CUERNAVACA, Mor. – El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operar una red de “moches” junto a su hijo, Leonel Díaz Grajales, a partir del cobro de hasta el 25 por ciento a víctimas que eran beneficadas con indemnizaciones por reparación de daño, recursos provenientes de la federación.
De acuerdo con una nota publicada este lunes por el diario Reforma y firmada por el reportero Benito Jiménez, la denuncia fue presentada por la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo Hernández, quien señala que padre e hijo se coludieron para cobrar hasta el 25 por ciento del dinero destinado a la reparación del daño de personas que sufrieron delitos graves.
El “Negocio Familiar” con recursos federales
Los hechos se remontan al inicio de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia. Según la acusación, Díaz Grajales fue contratado dentro de la Comisión de Víctimas en 2024, posición que utilizó para acceder a expedientes confidenciales y bases de datos sobre los fondos de reparación integral.
Tras su salida del organismo, el hijo del Fiscal Anticorrupción habría utilizado esa información privilegiada para representar legalmente a víctimas y pactar honorarios abusivos. Paralelamente, desde la Fiscalía Anticorrupción, su padre solicitaba información específica sobre esos expedientes para “generar presión institucional y favorecer los pagos de sus clientes por encima de otras víctimas”.
Declaraciones y delitos imputados
Picazo Hernández sostiene que estas conductas podrían constituir delitos de peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, actos de intimidación y extorsión institucional. La funcionaria destacó que los recursos involucrados provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Reparación Integral, ambos de naturaleza federal.
“Padre e hijo hicieron uso indebido de información y traficaron influencias para despojar a víctimas de parte del dinero que provenía de recursos federales”, cita el reporte de Reforma sobre la denuncia de la Comisionada.
Intervención de la FGR
Debido a que el presunto desfalco y manipulación afecta fondos federales, se ha solicitado la intervención directa de la FGR para esclarecer el manejo irregular de los recursos. La denuncia también advierte sobre una alteración en el orden de atención a víctimas, favoreciendo a quienes aceptaban pagar el “moche” del 25 por ciento.
Ante el riesgo que representa esta denuncia, la comisionada Picazo ha solicitado medidas de protección, mientras la Fiscalía Anticorrupción de Morelos —paradójicamente la encargada de combatir estos actos— se encuentra bajo el escrutinio nacional por este presunto esquema de corrupción interna en Morelos.
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