Calexico, California.- Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fue acusado formalmente de disparar contra un joven en Calexico, en un caso que sigue su curso en tribunales federales bajo el número 3:24-cv-01189-JES-MSB.
De acuerdo con documentos presentados ante la Corte del Distrito Sur de California, el incidente ocurrió el 11 de julio de 2022, cuando el agente Marcos Andrade, en funciones como elemento de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), presuntamente abrió fuego contra el joven Anthony Flores en plena vía pública.
La acusación detalla que Flores se encontraba solo, desarmado y detenido en tráfico vehicular, sin cometer delito alguno, cuando fue interceptado, supuestamente por llevar migrantes indocumentados en su camioneta.
En cuestión de segundos, el agente descendió de su unidad, le gritó que se detuviera y disparó en su contra.
“En ningún momento el vehículo de A.F. representó una amenaza para Andrade ni para ninguna otra persona”, señala la acusación.
Aun así, el agente disparó ocho veces. Cuatro balazos atravesaron la ventanilla del lado del conductor, tres perforaron el parabrisas y uno impactó el cofre. El joven fue herido en el cuello, la cadera, el hombro y la mano, y además sufrió lesiones en el ojo derecho por fragmentos de vidrio. El tráiler contiguo también fue alcanzado por seis de los disparos. El joven sobrevivió tras ser sometido a cirugía.
A la Corte
El caso fue llevado ante la corte el 11 de julio de 2024, exactamente dos años después de los hechos, y ha pasado por varias etapas procesales, incluyendo modificaciones a la demanda en noviembre de 2024 y enero de 2025.
El 6 de octubre de 2025, el juez federal determinó desechar la demanda en su forma actual, al considerar que no cumple con los requisitos legales para proceder bajo ciertas figuras jurídicas aplicables a agentes federales.
No obstante, autorizó a la parte demandante presentar una nueva versión corregida en un plazo de 21 días.
El fallo también señala que el agente actuaba bajo el marco de sus funciones federales, lo que complica la posibilidad de establecer responsabilidades civiles directas en este tipo de casos.
El proceso continúa abierto y se mantiene como un caso relevante sobre los límites del uso de la fuerza por parte de agentes federales en la frontera.