CUERNAVACA, Mor., 3 de abril de 2026.- En un movimiento diplomático y jurídico de alto impacto, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU solicitó formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas examinar la situación de México. El pronunciamiento, emitido este 2 de abril de 2026, refleja la profunda preocupación del organismo ante la “magnitud y persistencia” de las desapariciones en territorio mexicano.
El Comité señaló que existen elementos suficientes para identificar un patrón generalizado en la comisión de este delito. Por ello, instó al secretario general de la ONU a llevar el caso ante el pleno de la Asamblea para coordinar una posible intervención basada en la cooperación internacional y el acompañamiento técnico a las autoridades mexicanas.
Cifras de una tragedia acumulada
El reporte de las Naciones Unidas es contundente al citar las estadísticas oficiales: en México se registran actualmente más de 110 mil personas desaparecidas. Esta cifra acumulada en los últimos años es el principal motor de la urgencia internacional para fortalecer los mecanismos de búsqueda e identificación forense, los cuales han sido rebasados por la realidad del país.
Alcance del pronunciamiento
El organismo internacional precisó que esta solicitud tiene un carácter preventivo y no busca, en esta etapa, determinar responsabilidades penales individuales. El objetivo central es:
- Visibilizar la crisis: Evitar que el fenómeno se normalice en la agenda pública.
- Promover medidas de fondo: Garantizar la prevención, investigación y sanción efectiva.
- Apoyo internacional: Movilizar recursos técnicos y financieros hacia México.
El papel de las autoridades
Aunque el Comité subrayó que no existe evidencia concluyente de una política de Estado sistemática dictada desde el nivel federal, sí advirtió sobre reportes constantes que apuntan a la participación, omisión o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno, lo que facilita la persistencia de la impunidad.
Finalmente, la ONU hizo un llamado a la comunidad internacional para reforzar la atención a las familias de las víctimas, quienes han asumido gran parte de las labores de búsqueda. El objetivo es evitar que la crisis continúe agravándose y se logre una identificación digna de los miles de cuerpos que permanecen en centros forenses y fosas clandestinas de todo el país.
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