En mis recorridos por las colonias periféricas de Ciudad Juárez, como la México 68, me encuentro constantemente con una paradoja que define nuestro tiempo. Mientras en los foros globales y en los centros financieros se debate con asombro la revolución de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la automatización robótica, en nuestras calles hay familias, como la de don Juan y sus hijos, que aún luchan por obtener un pedazo de papel que les dé certeza jurídica sobre el cuarto en el que duermen para poder instalar un medidor de luz.
Esta disonancia brutal entre el hiperdesarrollo tecnológico y la marginación jurídica nos obliga a plantear una reflexión: si el sistema tradicional ya excluye a los más pobres, ¿qué destino le espera a la clase obrera fronteriza cuando el capital ya no necesite siquiera explotar su fuerza de trabajo?
Históricamente, el trabajador poseía un único bien de intercambio: su energía física e intelectual. Sin embargo, con la llegada de la automatización avanzada, los medios de producción del sistema capitalista están desplazando al ser humano. La información y el algoritmo se han convertido en el nuevo capital absoluto. Ante la eficiencia perfecta y no sindicalizable de una máquina, la clase obrera corre el riesgo de enfrentar una segregación inhumana e inédita: pasar de ser una clase trabajadora, considerada por algunos como explotada, a ser una clase desechable.
Es aquí donde el derecho y el acceso a la justicia deben actuar como el último muro de contención. En el caso de la familia de don Juan, los gestores sociojurídicos han logrado sortear los altísimos e inaccesibles costos de las formalidades del derecho civil tradicional, apelando a la justicia alternativa comunal y a los recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro máximo tribunal, con una visión garantista, ha establecido en amparos como el 1202/2017 y el 3516/2013 que el derecho humano a una vivienda digna no es un simple anhelo, sino que incluye, de manera indispensable, la seguridad jurídica de la tenencia. Asimismo, se ha reconocido que los acuerdos informales de buena fe constituyen un justo título que debe ser protegido frente a los rigorismos civiles decimonónicos.
Esa misma flexibilidad y perspectiva protectora que usamos para rescatar el patrimonio de familias vulnerables hoy es la que el Estado mexicano deberá aplicar mañana frente a la avalancha tecnológica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el paradigmático caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, sentó un precedente vital: reconoció que la posición económica de desventaja, sumada a la exclusión y la falta de estudios, genera un estado de vulnerabilidad estructural que los Estados están obligados a mitigar mediante acciones positivas. Si la IA y la automatización ensanchan la brecha digital, empujando a miles de obreros al desempleo o a la informalidad extrema, el Estado no puede ser un simple espectador de la mano invisible del mercado tecnológico. La marginación por obsolescencia laboral es, a la luz del derecho interamericano, una violación sistemática a la dignidad humana.
Las nuevas tecnologías tienen un potencial democratizador inmenso; la inteligencia artificial, bien canalizada, podría agilizar los tribunales, abaratar la defensa legal de las personas más vulnerables y optimizar los servicios públicos. Sin embargo, si la innovación se deja al libre arbitrio de las estructuras de desigualdad existentes, la información será un privilegio de unos cuantos y la automatización, un arma de segregación masiva.
La justicia cotidiana nos enseña que el derecho no puede ser ciego ante la realidad social. Así como un contrato privado firmado entre hermanos, con huellas dactilares, es un acto alternativo de acceso a la justicia y exigencia de derechos frente a la burocracia, la exigencia de políticas públicas que redistribuyan la riqueza generada por la inteligencia artificial será la gran lucha obrera de esta década. Habrá que estar muy pendientes de que el futuro no se construya sobre las ruinas del tejido social, pues lo ideal es que la tecnología esté al servicio de la dignidad de todos, para evitar transgresiones al verdadero progreso.