Estas dificultades no son de ahora mismo; han constituido siempre un fondo de armario constante en la historia española, igual que en el siglo XIX la carencia del pan, cuyas subidas de precio provocaban manifestaciones en las calles. Ya en el siglo I d. C., Marcos 14, 7, Mateo 26, 11 y Juan 12, 8 concordaban en que Jesús había dicho: “a los pobres los tendréis siempre con vosotros”. Antes de la última restauración democrática, la pobreza de fondo que traslucían estas cuestiones sociales había sido objeto de una atención más o menos paternalista, muy limitada en prestaciones.
Entre otras muestras, el urbanismo reciente tan pocas “casas baratas” había dispuesto para acoger la emigración interna de los españoles, que el chabolismo masivo en las periferias hizo surgir tómbolas benéficas publicitadas para que alguien cumpliera la ilusión de tener “pisito”. Con este título hizo Marco Ferreri una película neorrealista que retrató en 1959 más de 20 años de historia de la pobreza española. Después, el artículo 47 de la CE78 ha venido a demostrar que la aspiración a una vivienda digna y a un urbanismo razonablemente vivible solo ha tenido pálidos reflejos legislativos; tanto vale para criticar a los gobiernos central y autonómicos —por lo no hecho y lo mal hecho—, como para seguir invocando otra alternativa creíble.
La peculiaridad de este momento es su coincidencia con similares cuestiones en Sanidad y Educación, ámbitos en que los modos de desahucio tienen apariencias menos agresivas para mostrar su incidencia. Concretamente, en el segundo de estos ámbitos de acción social, sus responsables han encontrado maneras para hurtarlos de la guerra mediática invocando la “libertad” de mercado. Los Informes periódicos de PISA han demostrado ser útiles para achacar a la etapa de gestión del adversario político las insuficiencias del ranking estadístico de competencias advertidas en los chicos y chicas de 15 años.
En las comparaciones, la pobreza estructural de la escuela de todos tiende a obviarse, igual que se salva la privada no mostrando cómo, en la convivencia común, no ayuda a corregir la continuada exclusión de los sectores más pobres. Este simplismo estratégico oculta siempre el privilegio de la propiedad, no ayuda a mejorar nada y, en la práctica, opera en estos ámbitos principales de acción social como si de “derechos impropios” se tratara.
Así ha sido hasta ahora y, por más que en este recién iniciado curso la conjunción de asuntos dé una dimensión creciente a la destrucción y desatención de los medios públicos para solventarlos, el riesgo es que las soluciones no sobrepasen la dimensión de parches para salir del paso. Se confirma, en todo caso, el principio de que la atención a la pobreza siempre ha marcado las diferencias entre unos y otros momentos políticos de la Historia.
La herencia de Roma sigue viva; los ricos de la República habían encontrado en el evergetismo una fórmula para imponer relaciones pacificadoras con los desposeídos y, desde el siglo IV, la caridad las sustituyó de tal modo que las metamorfosis del uso político de la pobreza todavía regían en el siglo XIX y XX, hasta que las políticas sociales del Bienestar, y sus prestaciones alcanzaron a ser un derecho. Desde 1979, sin embargo, su creciente deterioro, incentivado por la reclamación neoliberal, volvió a imponer fórmulas del pasado político. Y con ellas la necesidad de que los ciudadanos protesten viendo que se van al traste los logros conseguidos.
De quién es lo que merece la pena
Está cambiando el entorno sociopolítico, y la atención a los pobres —carentes de los derechos al bienestar básico— crece en provisionalidad. El reciente Informe PISA, y su cercanía a las manifestaciones de docentes —anunciando huelga indefinida desde el 14 de octubre—, sumada a las reacciones que está suscitando el caso de Maricarmen —la señora mayor y dependiente, que ha sido expulsada por orden judicial de su domicilio—, y al malestar que sigue suscitando lo acontecido en Ceuta desde el 30 de julio, genera la sensación de que nada funciona.
Esta conjunción, sin embargo, es una extraordinaria circunstancia, muy apta para reconducir medidas apropiadas al ser de ciudadanos conscientes. Nunca las habrá si se permite que el simplismo tome las riendas, o que su unilateralidad reitere la incuria y la desgana tras florituras patrioteras. Las políticas sociales heredadas de la Roma imperial —servatis servandis— no difieren mucho de las existentes para que los grandes propietarios y sus mentores publicitarios no se inquieten. Desde entonces, ni desapareció la riqueza, ni tampoco el orden socioeconómico que la sustentaba; capaz fue, sin embargo, de alterar el valor que le daba el Evangelio a la actitud de pobreza en las Bienaventuranzas. El mismo cambio semántico que hizo operar al paso del camello por la puerta de la aguja se ha producido en el Estado de bienestar europeo desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989.
Esta clave, que permite entender cómo, también en España, ha crecido la desatención social en Vivienda, Sanidad y Educación, para volver a políticas sociales que recuerden las anteriores a la existencia del Estado de Bienestar, no debe perderse de vista. La tardía introducción en el club de Europa ha facilitado que la atención de los problemas que padecen principalmente los sectores de peores percentiles en la participación de la renta del PIB sea de las más deficientes del selecto grupo de países.
Y hoy la calidad de la democracia se resiente, condicionada por la menguada calidad del ejercicio de los derechos que les asisten. Cuanto acontece estos días debiera contribuir, sobre todo, a no olvidar cómo el miedo y la inseguridad siguen siendo rentables. Si no se olvida la existencia de beneficiarios de bienes esenciales como la Sanidad, la Vivienda y la Educación, será más fácil advertir que su patrimonialización ha favorecido a unos pocos de los niveles superiores de renta. Disponen de ellos cada vez más en un omnipresente mercado, el beneficio rentable de su desregulación crece y, en la medida en que la Educación digna no es accesible a todos, los algoritmos de los medios digitales hacen crecer las oportunidades de crecimiento de una clientela sumisa, colonizada con apariencias de distraída diversión.
La acampada que lleva dos días en la madrileña Puerta del Sol —sumada a la de Ceuta— reta un orden social limitado a muy pocos. El debate de este martes en el Congreso de Diputados sobre el alcance de un nuevo decreto sobre vivienda dará señales inequívocas de ello. Permitirá ver cómo el derecho de propiedad de siempre cuenta con respaldos para que sus principales detentadores se sigan sintiendo los guardianes del “orden natural” de las cosas importantes. @mundiario
