La Puerta del Sol no se mueve. Al menos de momento. La aprobación por el Gobierno de dos reales decretos con nuevas medidas sobre vivienda no ha desactivado la protesta que comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Los portavoces del Sindicato de Inquilinas han dejado claro que las tiendas seguirán instaladas en el corazón de Madrid mientras estudian el contenido definitivo de las normas y comprueban si responden a sus reivindicaciones.
“Que nadie se vaya”, han trasladado a los acampados, incluso ante la eventual llegada de comunicaciones de los propietarios. El movimiento considera que la cuestión ya no se limita al caso de Maricarmen ni a la aprobación de un determinado decreto, sino a conseguir un cambio radical en las reglas del mercado del alquiler. Su principal demanda continúa siendo la estabilidad de los contratos y una protección que impida que el vencimiento del alquiler se convierta en una vía automática para expulsar al inquilino.
El Gobierno ha aprobado este martes dos decretos que incluyen, entre otras medidas, la ampliación de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prohibición de compras de vivienda por fondos considerados especulativos y la prórroga extraordinaria de contratos. La protección frente a los desahucios se amplía hasta 2030 y los contratos que cumplan determinadas condiciones podrán prolongarse hasta dos años.
Pero para el Sindicato de Inquilinas el problema está precisamente en cómo se han articulado esas medidas. Sus portavoces rechazan que el denominado ‘decreto Maricarmen’ haya terminado dividido en dos textos y advierten de que estudiarán hasta el último detalle antes de decidir los siguientes pasos. “Cuanto más dividan, más nos enfadarán”, resumió la organización tras conocer la decisión del Consejo de Ministros.
“Esto acaba de empezar”
La protesta se ha convertido así en una prueba para el Ejecutivo. La movilización no tenía previsto desaparecer automáticamente con la aprobación del paquete de vivienda. El Sindicato de Inquilinas quiere comprobar si las medidas anunciadas se corresponden con las promesas políticas y si las disposiciones concretas permiten avanzar hacia el modelo de contratos estables que reclama.
La acampada mantiene además una dimensión nacional. La movilización de Sol ha servido de referencia para otras protestas y acampadas en distintas ciudades, mientras los convocantes preparan nuevas jornadas de movilización para el fin de semana. En Málaga, por ejemplo, se ha instalado otra acampada vinculada a las reivindicaciones por el derecho a la vivienda.
El movimiento considera que el regreso de Maricarmen a su vivienda, después del acuerdo alcanzado tras el desahucio, es una victoria de la presión social, pero no el punto final. De hecho, la organización insiste en que el caso de la anciana se ha convertido en un símbolo de un problema mucho más amplio: el de quienes pueden perder su vivienda aunque hayan cumplido durante años con sus obligaciones como inquilinos.
La consecuencia es que Sol seguirá funcionando como escaparate de la protesta mientras el Gobierno afronta una segunda batalla por conseguir que sus decretos sean convalidados en el Congreso. “Estamos echando un pulso histórico al Gobierno”, ha asegurado la portavoz Alicia del Río.
La presión por el desalojo aumenta
Al mismo tiempo que los manifestantes anuncian que no se marcharán, aumenta la presión para que la plaza sea desalojada. La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada y ha advertido de que acudirá a los tribunales si no lo hace. El Ejecutivo autonómico sostiene que la ocupación está provocando perjuicios a comerciantes y vecinos y considera que debe ser disuelta.
El Ayuntamiento de Madrid también ha reclamado el levantamiento del campamento. El conflicto se ve arrastrado a una dimensión institucional en una protesta que, hasta ahora, había centrado su discurso en la emergencia habitacional.
Y hay otro factor que eleva la tensión. Grupos de ultraderecha se han organizado en redes sociales para intentar expulsar a los acampados. Según las informaciones publicadas este martes, se han producido incidentes con personas que acudieron a la plaza y la Policía Nacional intervino para escoltar a algunos de ellos fuera de la zona. Las autoridades no han confirmado una convocatoria concreta para un ataque contra el campamento.
La amenaza de una confrontación entre grupos enfrentados añade un elemento de riesgo a una protesta que, hasta ahora, se ha presentado como una movilización por el derecho a la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha llamado a sus simpatizantes a proteger la plaza y mantener la protesta.
Una plaza convertida en símbolo por la vivienda asequible
La imagen de las tiendas ocupando buena parte de Sol ha reactivado inevitablemente el recuerdo del 15-M, aunque los protagonistas de la actual movilización insisten en que el movimiento tiene sus propias reivindicaciones y objetivos. La acampada ha crecido desde las primeras tiendas instaladas tras el desahucio y ha adquirido una estructura propia, con asambleas, espacios de organización y actividades.
La comparación con 2011 no es únicamente estética. En ambos casos, una plaza emblemática se convierte en el escenario físico de un malestar social más amplio. Ahora el eje es la vivienda: alquileres elevados, dificultad para independizarse, pérdida de estabilidad residencial y temor a que el mercado expulse a quienes no pueden asumir sus precios.
El Gobierno intenta responder con una batería de medidas que, por primera vez en esta crisis, incorpora varias de las demandas que han estado sobre la mesa durante los últimos días. Pero los acampados no quieren limitarse a celebrar los anuncios. @mundiario
