En México ya es costumbre explicar la inseguridad siempre con excusas: que si la herencia del anterior gobierno, que si la desigualdad, que si la falta o imperfección de las normas. Nada más cómodo y falso que trasladar la responsabilidad al pasado o diluirla en papel.
La realidad es mucho más simple; la inseguridad que hoy padecemos es consecuencia de un Estado que, en la gran mayoría de sus sectores, dejó de ejercer su función con seriedad, capacidad y firmeza.
Ello, no se trata de un problema legal. México cuenta con un marco jurídico suficientemente estructurado y armado para enfrentar la criminalidad. El proceso penal en papel es, salvo ciertos elementos contados, una herramienta funcional.
El problema radica en que quienes deben aplicar la ley, en su mayoría, no saben hacerlo. Y cuando la autoridad no sabe, el infractor entiende rápidamente que puede actuar sin consecuencias.
Así, la procuración de justicia se ha desmoronado hasta niveles que a veces se perciben irreparables. Fiscalías rebasadas, Ministerios Públicos sin preparación suficiente, policías sin formación ni control.
A ello se suma la realidad que pocos quieren admitir, la total mediocridad institucional; es decir, se castiga al que trabaja, se cansa al que sabe y se permite la permanencia del que no cumple. El sistema no solo falla, sino que produce su propio fracaso.
Entonces, todo se origina del hecho de que se ha confundido la seguridad y la justicia con propaganda. Se anuncian planes, se cambian nombres, se reorganizan estructuras, hasta generan campañas de “marketing” y “rebranding”, como si la justicia fuera marca de refresco, pero en realidad el ciudadano sigue viviendo muerto de miedo.
El total estado de impunidad no es producto de una casualidad, sino que es el resultado de carpetas de investigación mal integradas, procedimientos penales deficientes y fallos que responden más a criterios políticos que jurídicos.
Lo hemos visto: durante años se ha administrado la justicia como espectáculo, con detenciones mediáticas, acusaciones de guion de novela y olas de efecto corruptor.
Todo ello genera “puntos” para el político, pero ninguna solución real. La consecuencia de vivir en impunidad, entonces, es inevitable. Y la impunidad no solo es un error del sistema, es lo primero que da pie a la delincuencia.
No conformes, vivimos en un debate interminable entre “mano dura” y “garantismo”. México no necesita etiquetas, necesita resultados. Hay fenómenos delincuenciales que exigen una respuesta firme del Estado, como sucede con la delincuencia organizada dedicada a delitos violentos o de alto impacto.
En esos casos, la aplicación rigurosa de la ley y de la fuerza no es opcional, es indispensable. Pero esa “mano dura” sin inteligencia ni legalidad no es autoridad, es arbitrariedad.
Tampoco es solución continuar reformando leyes para aparentar “acción”. La experiencia demuestra que el problema no está en la norma, sino en su ejecución. Mientras no se fortalezca el capital humano de las instituciones, mientras no se profesionalice a quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos, cualquier reforma será letra muerta.
México necesita reconstruir su sistema de procuración de justicia con operadores capaces, dotados de condiciones dignas de trabajo, a los que se les pueda exigir resultados y eliminar sin titubeos la incompetencia. Esto implica entender que la justicia no se alcanza con meras palabras, sino con estudio técnico, así como con trabajo serio y constante.
La inseguridad no es inevitable. Es el resultado de tantas decisiones equivocadas y de omisiones prolongadas. Pues mientras la autoridad no recupere su función esencial de respetar, garantizar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho, el ciudadano seguirá desprotegido.
El país no requiere más explicaciones ni más promesas. Requiere autoridad capaz, fuerte y controlada. Una autoridad que actúe con conocimiento, con firmeza y con responsabilidad. No hay otra solución. Y para lograrlo, el Estado debe dejar de mezclar la política con la justicia.