El juicio por la denominada “operación Kitchen”, el supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, arranca con una fuerte embestida política. La acusación popular ejercida por el PSOE ha solicitado suspender la vista oral para reabrir la investigación en su vertiente más sensible, la llamada “conexión política”, para reclamar a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional la imputación de la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y su marido por supuestamente estar vinculados a la trama.
El objetivo de la representación legal de Ferraz es ampliar el foco más allá de los mandos policiales y situarlo en la esfera de dirección del Partido Popular, incluyendo a su antigua cúpula. En particular, el PSOE insiste en que deben valorarse nuevos elementos, especialmente los nuevos audios vinculados al excomisario José Manuel Villarejo, que, a su juicio, justificarían la imputación de Cospedal y su entorno.
Esta petición no es nueva, pero sí llega en un momento procesal clave, el inicio del juicio oral. De prosperar, supondría retrotraer la causa a fase de instrucción, alterando por completo el calendario judicial. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya ha desestimado en el pasado esta petición. Si se deniega nuevamente, el PSOE pide que al menos se reactive “la línea de investigación sobreseída por la que fueron declarados investigados María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro (su marido)”.
Además, el PSOE cree que el tribunal debe completar este auto “para que se llame al PP como partícipe a título lucrativo como beneficiario de la actividad delictiva” o, en su defecto, que se considere a Génova responsable civil subsidiario para que deba responder a las eventuales condenas económicas que imponga la Audiencia Nacional. De hecho, el partido ya había sido condenado de la primera manera en la trama Gürtel, al considerar que, si bien no participó activamente en los delitos enjuiciados, finalmente sí se vio beneficiado de los fondos abonados a sus candidatos y se estimó que debía devolverlos.
El núcleo del conflicto: ¿hubo dirección política?
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que la operación fue una trama orquestada desde la cúpula del Ministerio del Interior, para robarle a Bárcenas el material probatorio que podría arrastrar a otros dirigentes del PP que podría estar ocultando, con el fin último de evitar que la información comprometedora llegara a los tribunales del caso Gürtel.
Frente a este argumento, las defensas de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, niegan cualquier dirección política y cuestionan la validez del procedimiento desde su base. Paradójicamente, tanto acusación como defensas coinciden en un punto, cuestionar la solidez del proceso. Pero lo hacen por razones opuestas.
Los abogados de los acusados sostienen que la Audiencia Nacional carece de competencia para juzgar los hechos, al no existir “absolutamente ninguna conexión” con el caso Tándem más allá de que el excomisario Villarejo figura como imputado en ambos sumarios. Además, denuncian irregularidades graves, como el prolongado secreto de las actuaciones —más de dos años—, lo que, según su criterio, vulneraría garantías procesales básicas.
Otro frente clave es el de los audios. Las defensas los consideran que los tres nuevos sonidos atribuidos a las gestiones de espionaje son de “trazabilidad nula”, cuestionando su origen y validez jurídica toda vez que el contenido de las conversaciones entre Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, fue aportado a la causa por el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en otra causa por ser el compañero de Leire Díez, la exmilitante socialista y supuesta fontanera del PSOE que está imputada por presuntamente intentar “desacreditar” a las cúpulas de la Guardia Civil y Anticorrupción con la intención de “malbaratar” sus investigaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
El tribunal deberá ahora decidir si admite las peticiones de nulidad o si el juicio continúa en los términos previstos. Su resolución marcará no solo el rumbo del proceso, sino también el alcance de una de las investigaciones más sensibles de la última década. @mundiario
