El pasado martes 31 de marzo la Junta directiva del banco central colombiano incrementó 100 puntos base la tasa de interés de política monetaria, situándola en 11.25%. La decisión anticipa que el dato de la inflación de marzo, que se dará a conocer el próximo 9 de abril, muestre una aceleración a aproximadamente 5.5% que, aunque moderada, no ha detenido su alza al menos desde diciembre del año pasado y que superará por más de dos puntos porcentuales su blanco de inflación de 3%.
Sin embargo, el tema monetario pasó a un segundo plano en estos días ante el inicio de una crisis institucional inédita –desde al menos la reforma a la Constitución colombiana de 1991– cuando el ministro de Hacienda Germán Ávila, la voz del presidente Gustavo Petro en el banco central, abandonó la sesión de la Junta Directiva luego de saber que se elevaría la tasa de interés un punto porcentual.
En ese entorno la Junta directiva del banco central ha demostrado que la independencia se puede ejercer férreamente de facto. Tanto Olga Lucía Acosta –a quien Gustavo Petro nombró integrante de la Junta Directiva a finales de 2022 cuando José Antonio Ocampo era su ministro de Hacienda y a quien hace unos días calificó como su "peor error" por negarse a flexibilizar la política como él quería– como el Gerente General Leonardo Villar, se han mantenido firmes, evitando lo que se ha denominado en algunos sectores especializados la "erdoganización" de la economía colombiana.
Sin demeritar las decisiones de banca central, lo que está en juego en Colombia va mucho más allá de si la tasa de política monetaria subió 200 puntos base este año. El tema es de economía política. A pocas semanas de la jornada electoral donde se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, el gobierno encabezado por Petro, junto con quienes firmaron la Carta abierta, introdujeron agresivamente el tema de la política monetaria.
Al hacerlo, Petro cayó en una contradicción clara y usual en gobiernos populistas al opinar que el alza de la tasa de interés sería “suicida” y acusa a la Junta directiva de tener "motivaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales". Los firmantes de la Carta abierta dicen que “el Banco podrá ser independiente del Ejecutivo, pero no puede ser independiente de la deliberación pública ni del control democrático”. Más, menos.
Lo que no dicen es que, en la “práctica democrática”, el gobierno de Petro suspendió la “inquebrantable” regla fiscal y que, por mandato, el Banco sólo puede “preservar la capacidad adquisitiva de la moneda”, es decir, controlar variables nominales. Insinuar que controle las variables reales o tareas de redistribución o de equidad, que le corresponden enteramente al Ejecutivo, es un error clásico de diagnóstico de esa economía política.
Con el inédito desaire de Ávila se marcará un nuevo rumbo en la relación entre el Banco y el Ejecutivo junto con sus aliados, manteniendo con más firmeza el asedio político que es más que un simple desacuerdo técnico: es la petición de rendición del banco central al populismo macroeconómico en turno.
Sabotear y obstaculizar al Banco de la República no parece ahora la mejor opción que tiene Petro. Como es sabido, la confianza en un banco central para salvaguardar el poder adquisitivo a largo plazo tarda décadas en construirse y unos pocos minutos en destruirse. Sin un banco central independiente, cualquier promesa gubernamental de estabilidad de precios en Colombia, en la región o en donde sea, carece de credibilidad.
*Profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM.