Guanajuato.- Un reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU destaca que en Guanajuato se han registrado 723 fosas clandestinas entre 2009 y marzo de 2025, con unos 1,352 cuerpos recuperados.
Dicho reporte, base para que el Comité lleve la crisis de personas desaparecidas en el País ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, detalla que la amplitud del fenómeno de desapariciones se refleja en el crecimiento de fosas clandestinas localizadas en los últimos años.
Como ejemplo, el Comité se refiere a los datos revelados por el seguimiento que realiza la Ibero León en su Centro de Datos, según el cual se han registrado las 723 fosas clandestinas en la entidad.
Según estos números, Irapuato es el municipio con más fosas clandestinas y cuerpos encontrados, seguido por Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra.
Ven que hay un ataque contra población civil
En Guanajuato, el número de personas desaparecidas se ha multiplicado por ocho desde 2017 hasta abril de 2025, señala el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que solicita a la Asamblea General que se consideren medidas que apoyen al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
En vista de la información recibida al amparo del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil.
La crisis forense en Guanajuato refleja el horror nacional: fosas clandestinas, restos humanos sin identificar y familias que buscan solas a sus desaparecidos, destacó la Plataforma por la Paz y la Justicia Guanajuato, tras la revisión del reporte.
“La ONU lo dice claro: esto no son hechos aislados, es un ataque contra la población civil”, destacó la plataforma.
El Comité denunció que las desapariciones son generalizadas y sistemáticas, con impunidad casi absoluta. Más de 52,000 cuerpos sin identificar y fosas clandestinas por todo el país.
De acuerdo con el reporte, podrían documentarse patrones de colusión entre autoridades y crimen organizado, y detenciones ilegales.
El Gobierno mexicano rechazó el informe, llamándolo “tendencioso”. Pero colectivos y organismos internacionales insisten: la impunidad y la corrupción estatal mantienen viva la emergencia.
Desapariciones se atienden con seriedad
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó a AM que reconoce que la desaparición de personas, en cualquiera de sus modalidades, es un tema de la mayor relevancia y sensibilidad social, que se atiende con toda la seriedad y prioridad.
En Guanajuato, este fenómeno se aborda bajo la estrategia CONFIA, que parte de un enfoque integral basado en la inteligencia, investigación y coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.
Como parte de esta estrategia, la Secretaría cuenta con una división específica para la búsqueda de personas, lo que permite fortalecer las capacidades operativas en campo, la generación de información y la reacción ante reportes de desaparición.
El trabajo se realiza de manera coordinada y permanente con la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, así como con colectivos y organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su papel fundamental en la visibilización del problema y en los procesos de búsqueda.
Esta coordinación permite articular acciones de búsqueda en territorio, intercambio de información, acompañamiento institucional y fortalecimiento de las capacidades para la localización de personas, siempre con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de atención a las víctimas y sus familias.
La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró que este no es un tema que se minimice ni se simplifique. Se trata de un fenómeno complejo que requiere trabajo constante, coordinación interinstitucional y compromiso sostenido.
Respaldo del Sistema Universitario Jesuita
El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité CED de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General.
En un comunicado subrayó que es la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario, ante un problema que califican como generalizado y documentado por más de una década.
De lesa humanidad
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez el artículo 34 contra México por desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad.
Al hacer un análisis del documento, la organización Tejiendo Redes Infancia detalla que tras una década de advertencias y diálogo con México, el Comité emitió el 19 de marzo de 2026 una decisión histórica: activar el artículo 34 de la Convención Internacional y remitir la situación mexicana a la Asamblea General de la ONU.
En su evaluación se refieren múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, en diferentes momentos y en distintas partes del país.
El procedimiento es de naturaleza preventiva y tiene como objetivo movilizar la atención y el apoyo internacional, en lugar de establecer la responsabilidad penal individual.
Deuda histórica
Para Tejiendo Redes Infancia, el Comité de la ONU recuerda que persiste una deuda histórica con las víctimas de desaparición que no se borra con reformas recientes cuestionadas por las familias.
“El CED no dice que México no haya hecho nada. Reconoce la creación de leyes, fiscalías y comisiones de búsqueda. Pero concluye que todo ese andamiaje institucional ha sido insuficiente para frenar la persistencia de desapariciones y para garantizar justicia a las víctimas”, cita el análisis.
La respuesta defensiva de México, centrada en negar la sistematicidad y en impugnar interpretaciones del Comité, contrasta con la crudeza de los datos oficiales: 132,400 personas aún desaparecidas, 72,000 restos sin identificar, y familias que siguen buscando en fosas clandestinas con sus propias manos.
La Asamblea General de la ONU tiene ahora un papel muy importante frente a los crímenes de lesa humanidad por desaparición. Pero más allá de los procedimientos diplomáticos, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para ofrecer verdad y reparación a quienes han perdido a un ser querido en medio de una violencia que, según el más alto órgano de vigilancia de la Convención, lleva la marca del Estado.
Situación grave en Guanajuato
De acuerdo con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) es grave la situación en entidades federativas como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, pero también en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California, y el Estado de México.
Entre los principales hallazgos, la FIDH incluye información sobre desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, así como patrones específicos de desapariciones forzadas que detallan diversos casos, especialmente de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos criminales, siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas.
En un mapa sobre estados más afectados por desapariciones forzadas, se coloca en color rojo a Guanajuato, junto con Jalisco, Durango, Nuevo León, e Hidalgo.
Que acción sea efectiva
Tras lamentar la muerte de la buscadora Cecilia García Ramblas en Salamanca, la madre buscadora Liliana, quien ahora se dedica a esta actividad de forma independiente, comentó que “ojalá” y este anuncio de la intervención de la ONU en la crisis de desaparecidos, repercuta de forma positiva en las labores de búsqueda.
Dijo que: “es verdad que hacemos la búsqueda, sin apoyo”, cuando es una actividad que debe garantizar el Estado.
“Nosotros hacemos la búsqueda, con ayuda, sin ayuda y a pesar de la ayuda. Y lo que yo he visto que la impunidad, es lo que más prevalece, que los casos se queden sin castigar”, comentó en una charla con AM.
Recordó los casos de personas buscadoras que han sido asesinadas en Guanajuato, que están impunes.
Lamentó que el Gobierno federal no quiera reconocer el problema de las desapariciones y no acepte ayuda.
Preocupación y consternación
Olimpia Montoya Juárez, fundadora del Colectivo Proyecto de Búsqueda, externó que existe “consternación” y “preocupación” en las familias guanajuatenses ante el manejo de los datos de personas desaparecidas que hay en todo el País por parte del Gobierno Federal.
La activista y buscadora celayense se unió a la inconformidad que han manifestado colectivos dedicados a la búsqueda de personas, tras la presentación del informe sobre los más de 130 mil desaparecidos que realizaron en la mañanera del pasado 27 de marzo.
Esto luego de que las autoridades indicaron que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el 69% de los casos no hay datos suficientes en el registro para la búsqueda o siguen sin alguna actividad.
“Demuestra como los malos procesos de recopilación de información de las personas desaparecidas no permiten ser operantes en algunas búsquedas, así como lo reflejan en su informe”, indicó Olimpia Montoya al ser consultada por AM.
A su vez, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato replicó un comunicado firmado por diversas organizaciones civiles del País, en el que señalaron que la “crisis de desaparición en México no puede condicionarse a una carpeta de investigación”.
Cabe señalar que Guanajuato fue la sexta entidad del País con un mayor incremento en la tasa de personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes en 2025, en comparación con el año anterior, de acuerdo a la organización México Evalúa.
La incidencia de esta problemática en la entidad aumentó en 54%, solo superado por las variaciones de Jalisco (215%), Baja California Sur (164%), Campeche (103%), Querétaro (99%) y Tlaxcala (85%).
Así lo muestran los resultados del reporte “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz” que presentó la organización, en la que reflejan el incremento en las cifras de este fenómeno que afecta a todo el País.
“Molestia por manejo de datos”
“Desde las familias nos sentimos muy consternadas, preocupadas, incluso molestas de cómo se han manejado los datos para esta base de datos”, comentó la buscadora Olimpia Montoya.
Explicó algunas de las fallas que existe en la metodología para cuantificar el número de personas desaparecidas, según los registros del RNPDNO con el que se basa la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
“Si las Fiscalías o comisiones de búsqueda no llenan el espacio donde dice: ‘carpeta investigación o averiguación previa’, esta plataforma los toma como datos insuficientes, y aunque sí tenemos carpetas de investigación o averiguación previa de nuestro familiar, si dentro del registro no lo tienen, se toma como la cifra de datos insuficientes”, dijo.
El Gobierno Federal separó en tres categorías los registros de 2006 a la fecha: 46 mil 742 (36%) no cuentan con datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308 (31%) tienen actividades y registros después de su desaparición; y 43 mil 128 (33%) son personas no localizadas y sin reportes de actividad.
Organizaciones exigen verdad y justicia
La organización Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato se sumó al llamado que realizaron otras asociaciones que acompañan a las familias buscadoras, para exigir al Gobierno Federal una estrategia que garantice verdad y justicia.
“La crisis de desapariciones en México no puede condicionarse a una carpeta de investigación. La búsqueda debe ser inmediata y sin trabas burocráticas”, expusieron en sus redes sociales, el proyecto afín a colectivos y movimientos de víctimas en Guanajuato.
“En un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia de desaparición es una distorsión de la realidad”, señalan en el comunicado de las organizaciones.
Indicaron que en la práctica fueron excluidos de la construcción de las metodologías y se pospusieron las mesas de trabajo. “Es una forma de simulación”, apuntan en el mensaje que difundieron en redes sociales desde el viernes 27 de marzo.
El comunicado publicado por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
Aumenta la tasa de personas desaparecidas en Guanajuato
Dentro de la presentación de la GLOSA en el Congreso local, la semana pasada, los secretarios de Seguridad y Paz y de Gobierno del Estado, argumentaron que en 2025 se dio una disminución del 2% de los reportes de personas desaparecidas en la entidad.
“Las desapariciones han tenido una tendencia a la baja, se ha reducido en 2% esta lamentable situación”, sostuvo Juan Mauro González Martínez, titular de la SSP.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda, en 2024 se registraron 4 mil 428 reportes de personas desaparecidas. En 2025 fueron 4 mil 339 reportes. Es decir, hubo 89 casos menos, argumentó el secretario Jorge Jiménez Lona.
Actualmente, la RNPDNO indica que existen 5 mil 663 personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato.
Sin embargo, un informe de México Evalúa mostró que en 15 entidades del País aumentó la tasa de las personas desaparecidas y no localizadas por cada 100 mil habitantes, entre ellas Guanajuato con una variación del 54%.
Este índice que refleja la incidencia de esta problemática fue de 14.9 en la entidad, lo que la ubicó en el octavo lugar con las cifras más altas durante el 2025.
Los estados punteros en esta tasa fueron: Sinaloa (29.9), Sonora (26.3), Baja California Sur (24.1), Nayarit (22.7), Baja California (22.2), Quintana Roo (17.9) y Michoacán (17.2).
A nivel local, Pénjamo y Celaya fueron los dos municipios del Estado que se ubicaron entre los 20 municipios metropolitanos centrales del País con una mayor tasa de personas desaparecidas y no localizadas respecto a su número de población.
Por su parte, el investigador Fabrizio Lorusso señaló que históricamente existe una confusión entre las metodologías que utilizan las autoridades de Guanajuato y la falta de claridad para un registro estatal de personas desaparecidas.
“Son cosas diferentes, entonces no es que hayan disminuido las personas desaparecidas, lamentablemente han aumentado mucho todavía”, declaró el académico del Laboratorio de resistencias contras las desapariciones de la Universidad Ibero León.
Indicó que las autoridades han comunicado las cifras de este fenómeno únicamente conforme a los reportes que se reciben.
“Los cuales no son cuántas personas están desaparecidas en este momento. Entonces, el número de reportes siempre varía, depende de cuántos denuncian, pero no de cuántos siguen desaparecidos”, explicó.
Fabrizio Lorusso añadió que a esta falta de claridad en los datos, se necesita añadir los hallazgos de personas en fosas.
“Son personas asesinadas de las cuales tampoco tenemos toda la claridad de si son contadas como homicidios”, dijo.
Dejan listo dictamen
El Congreso Local a través de la Comisión de Gobernación, ya dejó listo un dictamen que conjunta cuatro diferentes iniciativas de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, que tienen que ver con dignificar el proceso de búsqueda.
En lo sustancial, se establece que ante un reporte de desaparición se deben activar alertas simultáneas en aeropuertos, centrales de autobuses y bancos para prevenir la salida del país o el uso de cuentas bancarias.
Además se vincula el registro nacional de población (Renapo) con la búsqueda utilizando la Clave Única de Registro de Población (CURP) y datos biométricos para la identificación segura de personas localizadas o cuerpos no identificados.
Así también, se establece la obligación de los ayuntamientos de dotar un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión que cubra en forma íntegra el exterior de las instalaciones policiales, así como el interior.
Susana Bermúdez Cano, diputada del PAN, dijo que con esta reforma se dignifica el proceso de búsqueda y fortalece las instituciones involucradas.
“Nuestra finalidad es dotar a las instituciones estatales de herramientas más eficaces; este proyecto de dictamen busca optimizar el funcionamiento de diversas instituciones y agilizar la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo.
Sergio Contreras Guerrero, legislador de la fracción del PVEM, reconoció las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios para construir una reforma sensible a la realidad de las víctimas en Guanajuato.
Destacó que el dictamen logra un reconocimiento más amplio de la condición de víctimas indirectas, asegurando que se les proporcione atención especializada, apoyos educativos, asesoría jurídica y acceso prioritario a los programas sociales tanto estatales como municipales.
La propuesta incorpora principios rectores reconocidos por organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismos que establecen cómo tiene que ser la búsqueda, la presunción de vida en todo momento y el respeto a la dignidad humana.
La iniciativa también plantea la incorporación formal de la Guardia Nacional y la obligatoriedad de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas en búsqueda inmediata y de larga data.
El trámite de este dictamen se retomará en cuanto concluya el periodo vacacional de Semana Santa.
Van por reparación del daño
La Comisión de Gobernación también dio trámite al dictamen de las propuestas para reformar la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, con el objeto de reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición.
La diputada Susana Bermúdez manifestó que lo anterior representa un avance significativo en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia.
AAK
