La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar la deportación de migrantes a países distintos de los suyos sin la oportunidad de demostrar los perjuicios a los que podrían enfrentarse, lo que refuerza una herramienta que se ha usado para llevar a cabo expulsiones rápidas.
El tribunal accedió a la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para suspender la sentencia del juez federal de distrito Brian Murphy, según la cual la política del Departamento de Seguridad Nacional de trasladar a los migrantes a los denominados "terceros países" es ilegal.
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La sentencia de Murphy se produjo en el marco de una demanda colectiva presentada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en nombre de migrantes que pretendían impedir que el Gobierno federal los enviara a terceros países sin previo aviso y sin la oportunidad de alegar los perjuicios a los que podrían enfrentarse.
Más de 25,000 migrantes han sido deportados a 29 países en virtud de la política aplicada el año pasado, según un recuento de grupos de derechos humanos, la gran mayoría a México.
El Gobierno ha llevado a cabo deportaciones a terceros países como Sudán del Sur, una nación políticamente inestable que el Departamento de Estado insta a los estadounidenses a evitar debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado, así como a Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, la República Centroafricana y otras naciones.
La Corte Suprema se había pronunciado anteriormente a favor del Gobierno en el recurso judicial, suspendiendo una orden preliminar que Murphy había dictado en el caso para detener las expulsiones.
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