El debate sobre las bajas laborales ha entrado en una nueva fase. Alberto Núñez Feijóo ha planteado que las mutuas puedan asumir la capacidad de dar el alta médica en determinados procesos, una posibilidad que actualmente está limitada cuando se trata de contingencias comunes. La propuesta todavía no concreta qué enfermedades quedarían incluidas, pero sí apunta a modificar el reparto de responsabilidades entre la sanidad pública y estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
El cambio no es menor. Actualmente, las mutuas pueden intervenir en el seguimiento de determinados procesos y formular propuestas de alta, pero en las bajas por contingencias comunes la decisión corresponde al sistema público. En cambio, cuando la incapacidad deriva de una contingencia profesional, las mutuas cuentan con mayores competencias.
La iniciativa anunciada por Feijóo se sitúa en una discusión que va más allá de reducir los días de baja. El verdadero debate es quién debe determinar que un trabajador está recuperado y puede regresar a su puesto.
El PP también defiende ampliar la capacidad de las mutuas para realizar pruebas diagnósticas y reforzar los mecanismos de seguimiento. En determinados casos, esto podría reducir los tiempos de espera y acelerar la atención de trabajadores con problemas musculoesqueléticos, uno de los ámbitos en los que ya existe un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para aumentar la participación de estas entidades.
El problema aparece cuando esa intervención deja de ser asistencial y pasa a afectar directamente a la duración de la incapacidad. Los sindicatos cuestionan que las mutuas tengan la última palabra porque consideran que existe un posible conflicto entre la recuperación del trabajador y los intereses económicos asociados a su reincorporación. Esa discrepancia explica buena parte de la resistencia sindical a la propuesta.
El absentismo se ha convertido en un problema económico
Feijóo está vinculando esta reforma a su diagnóstico sobre el absentismo. En julio ya defendió revisar las condiciones económicas de las bajas y ahora insiste en combatir los casos fraudulentos y reforzar los controles. Su planteamiento llega mientras las ausencias por enfermedad mantienen una tendencia ascendente.
Los datos oficiales muestran que las bajas por incapacidad temporal continúan creciendo en 2026, aunque el incremento se ha moderado respecto a años anteriores. La Seguridad Social mantiene publicados los datos correspondientes al primer semestre del año.
El coste también explica por qué el asunto ha ganado peso. En 2025, el gasto público en incapacidad temporal alcanzó los 18.413 millones de euros, mientras que las empresas asumieron además un coste estimado de unos 17.000 millones. La suma supera los 35.000 millones, aunque las cifras dependen de qué conceptos se incluyan dentro del absentismo.
El reto será controlar el fraude sin convertir la baja en una carrera contra el trabajador
El debate tiene dos caras. Existe una preocupación empresarial por el coste de las ausencias y por los procesos que se prolongan durante meses. Pero también existe otro fenómeno menos visible: trabajadores que acuden a sus puestos pese a no encontrarse en condiciones adecuadas.
Por eso, cualquier reforma tendrá que resolver una cuestión esencial: cómo distinguir entre una baja injustificadamente prolongada y una incapacidad que necesita tiempo para una recuperación completa. La respuesta no depende únicamente de acelerar altas, sino también de mejorar el diagnóstico, reducir las listas de espera y garantizar criterios homogéneos.
La propuesta de Feijóo abre precisamente esa discusión. Dar más competencias a las mutuas podría agilizar determinados procesos, pero también obligaría a establecer con precisión qué patologías quedarían incluidas, qué controles existirían y qué mecanismos tendría un trabajador para recurrir un alta.
El propio líder del PP ha introducido además una excepción en su discurso sobre la protección económica: ahora defiende que quienes padezcan enfermedades graves puedan mantener el 100% de su salario durante la baja. El planteamiento supone un giro respecto a sus declaraciones de julio, cuando cuestionó de forma más general los complementos salariales pactados en los convenios colectivos.
El debate, por tanto, ya no consiste únicamente en cuánto cuesta el absentismo. La discusión de fondo es cómo repartir la responsabilidad entre médicos públicos, mutuas, empresas y trabajadores sin que la reducción de las bajas termine confundiendo rapidez administrativa con recuperación médica. @mundiario
