descalificación no es una estrategia de Estado. Denostar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que México, en su aspiración democrática, no debería tomar. La soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria”, indicaron a través de un comunicado conjunto.
Consideran que medidas son insuficientes
Las organizaciones recordaron que, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la voluntad de un Gobierno no se mide por los marcos normativos para atender problemáticas, sino por la interrupción de violaciones a los derechos humanos.
Por eso, pese a la reforma en materia de desaparecidos y las herramientas legales de reciente creación, coincidieron en que, en la práctica, estas medidas son insuficientes.
“Mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere el 99 %, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente. Además, es importante recordar que el CED (Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU) no ignora los esfuerzos por parte del Gobierno Federal, sino que señala que estos no han logrado revertir la crisis estructural”, expusieron.
“Respuesta institucional está colapsada”
Denunciaron que las fallas en la implementación de herramientas de búsqueda han sido sistemáticas, por ejemplo, con el desaparecido Banco Nacional de Datos Forenses. “La acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses del país es la prueba irrefutable de que la respuesta institucional está colapsada”, acusaron.
Aseguraron que el Estado sí es responsable en la desaparición de personas por aquiescencia; es decir, por los casos en los que las autoridades conocen el riesgo y omiten proteger a la población, o cuando la estructura es incapaz de investigar al crimen organizado.
“El rechazo del Estado a la observación sobre la participación de agentes oficiales en las desapariciones ignora la documentación de miles de familias, colectivos, academia y organizaciones de la sociedad civil. La responsabilidad internacional del Estado no solo surge por la acción directa, sino por la aquiescencia”, advierte el documento.
Por ello, llamaron a que el Gobierno reconozca la magnitud de la crisis y acepte la asistencia técnica internacional propuesta, lo que implica admitir, en principio, que sus capacidades están rebasadas. Además, piden que el diálogo con las familias y colectivos de búsqueda realmente genere estrategias efectivas para localizar a las personas.
“Crímenes de lesa humanidad”: ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
En su decisión, publicada este jueves, indica que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Advierte que, conforme a su evaluación, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del País.
RAA
