La presentación en plena Semana Santa de los Precriterios de Política Económica del próximo año no impidió que se encendieran los focos de alerta que harán de su discusión algo constante.
Y el primer botón de muestra se dio en plenos días santos entre dos personajes que, como dato curricular, han ocupado el mismo puesto en la conducción económica del país, aunque claramente son antagónicos en su forma de percibir la realidad.
Al final, el intercambio entre Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda, exgobernador del Banco de México, y Edgar Amador, actual titular de Hacienda, fue uno donde se habló de peras y manzanas.
Ortiz Martínez, a quien le sobran cartas de presentación y que puede presumir de buenos resultados en su paso por el gobierno, habló de limitaciones estructurales en esta administración; de un rezago en el crecimiento del PIB; de una desinversión en sectores clave como salud o educación; de la falta de confianza de los capitales privados para suplir la ausencia de gasto gubernamental.
La respuesta de Edgar Amador se fue por el único lado que debería evitar cualquier secretario de Hacienda: la referencia a la marca electoral del régimen actual, cuando dijo que el análisis de Ortiz omitía “indicadores clave para evaluar los resultados del modelo de la 4T basado en bienestar compartido con responsabilidad fiscal”.
Con datos del Inegi de la 4T, de la Secretaría del Bienestar de la 4T, y, sobre todo, con ese indicador que nadie mejor que Edgar Amador sabe que es una falacia: “la tasa de desempleo en enero del 2025 se ubicó en 2.6%, el nivel más bajo entre los 38 países de la OCDE, que incluye a las economías más avanzadas del mundo”.
Justamente a la clientela de la 4T le encanta que los que “no roban, no mienten, no engañan” pongan en su lugar a los tecnócratas del pasado. Sin embargo, para los que conocen del manejo financiero de este país, saben el lugar que tiene Guillermo Ortiz en dar estabilidad fiscal y monetaria a México.
Pero más allá de lo inútil de tomar partido en esta discusión, que se convirtió en un diálogo de sordos, están las firmas calificadoras que ven la realidad de los números macroeconómicos y atienden las estimaciones de los Precriterios y, a partir de ahí, lanzan sus preocupaciones.
Hay dudas sobre prácticamente todas las estimaciones para el 2027, pero en especial en el incremento proyectado para elevar el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público hasta 55% del Producto Interno Bruto hace temer un agotamiento del margen de maniobra de México.
Firmas calificadoras como Fitch Ratings o Standard & Poor´s han advertido que, sin una reforma fiscal profunda y con el actual ritmo de absorción de las pérdidas de Pemex, la salud fiscal mexicana puede fracturarse con facilidad.
Lo que opinó Guillermo Ortiz o muchos otros analistas puede merecer respuestas gubernamentales con el “charolazo” de la 4T, pero una degradación crediticia marcaría la diferencia entre la estabilidad construida durante décadas y un encarecimiento financiero para los mexicanos, porque esa posibilidad de perder el grado de inversión ha dejado de ser un fantasma lejano.