La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa incorporó cuatro nuevas líneas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reanalizara registros telefónicos y expedientes, trabajo que permitió identificar a 17 personas que no habían sido investigadas anteriormente y reconstruir nuevas conexiones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas vinculadas con funerarias.
Los nuevos indicios no resuelven todavía qué ocurrió con los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre marzo y junio de 2026, las autoridades recuperaron 23 indicios, incluidos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos, que continúan bajo análisis pericial; los examinados hasta ahora no han arrojado coincidencias con los normalistas.
¿Qué encontraron en la nueva revisión?
Una de las principales rutas surgió del análisis de llamadas efectuadas durante la noche de los ataques. De acuerdo con Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, las comunicaciones permitieron establecer conexiones entre personas relacionadas con el crimen organizado, propietarios de una funeraria y personal del sector salud.
Cateos posteriores localizaron un resto óseo, un arma, documentación oficial y un horno crematorio sin registro, además de certificados de defunción y autorizaciones firmados y sellados en blanco.
La FGR investiga si las irregularidades en funerarias y en el Servicio Médico Forense de Iguala pudieron utilizarse para ocultar información o evidencias. Esto continúa siendo una hipótesis de investigación, no una conclusión sobre el destino de los estudiantes.
Una segunda línea rastrea tres teléfonos pertenecientes a estudiantes que fueron utilizados después de su desaparición. Uno llevó a una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala; otro fue utilizado por un policía municipal, y un tercero reforzó la hipótesis de que algunos normalistas pasaron por la barandilla municipal.
“Recuerden que hay una línea de investigación, dicha por los propios estudiantes que quedaron vivos, de que estuvieron en la barandilla. El principal juez de la barandilla se fue a Estados Unidos. Estamos pidiendo su extradición. ¿Quién fue a quien utilizaron como testigo -y lo voy a decir- en Estados Unidos para decir que los estudiantes no estuvieron en la barandilla? A Anabel Hernández", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
“Hay pruebas de la fiscalía de que sí estuvieron en las barandillas”, añadió.
Las otras pesquisas parten de la identificación de una persona que tenía 14 años en 2014 y declaró en julio pasado, y del presunto ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, investigación que ya alcanzó a exfuncionarios estatales.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el nuevo enfoque al señalar que ahora se están cruzando registros telefónicos y otras pruebas, además de testimonios. También reiteró que la investigación permanecerá abierta y que “nada está descartado”.
