PACHUCA, Hgo. 6 de abril del 2026.-La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, no se resigna; y con el falso cuento de que el Legislativo del Estado les recortó el presupuesto para el 2026 -año en el que no hay elecciones en la entidad-, insiste en que les den más recursos y que está en riesgo la operatividad del organismo; pero se hace de la vista gorda ante las exigencias de que transparenten su gasto e ignora deliberadamente el resultado de estudios como el efectuado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que ubica al IEEH, como el 4º más caro del país entre los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tomando en cuenta el gasto por elector.
Hace unos días el IEEH realizó un ajuste presupuestal a diversas partidas, aplicando según ellos medidas de austeridad como es el descarte de reintegros a las dietas que les otorgaban a los representantes partidistas; ajustaron también el capítulo 2000 en cuanto a mobiliario, equipo, uniformes y vestuarios; en el capítulo 3000, que comprende gastos para asistir a congresos, pago de viáticos y otros rubros que manejan de manera discrecional y así fueron acomodando, pero dejaron abierto el esquema para que a través de estímulos, compensaciones y pagos extraordinarios, sus funcionarios y consejeros puedan acceder a una lanita adicional.
Pero hay que insistir en que no es cierto que les recortaron el presupuesto, en el 2025 recibieron 232 millones 546 mil 877 pesos y para el 2026 les dieron una cantidad superior a los 255 millones y todavía quieren 28 más; es decir, les aumentaron, poquito pero les dieron más sin que sea un año electoral. Pero habían solicitado 652 millones 109 mil 601 pesos con el argumento de que tendrían que organizar el proceso de revocación de mandato y la cámara de diputados se los negó, por ello el cuento de que sufrieron un recorte y que ello es el motivo de las políticas de austeridad que empezaron por quitarle sus becas a los representantes de cada partido que además recibían un auto que destinaban a su uso personal. En fin, ya veremos si los legisladores acceden a darles más.
CUESTIÓN DE DÍAS…
A unas semanas de que el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, realizara una abierta crítica al desempeño de Juan Manuel Ayala Guarro como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad en Pachuca, se ha concretado su salida de la dependencia, donde desde el pasado jueves 2 de abril, Enrique Moronatti Miramontes funge como nuevo secretario, asumiendo el importante reto de mantener a la capital hidalguense entre las ciudades más seguras del país, encargo que no es sencillo, pero resulta innegable que cuenta con el respaldo del alcalde Jorge Alberto Reyes y de su anterior jefe, el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Era cuestión de días para que se concretara el relevo de Ayala Guarro, cuyo desempeño no tenía contento a la SSPH ni a los pachuqueños; el alcalde Jorge Reyes ha destinado y gestionado importantes recursos para la seguridad en Pachuca, se ha brindado equipo, uniformes y capacitación a los elementos; se dotó de modernas patrullas, ambulancias y armamento a la corporación, así que él cumplió, pero el ahora ex-secretario no ponía todo su esfuerzo en la encomienda y parte de su tiempo se iba en promover campañas contra medios de comunicación y periodistas; pero en fin, ya estaba anunciado lo que pasaría.
Para el gobierno que encabeza el alcalde Jorge Reyes, es una prioridad la seguridad pública y aunque Enrique Moronatti llega con el respaldo de una larga trayectoria en la Policía Federal y en la protección a personajes de alto perfil, tendrá que esforzarse para responder a la confianza depositada en él para que se cumplan los objetivos en este rubro; por su parte la SSPH en el ámbito que le corresponde y el Mando Coordinado, también tendrán que respaldar la gestión del nuevo secretario para avanzar en la materia, con lo que ganamos todos.
JUECES BAJO LA LUPA…
Bajo el argumento de que se debe guardar secrecía para no afectar el proceso, el Poder Judicial de la Federación mantiene absoluto silencio en torno a los procedimientos disciplinarios que involucran al menos a siete jueces del estado de Hidalgo y que han derivado en la suspensión de uno de ellos, quien fue separado de sus funciones sin que se brinden mayores detalles de la situación.
Hace dos semanas, el magistrado Rufino León Tovar, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, reconoció que un juez fue separado del cargo y que dos asuntos más están por definirse y que actualmente se encuentra en análisis la posible resolución. De las declaraciones de León Tovar, quien se desempeñó como secretario de Transporte en Hidalgo, sobresale que uno de los casos surgió a partir de la queja interpuesta por una empresa, porque el juez habría actuado parcial e indebidamente para favorecer los intereses de unos particulares.
El asunto es serio, porque dicho juez concedió una suspensión para liberar cuentas bancarias vinculadas a un contrato con una dependencia federal; también hay casos en los que se habla de hostigamiento laboral y acoso sexual; desacatos a jurisprudencias y resoluciones contrarias a las pruebas aportadas por las partes. Se prevé que a esas quejas habrán de sumarse muchas más, una vez que se ponga en funcionamiento la Visitaduría Regional que tendrá como sede Pachuca y en la que se atenderán denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial de Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas e Hidalgo.
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DE REFILÓN: Aunque con un Modus Operandi distinto al que se da en la Ciudad de México, el llamado Cártel Inmobiliario ya actúa en Hidalgo y, concretamente en Pachuca, crecen las denuncias en torno a presuntos fraudes con la promesa de venta de casas, presuntamente en procesos judiciales, todas ellas en zonas de alta plusvalía, pero a un precio aparentemente barato que sirve como gancho para atrapar a quienes confían en que es una buena inversión. La situación ha encendido las alarmas en diferentes dependencias, pues hasta donde se sabe, hay contratos firmados ante notarios y habrá que analizar hasta dónde ha llegado la intervención y responsabilidad de los fedatarios. Sin duda es un tema que dará mucho de qué hablar.
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POSDATA: Pese a que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ya debió proceder desde hace mucho en contra de la ex-secretaria de Finanzas, Delia Jessica Blancas Hidalgo por las irregularidades detectadas en diversos contratos durante su gestión, la ASEH no actúa y, por el contrario, brinda todas las facilidades a la ex-funcionaria para que libre su responsabilidad. Según el auditor Jorge Valverde, hasta la recibió en su oficina acompañada por el ex-gobernador Omar Fayad Meneses, en una entrevista en la que ella habría presentado documentos para solventar millones de pesos; pero han salido a relucir contradicciones entre la fecha que da Valverde y los días en los que Fayad estuvo fuera de Noruega, donde es embajador de México. Es indudable que alguien miente, ¿Por qué será?
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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.
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