La inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos que Grupo Carso, de Carlos Slim, proyecta para la zona de Paseo San Francisco generó posturas encontradas entre el sector empresarial y el Congreso de Puebla.
Mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió enfocarse en los beneficios económicos del desarrollo, el Legislativo advirtió sobre el riesgo de que la renovación de la zona termine desplazando a sus habitantes.
El presidente del CCE, Juan Pablo Cisneros Madrid, avaló el proyecto al considerar que la llegada de capital privado puede generar empleos, recuperar inmuebles abandonados y reactivar la actividad económica del Centro Histórico.
Destacó que la propuesta, según lo informado, contempla la generación de mil 500 empleos directos y dos mil 500 indirectos, además de una combinación de vivienda y comercio que, desde su perspectiva, puede contribuir a recuperar zonas que actualmente presentan inmuebles en desuso o en condiciones de riesgo.
Armenta reserva postura sobre proyecto de Slim en San Francisco; espera opinión de INAH y UNESCO
“Tenemos que enfocarnos más en las oportunidades que en los posibles riesgos”, sostuvo al referirse a las críticas relacionadas con una eventual gentrificación, el incremento de la plusvalía y la presión sobre servicios como el agua.
Cisneros Madrid subrayó que el proyecto deberá cumplir con las normas y lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como obtener los permisos correspondientes, debido a que se desarrollará en una zona del Centro Histórico de Puebla.
El empresario consideró que la intervención puede contribuir a que más personas vivan cerca de sus centros de trabajo y a generar una mayor circulación económica en los barrios fundacionales.
No obstante, reconoció que uno de los retos será el posible incremento en las rentas de los establecimientos comerciales ubicados en la zona.
Explicó que actualmente existen locales vacíos que, aunque tengan rentas bajas, no encuentran condiciones para operar por la falta de circulación y oportunidades de comercialización.
“Seguramente como todos los proyectos hay retos que hay que visualizar, entender y atender”, señaló.
Congreso pide evitar desplazamiento de familias
En contraste, el presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, planteó que los proyectos inmobiliarios que contemplen torres de departamentos, centros comerciales o intervenciones de gran escala deben transparentar su impacto social y garantizar que la transformación de los barrios no implique el desplazamiento de quienes ya viven en ellos.
El legislador reconoció la importancia de atraer inversión y recuperar espacios urbanos, pero sostuvo que las intervenciones en zonas históricas deben preservar la identidad y el tejido comunitario.
Advirtió que la revitalización de los barrios no debe convertirse en un proceso de especulación inmobiliaria que beneficie únicamente a quienes tienen mayor capacidad adquisitiva.
En ese sentido, señaló que ninguna familia debería verse obligada a abandonar su entorno por no poder pagar el costo de la vivienda, debido a que ello también implicaría alejarla de escuelas, mercados y otros espacios que forman parte de su vida cotidiana.
Gaspar Ramírez planteó que el desarrollo urbano debe incorporar una visión social que permita generar vivienda accesible y espacios habitables sin provocar la expulsión de los habitantes tradicionales.
El proyecto de Grupo Carso contempla alrededor de 700 departamentos, espacios comerciales y estacionamientos, además de otros componentes de uso mixto.
La primera etapa está prevista para desarrollarse en aproximadamente dos años y la intervención deberá pasar por la revisión y autorización del INAH.
