El Gobierno afronta las últimas horas de negociación de su nuevo decreto de vivienda con una propuesta diseñada para intentar encajar las demandas de sus socios parlamentarios, aunque algunas de las medidas más ambiciosas siguen generando discrepancias. El último borrador remitido a los grupos incorpora protección adicional frente a los desahucios, una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, límites a las actualizaciones de renta, medidas contra determinadas compras especulativas de “fondos buitre” y un nuevo paquete de incentivos fiscales.
La negociación se ha intensificado durante el fin de semana y ha continuado este lunes con nuevos intercambios entre el Ministerio de Vivienda y los grupos que sostienen al Ejecutivo. El departamento que dirige la socialista Isabel Rodríguez pretende que el texto pueda ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso dentro del plazo de un mes.
El principal desafío político consiste en conseguir un equilibrio entre las exigencias de Sumar y los partidos de izquierda como Podemos, Compromís, ERC, EH Bildu y BNG, que reclaman una regulación más intensa del mercado, y las condiciones planteadas por Junts y otras formaciones necesarias para reunir la mayoría parlamentaria.
Una de las principales novedades del borrador es la posibilidad de prorrogar hasta dos años los contratos de vivienda habitual que lleguen a su vencimiento. La fórmula no llega hasta el contrato indefinido que reclama el Sindicato de Inquilinas, pero permitiría al arrendatario solicitar prórrogas anuales durante un máximo de dos años, manteniendo las condiciones y la renta del contrato.
La medida afectaría a los contratos vigentes cuando entre en vigor el decreto y cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. Para acceder a ella, el inquilino deberá estar al corriente de pago y haberlo estado durante los ocho meses anteriores.
Un límite del 2% a las subidas
El propietario tendría que aceptar la prórroga con carácter general, aunque el borrador contempla excepciones. Entre ellas figuran que ambas partes acuerden otras condiciones, que suscriban un nuevo contrato o que el arrendador necesite recuperar la vivienda para sí mismo o para determinados familiares, siempre que exista una causa real y acreditada. También podría evitarse la prórroga si propietario e inquilino acuerdan un nuevo contrato con una renta al menos un 5 % inferior a la vigente.
El paquete incorpora además una limitación extraordinaria de las actualizaciones de alquiler ante la evolución de los precios. Para los contratos cuya anualidad se cumpla entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, las partes podrán negociar el incremento. Si no alcanzan un nuevo acuerdo, la subida no podrá superar el 2 %.
La medida recupera una fórmula que el Ejecutivo ya había incluido en un decreto aprobado en marzo y que posteriormente no logró superar su tramitación parlamentaria por el clivaje entre Podemos y las derechas nacionalistas de Junts y el PNV. El Gobierno pretende así ofrecer una respuesta inmediata a los inquilinos que afrontan renovaciones contractuales en un contexto de elevada presión sobre el coste de la vivienda.
Protección frente a los desahucios
La otra gran pieza del decreto es la modificación de las condiciones para suspender determinados procedimientos de desahucio. El asunto ha adquirido una especial dimensión política tras el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó las actuales movilizaciones por la vivienda. El borrador plantea extender hasta diciembre de 2028 determinados mecanismos de protección para personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional.
La medida contempla también supuestos relacionados con propietarios que sean personas jurídicas o físicas dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados a precios significativamente inferiores a su valor de mercado, con el objetivo de obtener rentabilidad mediante determinadas operaciones, según el borrador al que ha tenido acceso El País.
El concepto utilizado por el Ejecutivo es amplio y todavía puede sufrir modificaciones durante la negociación. Cuando el inquilino sea considerado vulnerable, la suspensión podrá producirse si no existe una alternativa habitacional. En ese supuesto, las administraciones públicas deberán asumir los gastos asociados a la suspensión, incluidas determinadas mensualidades impagadas durante el periodo correspondiente.
Contra las compras especulativas de los fondos
El Gobierno también ha incluido en el borrador la prohibición de determinadas operaciones de «compra especulativa» por parte de fondos de inversión, aunque el mecanismo concreto todavía no aparece completamente desarrollado. Es uno de los puntos destinados a responder a las reclamaciones de los socios de izquierdas y a las organizaciones de inquilinos, que han convertido a los grandes propietarios y fondos en uno de los principales focos de sus críticas.
La definición prevista en el texto, sin embargo, no se limita exclusivamente a los grandes fondos. Al incluir también a personas jurídicas o particulares que puedan encajar en determinados criterios de adquisición y explotación de inmuebles, su aplicación podría afectar a un abanico más amplio de propietarios.
Bonificaciones fiscales para inquilinos y caseros
El tercer gran bloque de medidas corresponde a la fiscalidad. El Ejecutivo propone nuevas deducciones para los inquilinos y mayores incentivos para los propietarios que reduzcan o mantengan contenidas las rentas. Para los arrendatarios, el borrador contempla una deducción estatal en el IRPF equivalente al 10 % del alquiler de la vivienda habitual para menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. La medida quedaría vinculada a las zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
Para los propietarios, el sistema sería más amplio. En las zonas tensionadas, la reducción del rendimiento neto del alquiler podría alcanzar el 95% cuando la vivienda se arriende a jóvenes de entre 18 y 35 años con una rebaja superior al 5%.
También se plantea una reducción del 90 % cuando esa disminución de la renta se aplique a cualquier inquilino en una zona tensionada. El esquema incorpora además otros porcentajes de reducción, que oscilan entre el 50 % y el 15 % dependiendo de la evolución del precio respecto al contrato anterior. La intención declarada es utilizar la fiscalidad para incentivar alquileres a precios inferiores y penalizar los incrementos más elevados.
El diseño del decreto refleja la dificultad política de la negociación. Sumar reclama mayor protección para los inquilinos y medidas más contundentes contra la especulación, incluyendo la expropiación de viviendas, mientras que Junts ha pedido centrar el texto en la emergencia habitacional y evitar un decreto excesivamente amplio. El PSOE intenta encontrar un punto de equilibrio que permita incorporar algunas de las principales reivindicaciones de ambas partes sin romper la mayoría parlamentaria que necesita para convalidar el texto. @mundiario
